CIDH ve con “consternación” decisión de Supremo argentino sobre un represor
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Washington — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy su “consternación” por la decisión de la Corte Suprema de Argentina de aplicar una ley que ya no está vigente y reduce el tiempo en prisión en el caso del civil represor Luis Muiña, condenado por crímenes de lesa humanidad.
“La CIDH expresa su consternación por la interpretación y aplicación realizada por la Corte Suprema de Justicia porque el beneficio se aplica a la persona encontrada culpable y sentenciada a prisión por haber cometido un crimen de lesa humanidad”, indicó hoy la Comisión en un comunicado.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina aprobó el pasado 3 de mayo aplicar en el caso del civil Luis Muiña, condenado en 2011 a 13 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, la ley 24.390 (conocida como 2x1), que estuvo vigente entre 1994 y 2001 y actualmente está derogada.
Se trata de un beneficio que supone que si la detención preventiva de un imputado dura más de dos años, desde ese momento cada día se computa doble al establecer la duración de la pena.
La CIDH expresó hoy “su preocupación” por esta decisión del Supremo argentino porque “se aparta de los estándares internacionales en la persecución de graves violaciones a los derechos humanos”.
Según explicaron los camaristas en su resolución, la decisión de aplicarla en Muiña es por tratarse de la ley “más benigna” -en base a lo que promulgan tribunales internacionales- y al ser, los delitos por los que fue condenado, anteriores al 2001.
La CIDH considera que “la Corte Suprema aplicó esta ley fuera del marco de su vigencia, ya que la persona favorecida por esta decisión estuvo detenida preventivamente a partir del 1 de octubre de 2007”.
Además, la Comisión indicó que “la aplicación del 2x1 u otros beneficios no deberían servir para desvirtuar la proporcionalidad de la pena para las personas responsables de crímenes de lesa humanidad”.
“Su aplicación tornaría inadecuada la sanción que se impuso, lo cual es contrario a los estándares interamericanos de derechos humanos”, agregó en su nota.
Otros organismos y asociaciones defensoras de derechos humanos ya criticaron duramente la decisión de la Corte Suprema y convocaron a diversas manifestaciones para mostrar su repudio a que se den privilegios a los represores de la dictadura, que dejó 30.000 desaparecidos, según los cálculos de las asociaciones.
Tras esa polémica, el 12 de mayo el Gobierno de Argentina promulgó una ley que restringe la aplicación de la reducción de condena conocida como el “2x1” para los condenados por delitos de lesa humanidad.
En concreto, el presidente, Mauricio Macri, firmó la resolución que autoriza la vigencia de la ley 27.362, que deja sin efecto esa reducción de pena a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, que en Argentina refiere especialmente a los condenados por delitos durante la última dictadura (1976-1983).
