Activista lamenta que ente anticorrupción no investigue al Gobierno mexicano
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México — El subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Santiago Aguirre, presuntamente espiado por el Gobierno mexicano, consideró hoy “decepcionante y preocupante” que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no pidiera información al Ejecutivo sobre el programa Pegasus.
El Comité Coordinador del SNA rechazó ayer instar al Gobierno federal a que informe sobre la adquisición y aplicación del software malicioso Pegasus, supuestamente usado para espiar a periodistas, activistas y políticos opositores.
“Que se haya quedado en una posición aislada la presidenta del Comité de Participación Ciudadana demuestra el absoluto divorcio que hay entre la clase política mexicana y la sociedad”, denunció el activista del Centro Prodh, del que tres personas fueron presuntamente espiadas a través de Pegasus.
Una vez que se hizo pública la existencia de este posible esquema de espionaje, el Comité de Participación Ciudadana del Comité Coordinador del SNA hizo público un posicionamiento instando a que se investigara la denuncia.
En la denuncia, ahondó el activista, no solamente se reclama la investigación de la posible intervención ilegal de telecomunicaciones, sino también de la presunta comisión de tres delitos de corrupción (ejercicio indebido del servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades, y peculado).
El Comité de Participación Ciudadana pidió que se exhortara a las instituciones a proporcionar información, pero la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Jacqueline Peschard, “quedó en una posición de absoluta soledad”, lamentó Aguirre.
“El argumento que se esgrimió es sumamente insuficiente desde cualquier punto de vista. Consideraron que se habían denunciado delitos de espionaje y no de corrupción, cuando el exhorto pedía investigar también delitos de corrupción”, denunció.
Aguirre puntualizó que en el nuevo sistema de justicia, además, la calificación de los delitos es la última parte de la investigación penal, no el inicio, por lo que “es una falacia total que al día de hoy los hechos denunciados ya estén encuadrados en un delito en específico”.
Consideró preocupante la posición la titular de la Secretaría de la Función Pública y exfiscal general Arely Gómez, quien como miembro del Comité Coordinador votó en contra de exigir información al Gobierno, “sobre todo porque se ha ventilado que bajo su gestión (en la Procuraduría General de la República, o fiscalía) esta tecnología se pudo estar empleando”.
“Lamentablemente se ha ido estableciendo como una operación más amplia. Ya hay datos de que al menos uno de los partidos que no están en el Ejecutivo Federal, el Partido Acción Nacional, habría sido investigado”, apuntó.
Uno de los riesgos de este posible espionaje es el uso de la información obtenida para deslegitimar la labor de los activistas, que es lo que se intentó con Aguirre, de quien se filtró una conversación con un familiar de los estudiantes desaparecidos de la escuela de Ayotzinapa y, en vez de eso, se dijo que era con un grupo criminal para decir él formaba parte del cártel Guerreros Unidos.
“Yo no tengo dudas que las escuchas fueron por parte del Gobierno mexicano”, aseguró Aguirre, quien puntualizó que los afectados reclaman que la investigación sea transparente y tenga “algunos candados de transparencia e imparcialidad”.
No obstante, señaló que si la Procuraduría General es una de las instancias que utilizó esa tecnología, “no hay las condiciones mínimas de independencia para garantizar la imparcialidad de esta investigación”.
El pasado 26 de junio el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), Ricardo Sánchez, pidió que los periodistas y activistas que denunciaron el presunto espionaje del Gobierno deberán entregar sus teléfonos para un “análisis forense”.
Frente a esta decisión, Aguirre aseguró que los técnicos dicen que no es necesario y que ello comporta algunos riesgos, por lo que han pedido que las autoridades expliquen por escrito qué software y que hardware van a utilizar para ello y cuáles son las calificaciones de los productos que lo harían.