Opinión: ¿La Corte Suprema protegerá a la democracia o a Trump en 2020? No puede hacer ambas cosas
Proteger a Trump de las citaciones dañaría irreparablemente los controles y equilibrios que forman parte integral de la separación de poderes bajo la Constitución
¿Se enfrentará la Corte Suprema a la Administración Trump en 2020? Esta pregunta es enormemente importante y afecta la vida de muchos, así como el futuro de la democracia constitucional en Estados Unidos.
El presidente Trump ha tomado posiciones legales a diferencia de las de cualquier otro mandatario en la historia de Estados Unidos, pisoteando un territorio peligroso mucho más allá de lo que permite la Constitución. ¿Pero alguno de los cinco jueces conservadores en la corte estará dispuesto a unirse a los cuatro jueces liberales y decir que ha ido demasiado lejos?
Tome su cancelación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, una acción que pone en riesgo de deportación a más de 700,000 llamados Dreamers.
El presidente Obama creó DACA para permitir que los inmigrantes traídos a Estados Unidos como niños continúen viviendo y trabajando aquí siempre que cumplan con ciertos criterios, como completar la escuela o servir en el ejército y evitar serios problemas con la ley.
Este debería ser un caso fácil para la corte. Una acción administrativa, en este caso, cancelar un programa que cubre a cientos de miles de residentes de EEUU requiere una razón articulada y legítima. Cada tribunal inferior para considerar la acción del presidente Trump, independientemente de si el juez fue designado por un demócrata o un republicano, se pronunció en contra de la administración y sostuvo que no había base para rescindir DACA.
Pero los argumentos orales ante la Corte Suprema el pasado 12 de noviembre proporcionaron poco terreno para el optimismo de que uno de los jueces conservadores se unirá a los liberales en el fallo contra Trump.
Otro motivo de preocupación son tres casos inminentes, que se discutirán en marzo, en los que Trump reclama una inmunidad de citaciones sin precedentes.
El problema en uno de ellos, Trump vs. Vance, es una citación del gran jurado de la corte estatal por ocho años de los registros comerciales y personales de Trump en relación con una investigación del dinero pagado durante la campaña de 2016 a Stormy Daniels y Karen McDougal. Trump demandó en la corte federal para evitar que su firma de contabilidad, Mazars USA, entregue sus registros financieros.
El tribunal de distrito federal falló en su contra y el 2do Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos confirmó esa decisión.
Un segundo caso, Trump vs. Mazars USA, involucra una citación del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, que está investigando los mismos pagos, así como la participación financiera de Trump con las compañías rusas y la precisión de los estados financieros que hizo para obtener préstamos y reducir impuestos.
El tribunal de distrito federal falló contra Trump y el Tribunal de Apelaciones de EE.UU para el Distrito de Columbia confirmó el fallo.
El último caso, Trump vs. Deutsche Bank AG, involucra citaciones de los comités de Servicios Financieros e Inteligencia de la Cámara dirigidos a dos instituciones financieras que hicieron negocios con Trump, Deutsche Bank y Capital One. Una vez más, Trump acudió a los tribunales para bloquear las citaciones, pero perdió tanto en el tribunal de distrito como en el segundo circuito.
Estos también deberían ser casos fáciles. Trump afirma que él y aquellos con quienes hace negocios son inmunes a las citaciones. La Corte Suprema rechazó por unanimidad esa proposición en Estados Unidos contra Nixon en 1974.
El fiscal especial de Watergate citó cintas de conversaciones de la Casa Blanca para usar en el enjuiciamiento de quienes habían estado involucrados en el encubrimiento de Watergate. El presidente Nixon afirmó que el privilegio ejecutivo protegía las cintas de la divulgación y que los tribunales no podían imponer una citación contra el presidente.
El tribunal, en una opinión del juez principal designado por Nixon, Warren E. Burger, rechazó explícitamente estos argumentos y sostuvo que el presidente tenía que cumplir con las citaciones. Luego, Nixon entregó las cintas, que mostraban claramente que se había involucrado en la obstrucción de la justicia. Pocos días después de la entrega de las cintas, Nixon renunció.
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Si el tribunal falla a favor de Trump en los casos actuales, estaría efectivamente diciendo que el presidente está por encima de la ley, incluso para acciones que ocurrieron antes de asumir el cargo. Tal decisión dañaría irreparablemente los controles y equilibrios integrales a la separación de poderes bajo la Constitución.
Hasta ahora, la Corte Suprema tiene un historial mixto de enfrentarse a la administración Trump.
En Trump vs. Hawaii en 2018, el tribunal confirmó la prohibición de viajes del mandatario en una votación de 5-4, a pesar de la abrumadora evidencia de que la orden fue motivada por el deseo de prohibir a los musulmanes entrar al país.
Pero en el Departamento de Comercio vs. Nueva York, los jueces votaron 5 a 4 para evitar que la administración Trump agregara una pregunta sobre ciudadanía a los formularios del censo de 2020. En ambos casos, el presidente del tribunal John G. Roberts Jr. fue visto como el voto decisivo.
Es probable que Roberts sea clave en los casos de 2020 que también involucran a Trump. Muchos han dicho que le importa mucho la credibilidad de la corte.
La esperanza es que se dé cuenta de que una decisión a favor de la administración Trump en estos casos no sólo iría en contra de un precedente establecido; también haría que la corte pareciera altamente partidista y daría un duro golpe a su legitimidad institucional.
Pero Roberts es profundamente conservador, y la pregunta crítica para 2020 será si él, o cualquiera de los jueces conservadores, puede dejar de lado el partidismo y decirle no a Trump.
Erwin Chemerinsky es decano de la Facultad de Derecho de UC Berkeley y colaborador de la sección de Opinion.
Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.
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