Junta de Puerto Rico establece proceso para que demandados no incurran en gastos

San Juan —  El Comité Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico estableció un proceso informal para que las demandas que radicó contra proveedores del Gobierno no requieran que los afectados tengan que incurrir en gastos legales onerosos.

La entidad federal de control al Ejecutivo de San Juan informó este domingo a través de un comunicado de que el proceso de resolución de casos está diseñado para resolver la mayoría, si no todas, las reclamaciones antes de que se requiera litigio alguno o que el proveedor tenga que contratar los servicios de un abogado, a menos que así lo desee.

El comunicado detalla que el mes pasado, el Comité Especial de Reclamaciones y el Comité Oficial de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) radicaron demandas contra unos 250 proveedores para recobrar pagos emitidos por el Gobierno de Puerto Rico, la Autoridad de Carreteras y Transportación y el Sistema de Retiro, que eran inconsistentes con las leyes de quiebra de EE.UU. y Puerto Rico.

Las acciones legales no necesariamente implican que esos cometieron alguna irregularidad, según el comunicado.

“La Junta de Supervisión tiene la responsabilidad de recobrar pagos que posiblemente no fueron emitidos apropiadamente antes de que Puerto Rico se acogiera a la quiebra”, dijo David Skeel, uno de los miembros del Comité Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión.

“Reconocemos muy bien la carga que representan estas acciones sobre los proveedores, por lo que hemos estado desarrollando este proceso de resolución para evitar litigios que conlleven gastos y tiempo para resolver”, dijo Skeel.

El proceso se inicia con un intercambio de información para determinar si los pagos emitidos a los proveedores fueron legítimos y, en consecuencia, si la demanda debe ser retirada.

Los proveedores deben proveer la información correspondiente a DiCicco Gulman and Company (DGC), la firma asesora en asuntos financieros del Comité Especial de Reclamaciones, antes del 17 de julio próximo.

Mientras, el bufete de abogados Estrella (Estrella), representando al Comité Especial de Reclamaciones y Casillas, Santiago & Torres (CST) en representación del UCC, asistirán en la búsqueda de la información y servirán como los puntos de contacto para los proveedores.

Si los proveedores entienden que necesitan más tiempo para responder, DGC, Estrella y CST se encargarán de trabajar tales extensiones.

Los casos que no se pudieran resolver durante la primera fase de intercambio de información ahora tendrán la oportunidad de resolverlos.

En aquellos casos donde el valor de la cantidad potencial a ser recobrada es menor de cierta cantidad de dólares, el Comité Especial de Reclamaciones espera resolverlos sin una orden del tribunal, si es que este foro accede a tal autoridad para llegar a un acuerdo.

Las demandas que no sean retiradas o resueltas pudieran entrar en un proceso de mediación.

Solo aquellas demandas que no puedan ser resueltas mediante el intercambio de información, acuerdo mutuo o mediación, tendrán que atenderse en un proceso legal.

Asimismo, el Comité Especial de Reclamaciones y el UCC radicarán una moción ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Puerto Rico con el fin de establecer plazos para respuestas que cómodamente den paso al proceso de resolución sin las presiones de las fechas de vencimiento de los litigios.