Gobierno de P.Rico dice que cuenta con independencia ante Junta Supervisión

San Juan — El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, señaló hoy que la Ley federal Promesa otorga discreción al Ejecutivo para no adoptar recomendaciones inapropiadas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) impuesta por el Congreso de Estados Unidos.

Rosselló matizó a través de un comunicado que la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico. (Promesa, por sus siglas en inglés) le otorga esa facultad al Gobierno, después de que la entidad de control federal presentara una demanda contra el gobernador de la isla.

La JSF exige en la demanda que se reduzca o elimine la paga extra de Navidad, se reduzca la jornada de los funcionarios y se lleve a cabo una reforma del sistema de pensiones como medidas para disponer de unas cuentas públicas equilibradas.

“Nuestra Administración ha sido clara en que una reducción de la jornada laboral de los empleados públicos es innecesaria debido a que el Gobierno de Puerto Rico ha logrado los ahorros certificados por la propia Junta de Supervisión Fiscal”, señala en el comunicado Rosselló.

Recordó además que ha comenzado la implementación de las reformas necesarias encaminadas al cumplimiento del Plan Fiscal certificado por el propio organismo federal.

El gobernador subrayó también que la reducción de jornada laboral propuesta tendría un efecto adverso en la economía de la isla, lo que representa, aseguró, una contradicción con el objetivo común de la Junta y el Gobierno de facilitar el desarrollo de la isla.

“La Junta de Supervisión Fiscal recurrió al Tribunal Federal para que valide las medidas que intenta imponer unilateralmente al Plan Fiscal certificado. Recordamos que la Sección 205 de la Ley Promesa otorga discreción al Gobierno de no adoptar recomendaciones inapropiadas del organismo impuesto por el Congreso de los Estados Unidos”, sostuvo Rosselló.

“Entendemos que la Junta de Supervisión Fiscal y el Gobierno de Puerto Rico tienen diferencias sobre este tema, pero confío en que el foro judicial resolverá esta controversia conforme a derecho y en beneficio del pueblo de Puerto Rico”, dijo el jefe del Ejecutivo.

Rosselló concluyó señalando que mientras tanto el Gobierno “seguirá trabajando en la implementación de medidas para facilitar la recuperación económica de la isla, además de lograr las economías necesarias y una mayor eficiencia en la operación gubernamental”.

En la demanda de hoy, la JSF señala que ambas medidas forman parte del Plan Fiscal ordenado por el ente y puesto en marcha por el ejecutivo el 13 de marzo de este año,

Ambas medidas, revela la demanda publicada hoy, son necesarias para lograr liquidez y ahorros suficientes que la Junta determina que son decisivas para que el Plan fiscal cumpla con la ley Promesa.

La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Puerto Rico.