Unlikely allies got White House to tackle Tijuana River mess

Residuos acumulados en una cuenca fronteriza en el lado estadounidense, en San Ysidro, California. Cuando llueve, la basura y las aguas residuales crudas fluyen a través del valle del río Tijuana hacia el océano.

Las aguas residuales de Tijuana ensuciaron las playas de California durante décadas. Ahora los aliados improbables han conseguido que la administración Trump gaste 300 millones de dólares para resolver el problema

Feb. 10, 2020 6 AM PT

Durante décadas, millones de galones de aguas residuales y basura fluyeron desde el río Tijuana hasta el Océano Pacífico, ensuciando playas, enojando a los residentes del sur de California y complicando más la situación cada año.

Se estima que 143 millones de galones de desechos de Tijuana se derramaron en el valle del río en 2017 e hicieron colapsar la planta de tratamiento construida por Estados Unidos y México hace casi 25 años. En octubre pasado, un cadáver obstruyó una pantalla de entrada de aguas residuales, causó una acumulación y envió 14.5 millones de galones de agua contaminada a la frontera y a EE.UU.

Sin embargo, ninguno de los países estuvo dispuesto a gastar el dinero necesario para expandir la planta. Más tarde, el presidente Trump renegoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) con México y Canadá, a fines de 2018. El mandatario necesitaba la aprobación del Congreso, y esa fue la apertura que los grupos locales en la frontera necesitaban para resolver el desastre ambiental.

Cuando Trump firmó una ley, el mes pasado, que implementa el nuevo acuerdo conocido como USMCA, incluyó la autorización de $300 millones para tratar de detener los flujos de aguas residuales transfronterizas.

Con el apoyo de una mezcla inusual de demócratas, republicanos, agentes de la Patrulla Fronteriza y grupos ambientalistas locales, los demócratas de la Cámara de Representantes aprovecharon su apoyo al proyecto de ley comercial -una de las principales prioridades de Trump- para garantizar el respaldo poco frecuente de la administración a un proyecto ambiental.

Cada grupo jugó un papel clave. Los legisladores demócratas redactaron una norma para brindar dinero y autoridad legal que abordara los derrames, con la esperanza de agregarlo al proyecto de ley comercial. El alcalde republicano de San Diego, Kevin Faulconer, se reunió con el presidente para defender la cuestión. Los ambientalistas enfatizaron los riesgos de la contaminación para la salud, y los agentes de la Patrulla Fronteriza en la Estación Imperial Beach hicieron públicas sus quejas de erupciones, ardor en los ojos y dolor de garganta.

El argumento de los activistas para obtener dinero federal no fue una simple solicitud, dado que involucraba algunos objetivos frecuentes de la ira presidencial. Trump ha luchado durante tres años contra los líderes de México y California por una variedad de temas. A expensas de los agricultores y desarrolladores de bienes raíces, su administración debilitó las regulaciones federales que protegen la calidad del agua.

“Utilizamos su ambición [de Trump] por un nuevo acuerdo comercial para obtener lo que queríamos”, afirmó el representante Jimmy Gómez (demócrata de Los Ángeles), uno de los legisladores que negoció con los funcionarios de la administración. “Y al final esto beneficia, por supuesto, a todo el país y a los estadounidenses. Pero creo que si [el presidente] hubiese tenido opción, no lo hubiera incluido”.

Un portavoz de Robert Lighthizer, el representante comercial de Estados Unidos, destacó que la administración estaba abierta al proyecto desde el principio. Los demócratas de la Cámara, sin embargo, dijeron que el gobierno los rechazó cuando solicitaron por primera vez $400 millones para expandir y mejorar la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de South Bay, aunque los asesores de Trump no negaron que los desbordamientos de aguas residuales estaban enfermando a las personas a lo largo de la frontera.

La solicitud era “inviable”, le dijeron funcionarios del gobierno al grupo, según el representante Earl Blumenauer (D-Oregon), presidente del subcomité de la Cámara con jurisdicción sobre la legislación comercial.

Faulconer, quien se reunió con Trump en la Casa Blanca el verano pasado para pedir fondos, comentó que la administración ofreció sólo $40 millones, una décima parte de lo que los expertos estimaban como necesario. Pero Faulconer siguió presionando, en pos del deseo de Trump de cumplir una promesa de campaña sobre un nuevo y mejorado NAFTA. “No deseabamos un anticipo”, aclaró. “Queríamos una cantidad que posibilitara lo que necesitamos. Le dije: ‘Sr. Presidente, podemos arreglar esto’”.

Sin embargo, Trump no le ofreció garantías.

En los meses de negociaciones que siguieron, cuatro legisladores demócratas del área de San Diego -los representantes Mike Levin, Susan A. Davis, Scott Peters y Juan Vargas- aumentaron la presión sobre Blumenauer y otros negociadores de proyectos de ley de la Cámara para ubicar el proyecto fronterizo entre sus principales demandas.

