Son liberados por “la migra”, pero no se les devuelve la fianza: Demanda pide justicia
Los Ángeles — Las fianzas de inmigración, que son establecidas a discreción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y de los jueces de inmigración, permiten que los no ciudadanos que enfrentan procesos de deportación sean liberados mientras se decide su caso. Sin embargo, ICE regularmente no devuelve estos fondos, incluso cuando se cumplen todas las condiciones y los procedimientos que piden.
El promedio nacional de estas fianzas es de $6,000 por persona, pero estas pueden aumentar significativamente.
Aunque estas cantidades son inasequibles para la mayoría, las familias y amigos de personas detenidas que logran pagar tienen el derecho contractual de recuperar el dinero, con intereses, una vez que concluyen los casos de inmigración, pero no siempre es así, dicen expertos.
A medida que los votos a favor de Donald Trump mostraron su regreso a la Casa Blanca, su plataforma migratoria de 2024 ha generado conversaciones y preocupaciones entre las comunidades inmigrantes en todo Estados Unidos.
Para atacar este “robo sistemático millonario”, como le dicen los activistas pro inmigrantes, recientemente se presentó una demanda colectiva en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York contra ICE, impugnando la falla sistémica de la agencia para devolver el dinero de las fianzas a decenas de miles de familias inmigrantes.
La demanda busca rectificar la retención ilegal por parte de ICE de cientos de millones de dólares en pagos de fianzas, afectando predominantemente a hogares de bajos ingresos.
El representante de la demanda, Douglas Cortez, firmó un contrato con ICE en noviembre de 2013 por $10,000 para que su amigo, (del cual no puede publicar su nombre por miedo a las autoridades de ICE) fuera liberado de la detención.
Actualmente hay aproximadamente 37,395 personas detenidas por El Servicio de Inmigracion y Control de Aduanas (ICE) en todo el país, más del doble de la cantidad de personas que estaban detenidas cuando el presidente Joe Biden asumió el cargo.
El amigo cumplió con las condiciones de la fianza y en agosto de 2023, sus procedimientos fueron desestimados. Según los términos del contrato, ICE debería haber cancelado la fianza en ese momento, notificado a Cortez de la cancelación y reembolsado el depósito en efectivo de $10,000, más intereses. Más de un año después, esto no ha sucedido.
Y este no es el primer caso, ni el último, sino una serie de actividades que han ocurrido durante mucho tiempo de parte de la agencia, dicen activistas.
“Esta demanda trata de responsabilizar a ICE por violar los derechos de las familias inmigrantes”, dijo Deepak Gupta, socio fundador de Gupta Wessler LLP, una firma nacional especializada en apelaciones, derecho constitucional y litigios complejos, enfocada en representar a clientes de interés público ante la Corte Suprema de los Estados Unidos y tribunales estatales y federales en todo el país.
Durante su estancia en los centros de inmigranción de Golden State Annex y Mesa Verde, en el sur de California, José Rúben fue forzado a vestir un uniforme sucio, fue sujeto a comer alimento podrido y con objetos foráneos como tierra o insectos, y por un dólar de salario al día, debía de limpiar el lugar con agentes de limpieza peligrosos sin ningún equipo para proteger su cara o manos.
“ICE no está por encima de la ley y ha fallado en cumplir su deber contractual de cancelar fianzas, notificar a los pagadores que las fianzas han sido canceladas y, en última instancia, devolverles el dinero que les corresponde”, dijo Gupta, quien trabaja estrechamente con abogados litigantes, expertos en políticas y grupos de defensa para ayudar a promover la justicia.
Como resultado, el gobierno federal ha retenido cientos de millones de dólares a los que no tiene derecho, sostuvo el activista.
Tras una investigación de dos años, las estimaciones sugieren que ICE está reteniendo más de $300 millones, pero el monto total de fondos y las personas afectadas sólo puede confirmarse con los registros del acusado.
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Parte de este dinero permanece en posesión de ICE, mientras que una gran porción ha sido transferida a la cuenta de fondos no reclamados del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Esta cuenta es la más grande de cualquier agencia federal y crece aproximadamente $10 millones anualmente.
La demanda, presentada por Gupta Wessler LLP y Motley Rice LLC, otra firma nacional que representa a clientes en litigios complejos que incluyen derechos humanos, surge de una colaboración con una clínica jurídica en la Escuela de Derecho Benjamin N. Cardozo y busca certificar una clase nacional de individuos que pagaron fianzas para personas detenidas, y cuyo dinero no se les ha entregado.
Rosa Santana, directora ejecutiva interina de Envision Freedom Fund, un fondo de fianzas de inmigración que ha liberado a 1,000 personas de la detención desde 2018, dijo estar unida en la demanda y en “nuestro llamado a detener las prácticas abusivas de ICE y devolver los millones de dólares que pertenecen a las familias inmigrantes”.
California alberga alrededor de 764,000 empresas empleadoras (o empresas con al menos un empleado), de las cuales aproximadamente 85,000 son empresas de propiedad latina, según el Latino Policy and Politics Institute.
“Pero esta lucha va más allá de esta demanda. Trabajamos para poner fin a la detención de inmigrantes y crear un sistema que trate a las personas con dignidad, no con explotación. El hecho de que ICE retenga dinero de las fianzas incluso después de que los casos legales se resuelvan es un ataque directo a la estabilidad financiera, los derechos y la dignidad de las familias inmigrantes”, dijo Santana.
Esta demanda es solo un paso en una campaña más amplia para abordar las fallas sistémicas dentro del sistema de fianzas de inmigración. Una organización aliada, en colaboración con un programa en NYU School of Law, está coordinando una campaña para no solo recuperar el dinero de las fianzas, sino también abogar por el fin completo de la práctica punitiva de las fianzas, que inflige daños financieros, emocionales y físicos a los inmigrantes y sus seres queridos, dijeron los litigantes.
Priorizar la libertad de los inmigrantes mientras sus casos legales están en proceso mantiene a las familias y comunidades unidas, creando estabilidad y seguridad para todos, sostuvieron.
Los posibles miembros de la clase que tienen dinero de fianzas no devuelto por ICE son alentados a comunicarse con la organización mencionada. Para obtener más información, visite el sitio web envisionfreedom.org/our-work/bond-return-lawsuit.
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