Junta Fiscal P.Rico presenta demandas para recuperar mil millones de bonistas
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San Juan — La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico ha presentado varias demandas para recuperar mil millones de dólares de bonistas cuyos bonos fueron emitidos en exceso del límite constitucional.
También presentó demandas contra las firmas asesoras que contribuyeron a emitir esos instrumentos de inversión.
Así lo señala este jueves en un comunicado, la Junta, que ha demandado a 20 bancos, bufetes de abogados y otras entidades para recobrar comisiones que devengaron cuando ayudaron en las emisiones de nueve mil millones de dólares en bonos emitidos por el gobierno de Puerto Rico.
Al emitir estos bonos, las entidades demandadas “contribuyeron a que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) violara su deber fiduciario para con los residentes de Puerto Rico y que se enriquecieron injustamente con cientos de millones de dólares”, agrega en su nota la JSF.
En su opinión, la ciudadanía de Puerto Rico se ha visto perjudicada por estas entidades por un monto que se determinará en el proceso judicial, y por ende son responsables por los daños causados como resultado de las violaciones de su deber fiduciario.
Asimismo, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) presentó cientos de demandas contra individuos y entidades para recobrar pagos percibidos por bonos emitidos ilegalmente.
La Junta de Supervisión se apresta a proceder con el proceso judicial contra los bonistas de mayor tamaño que mantienen al menos 2,5 millones de dólares de los bonos que están siendo cuestionados ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
“Los poseedores de bonos de menor cuantía no tendrán que devolver nada de principal ni intereses percibidos por sus inversiones producto de los bonos en cuestión”, dijo David Skeel, miembro del Comité de Reclamaciones Especiales de la Junta de Supervisión.
Algunos bonistas posiblemente confiaron en información provista por los emisores, las firmas suscriptoras que manejaron la emisión y otros profesionales y prestamistas a la hora de invertir en estos bonos.
La Junta entiende muy bien estas preocupaciones.
Pero las leyes de Puerto Rico “limitan la autoridad que tiene el gobierno de emitir deuda por una razón clara y simple: evitar que los financieros conduzcan el Gobierno y a sus instrumentalidades, así como a los contribuyentes y acreedores legítimos, a un nivel de deuda que no se pueda repagar sin sacrificar los servicios necesarios como la salud, seguridad y bienestar social”, señaló.
“La Junta de Supervisión no asumió la determinación de proceder a recuperar estos fondos livianamente”, dijo Skeel.
“No obstante, los contribuyentes de Puerto Rico no deben llevar sobre sus hombros los pagos que hizo el gobierno a los grandes inversionistas, que nunca debieron haberse efectuado”, agregó.
La Junta no pretende proceder legalmente con la recuperación de estos fondos hasta que el Tribunal de Distrito determine que los bonos en cuestión sean, en efecto, inválidos.
Este lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, envió al Senado las nominaciones de los siete actuales miembros de la JSF, cuyos nombramientos consideró “inconstitucionales” un tribunal en febrero.
De este modo, el presidente trata de cumplir con ese fallo del Tribunal federal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston pero jurisdicción sobre Puerto Rico, que el 15 de febrero concedió 90 días de plazo (hasta el 16 de mayo) para remediar la situación.
Trump nombró para las siete plazas a los actuales miembros de la JFS: José Baldomero Carrión, Arthur J. González, Ana Matosantos, Carlos M. García, José R. González, David Skeel y Andrew George Biggs.
La nominación es para que cumplan con su mandato de tres años para el que fueron designados en 2016 y que culmina el próximo agosto.
El fallo del 15 de febrero respondió a un recurso interpuesto por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) y la firma de inversiones Aurelius.
El tribunal consideró en su fallo que los miembros de la JSF son funcionarios de alto rango por lo que su designación requiere confirmación del Senado, algo que no establecía la ley “Promesa” de 2016 con la que se creó la junta.
La JSF ha pedido por un lado al Tribunal de Apelaciones de Boston que extienda la fecha límite del 16 de mayo para que sus cargos queden confirmados y por otro presentó un recurso ante el Tribunal Supremo contra el primer fallo.
Trump se ha quejado en reiteradas ocasiones de que el Senado tarda meses en procesar y confirmar sus nominaciones, de lo que ha responsabilizado a los demócratas.
La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico se creó bajo la ley bipartita Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act (PROMESA) de 2016.
El propósito de la Junta de Supervisión es proveer un método para que Puerto Rico logre responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de capital.