Vargas amenazó claramente con oponerse al proyecto de ley USMCA, y Levin se negó a decir nada positivo al respecto, sugiriendo así que él también podía oponerse.

A mediados del verano, los cuatro legisladores habían redactado un boceto legislativo, y presionaron a otros demócratas de la Cámara para convertirlo en su principal prioridad ambiental en la legislación que otorga la aprobación del Congreso al acuerdo comercial de los tres países. Los legisladores mexicanos ratificaron el pacto comercial, pero el tema está aún pendiente en Canadá.

Vargas señaló que Levin, un legislador en su primer año de funciones, está “empecinado” con el tema. Levin expresó que buscaba deliberadamente toparse con Blumenauer en el gimnasio de los miembros de la Cámara para interrogarlo sobre el estatus del pedido de financiación.

Para lograr un apalancamiento adicional, Davis, un miembro de alto rango del Comité de Servicios Armados de la Cámara, instó a la administración a considerar las consecuencias de seguridad nacional: como la Marina actualmente construye un nuevo complejo de entrenamiento cerca de Imperial Beach, los SEAL estarían trabajando cerca de donde las aguas residuales se vierten en el océano.

Aunque, según Vargas la Marina se negó a tomar una posición pública sobre el tema -ya que hacerlo sería reconocer que su nueva instalación está en un área potencialmente contaminada- le dio a conocer su apoyo a la administración de forma sigilosa.

Davis “hizo un gran trabajo al involucrar a los militares”, reflexionó Vargas. Un portavoz de la fuerza naval cuestionó esta versión al escribir: “La Armada no ha presionado ni trabajado ‘entre tinieblas’ para obtener fondos y abordar los problemas de contaminación del río Tijuana”.

La Patrulla Fronteriza, lejos de permanecer en silencio, participó activamente en llamar la atención sobre la contaminación.

Sus agentes han sufrido una exposición continua a las emanaciones del río, y se supo que el agua contaminada disuelve el pegamento en las botas de los agentes, según Amber Craig, un enlace de los agentes de la Patrulla Fronteriza y las tierras públicas. La agencia examinó el agua para documentar las altas concentraciones de bacterias E. coli, metales pesados y pesticidas tan peligrosos que están prohibidos en EE.UU.

Craig y otros agentes trabajaron con los funcionarios electos de San Diego y la Surfrider Foundation, una organización ambiental dedicada a proteger la costa, para abogar por fondos para poner fin a los derrames de aguas residuales. “La Patrulla Fronteriza y Surfrider no parecen tener nada en común”, expuso Craig, “pero todos somos excelentes socios”.

Según los legisladores demócratas, los agentes de la Patrulla Fronteriza y la Marina fueron cruciales para obtener el apoyo de la administración.

Los demócratas ejercieron una influencia considerable dada su mayoría en la Cámara, y buscaron otros beneficios ambientales, más allá de la limpieza del río Tijuana. Pero los negociadores del partido quedaron atrapados entre las exigencias de los progresistas para que México adopte normas ambientales más fuertes, y la oposición de los negociadores mexicanos en un momento en que Trump atenúa las salvaguardas ambientales en su propio país.

“La administración Trump nos debilitó en términos de no tomar en serio las protecciones ambientales”, afirmó Blumenauer. “Parecía que estábamos siendo hipócritas”.

Como resultado, el financiamiento federal para disminuir los flujos de aguas residuales fue la única victoria ambiental significativa que surgió de las negociaciones comerciales.

Al término del año pasado, cuando comenzaron las conversaciones finales entre Lighthizer, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (demócrata de San Francisco) y el representante Richard E. Neal (demócrata de Massachusetts), quien preside el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, quedó claro que la limpieza del río Tijuana sería abordada en el acuerdo comercial. Cuando Pelosi hizo del tema una prioridad, la oposición se desvaneció.

La cantidad de dinero estuvo entre los asuntos de la decisión final, sólo días antes de que se anunciara la ley, el 10 de diciembre pasado, según varias personas familiarizadas con las negociaciones.

El Senado y la Cámara aprobaron la sanción. Cuando Trump la promulgó, el 29 de enero, algunos funcionarios de California declararon la victoria. Faulconer asistió a la ceremonia de firma en la Casa Blanca y luego aseguró que el dinero se usaría para limpiar los derrames de aguas residuales “de una vez por todas”.

Sin embargo, otros enfatizaron que el tema no ha terminado. Los $300 millones siguen siendo $100 millones menos de lo que los expertos consideran necesario para crear un sistema capaz de reducir la contaminación transfronteriza en aproximadamente un 95%. Y la suma aún no fue asignada a fines específicos.

No obstante, todos los involucrados en las negociaciones estaban seguros de una cosa: Estados Unidos no podía seguir esperando que México repare su infraestructura deficiente. Se estima que el nuevo acuerdo comercial posibilitará la instalación de más fábricas en la frontera, lo cual atraería más personas a Tijuana -y más desechos al valle del río-.

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