Contraloria P.Rico advierte contra facturación de servicios por contratistas
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San Juan — La Contraloría de Puerto Rico advirtió este jueves al gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, y a los presidentes del Congreso y el Senado, Carlos Méndez, y Thomas Rivera, entre otros, en contra de que ciertos contratistas pretendan facturar y cobrar como servicios profesionales, las contestaciones y la entrega de información en respuesta a sus requerimientos y solicitudes.
En una misiva, también dirigida a senadores, representantes y secretarios de Gobierno con fecha de 19 de junio, les señala que se trata de una “acción contraria al estado de derecho”.
“Los contratistas no importa su clasificación, condición o clase de labores y servicios que llevan a cabo, al contratar con una entidad gubernamental en Puerto Rico, deben asumir la responsabilidad legal de mantener la información pertinente disponible para nuestro examen”, recuerda la Contraloría.
Tras revelar que ha tenido conocimiento de que ciertos contratistas de distintas entidades gubernamentales pretenden cobrar y facturar como servicios profesionales dichas contestaciones, también recuerda que los empleados públicos “no podemos ser partícipes de acciones u omisiones contrarias a la ley, aún cuando estas sean motivadas o solicitadas por los contratistas”.
También revela que dicha acción “no debe formar parte de las cláusulas contractuales que las entidades gubernamentales pactan con los contratistas”.
El comunicado de la Contraloria matiza que, al contrario, la entidad gubernamental debe fijar contractualmente la responsabilidad de los contratistas de mantener disponible toda información pertinente al contrato gubernamental, y sin costo alguno para el erario.
Además, el pago de la factura de tales propósitos es una actuación contraria a la sección 9 del artículo VI de la Constitución, que establece que “sólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley.
El comunicado indica que la carta circular se emite para informar que, en el descargo de la facultad constitucional de la Contraloria, en los procesos de auditoría, la Oficina examina, con su acostumbrada independencia y objetividad, todas las transacciones en armonía con el estado prevaleciente.
“Advertimos que no puede pactarse ninguna prestación o contraprestación ni emitirse pago alguno, relacionado con que los contratistas cumplan con nuestros requerimientos de información y cobren por dicho concepto”, concluye.
