El Gobierno apoya la nueva ley de Texas para identificación de votantes
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Washington — El Departamento de Justicia expresó su apoyo a la nueva ley de Texas para la identificación de votantes y consideró que no discrimina a los miembros de las minorías hispana y afroamericana, como ocurría con la iniciativa proclamada por el estado sureño en 2011.
“La ley de identificación de votantes de Texas garantiza tanto el derecho de los votantes de introducir una papeleta en las urnas como la integridad de las elecciones de Texas”, determinó el Departamento de Justicia en un documento de apoyo al estado interpuesto este miércoles en una corte de Texas.
En el documento, al que accedió hoy Efe, el Gobierno pide que no se emprenda ninguna acción judicial más en contra de la iniciativa, bautizada como “Bill 5” y que firmó el mes pasado el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott.
La nueva ley suaviza algunos de los aspectos de la iniciativa proclamada en 2011, contra la que fallaron las cortes al considerar que discriminaba a propósito a las minorías negras e hispana.
Esa ley obligaba a los votantes a mostrar un carné con fotografía para poder ejercer su derecho al voto, pese a que en Estados Unidos no hay un documento nacional de identidad y los ciudadanos no están obligados a disponer de esa identificación.
La nueva ley, sin embargo, permite votar a la gente que, aunque no tenga una identificación, pueda probar su identidad de otra forma y firme una declaración jurada en la que asegure que un “obstáculo razonable” les ha impedido hacerse con un carné de identidad con una fotografía.
Actualmente, la jueza Nelva Gonzáles Ramos de la corte del distrito Sur de Texas está evaluando si la nueva legislación discrimina a las minorías.
Los defensores de este tipo de iniciativas argumentan que evita fraudes, pero sus opositores aseguran que, en realidad, busca impedir el voto de los pobres y las minorías, ya que esos sectores poseen carnés de conducir en menores proporciones debido a la imposibilidad de permitirse el pago de un vehículo.
Para tumbar la ley de 2011, el Gobierno del expresidente Barack Obama (2009-2017) se alió con grupos defensores de los derechos civiles de Texas.
El presidente, Donald Trump, y de su fiscal general, Jeff Sessions, han defendido iniciativas como la de Texas al considerar que evita que inmigrantes indocumentados acudan a las urnas y voten de manera ilegal, una postura que supone un cambio sustancial con respecto al anterior Ejecutivo.
Leyes similares a la de Texas se han multiplicado en otros estados, como Carolina del Norte, desde que en 2013 el Tribunal Supremo invalidara una sección de Ley del Derecho al Voto que obligaba a los estados de “tradición conservadora” a recibir permiso del Gobierno antes de llevar a cabo modificaciones electorales.
Para varias organizaciones, la decisión del Supremo truncó una parte esencial de la Ley del Derecho al Voto, que permitía al Gobierno eliminar las trabas que los estados ponían a los negros para votar, un derecho que tenían desde 1870 pero que no podían ejercer por la represión, entre otros, del Ku Klux Klan.
En Texas, el segundo estado con mayor población hispana, 4,2 millones de latinos tienen derecho a votar, según datos del censo de 2010.
