Alcaldesa de San Juan dice no hay motivo para que Junta intervenga municipios
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San Juan — La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, dijo hoy en conferencia de prensa que no existe motivo por el que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) deba intervenir los municipios al amparo de la Ley Promesa, aprobada por el Congreso en Washington para tratar el asunto de la deuda de Puerto Rico.
Cruz hizo público que el Municipio que lidera demandó a la JSF para impedir que asuma jurisdicción sobre sus finanzas, por lo que se solicitó a la Corte federal que la capital puertorriqueña quede fuera de la lista de municipios bajo el control de la entidad federal.
“La experiencia del país con la Junta de Control Fiscal es que la Junta le quita al pueblo puertorriqueño para pagarle a los bonistas -acreedores-. No hay razón para pensar que la nueva intromisión de la Junta con los municipios, que ya cubre a los 78 municipios, tenga un resultado diferente a lo que ha sucedido en el Gobierno central”, indicó.
Charlie Hernández, el abogado a cargo de la demanda, dijo que el recurso legal considera que el Congreso de EE.UU. delegó poderes excesivos en la JSF.
Además, el Municipio de San Juan plantea que sus demandas no inciden sobre el Gobierno Central, por lo que no debería intervenir la JSF con el ayuntamiento por no existir vínculo entre su mandato para el Ejecutivo y el municipio de la capital.
El Municipio recuerda además la decisión del Primer Circuito de Boston al declarar ilegal el nombramiento de los miembros de la JSF por violar la Constitución estadounidense.
Cruz sostuvo que por todo ello, de momento, no colaborará con la entidad de control federal, además de pedir al gobernador, Ricardo Rosselló, que se una a sus demanda.
El recurso fue presentado por el ayuntamiento después de que el pasado día 9 de mayo la JSF declarara que los 78 municipios de Puerto Rico serían entidades albergadas bajo esa entidad federal, lo que dijo es discriminatorio.
El Municipio de San Juan solicitó al tribunal federal una sentencia que establezca que la Ley Promesa es inconstitucional cuando se trata de designar a una entidad cubierta bajo ese estatuto sin que exista una causa atada al propósito de esa ley.
El recurso de municipio denuncia que la JSF ha utilizado la certificación de planes fiscales para imponer de política pública.
La JSF estableció el pasado día 9 que los municipios de Puerto Rico quedarán cubiertas por la Ley Promesa, por lo que diez municipios comenzar a operar a través de planes fiscales para que adopten mecanismos de gestión de recursos públicos.
