Legisladores norcarolinos buscan confiscar autos de conductores sin licencia
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Charlotte (NC) — Representantes republicanos de Carolina del Norte presentaron hoy una propuesta de ley que busca confiscar los vehículos de quienes manejen sin una licencia de conducir del estado vigente o expirada.
El proyecto HB 341, denominado “Remolcar un vehículo de un conductor sin licencia”, de los legisladores republicanos George Cleveland, Mike Clamplitt, Jeff Collins y Chris Millis, dice que a menos de que el conductor que ha sido parado por las autoridades contacte a una persona que tenga licencia a más tardar una hora, el vehículo será remolcado y llevado a un estacionamiento de autos.
Por cada día que permanezca dentro del patio de autos, se deberá pagar 10 dólares, además de los costos adicionales por el almacenamiento y el servicio de la grúa.
En caso de que el auto no pertenezca al conductor que cometió la infracción, el dueño deberá entregar un documento escrito donde reconozca que desconocía esta situación y que ha tomado las acciones necesarias para reportar los hechos ante las autoridades. El dueño también deberá tener licencia de conducir vigente.
El propietario tendrá 90 días para recuperar el auto, y si no lo hace en ese tiempo el propietario del lugar donde quede confiscado podrá disponer del vehículo como parte del pago, para cubrir los gastos de grúa y almacenamiento.
El conductor sin licencia podrá recibir además cargos por manejar sin permiso válido y por la confiscación del vehículo.
“Todo es parte de un plan de intimidar y paralizar a nuestra comunidad siguiendo los parámetros que se manejan a nivel federal por parte del presidente Donald Trump”, dijo a Efe Martha Hernández, organizadora comunitaria del Comité de Acción Popular en Raleigh.
Desde 2006, los indocumentados en Carolina del Norte no pueden tramitar una licencia de conducir del estado o una tarjeta de identificación.
En los últimos años, varios proyectos de ley se han presentado para restituir el beneficio, pero ninguno fue aprobado en un estado en el que se estima que residen más de 360.000 indocumentados.
