Proyecto de UNOPS Río Verde aspira a impulsar políticas ambientales modernas

Guadalajara (México) — La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) aspira a que su proyecto “Jalisco sostenible cuenca Río Verde”, que abarca cinco estados de México, se consolide “como herramienta para la formulación” de políticas ambientales acordes con los desafíos del siglo XXI.

“En pleno siglo XXI no resulta posible formular políticas públicas sin una base técnica sólida, con plena garantía de acceso a la información en los términos de la Agenda 21 y promoviendo la participación activa y constructiva de todos los actores”, dijo a Efe Alejandro Rossi, asesor de Medio Ambiente de UNOPS para América Latina y el Caribe.

Rossi cree que esta iniciativa, encargada por el Gobierno del estado occidental de Jalisco en noviembre de 2014 con un presupuesto de 4,6 millones de dólares, será una “contribución genuina” al diseño de políticas públicas del agua “basadas en evidencias técnicas contundentes y que promuevan el acceso a la información y la participación de todos los implicados”.

En su opinión, los “desafíos” de este proyecto para la planeación de obras de infraestructura hidráulica, que se extiende sobre una área de más de 20.000 kilómetros cuadrados de la cuenca del Río Verde y formulará recomendaciones para los problemas sociopolíticos y ambientales de la zona, “no son diferentes” de los existentes “en muchos lugares del mundo, donde la cantidad y la calidad del agua merman por prácticas depredadoras por el cambio climático”.

Frente a este desafío, considera “indispensable” disponer de “herramientas sólidas” para afrontar la situación actual y los escenarios de futuro bajo “la premisa de procesos de diálogo con todos los actores que contribuyan a la gobernanza del agua” y aplicando “el enfoque de derechos humanos”.

El representante de UNOPS admitió que “Jalisco sostenible cuenca Río Verde” no se puede desligar de conflictos latentes en la zona, como el futuro de la presa El Zapotillo, paralizada por orden judicial.

“Somos conscientes de que la propuesta de UNOPS, con participación de ONU Medio Ambiente, no se puede descontextualizar de un entorno de conflictividad que tiene más de diez años de antigüedad, por lo que no cabe esperar un efecto mágico de nuestra intervención”, aseveró.

Señaló que en los conflictos sobre el agua “las percepciones de los actores son muchas veces diferentes a la magnitud de los problemas en liza”, y citó como ejemplo que “se percibe con más nitidez la conflictividad sobre la construcción de una infraestructura que la contaminación de cauces o la invasión de áreas protegidas por expansión urbana”.

Por ello, consideró “indispensable” una comunicación adecuada que incluya todos los niveles, “partiendo de que muchas veces los sectores más vulnerables son aquellos que tienen una voz menos potente”.

En el caso del Río Verde, apuntó que la polémica sobre la presa El Zapotillo “explicita las tensiones naturales” entre poblaciones que demandan recursos hídricos, como la gran área metropolitana de Guadalajara, segunda mayor población mexicana, y los desplazados de Acasico, Palmarejo y Temacapulín.

“En este caso y aun cuando existan las aprobaciones administrativas pertinentes, deben cumplirse estrictamente los estándares internacionales sobre el derecho a una vivienda adecuada en el marco de un enfoque de derechos humanos”, apostilló Rossi, y destacó que este proyecto añade componentes de perspectiva de género y preservación del patrimonio cultural.

La UNOPS, creada en 1994 para implementar de forma sostenible y eficiente proyectos, infraestructuras y compras en materia de cooperación, se autofinancia y desarrolla en unos 80 países proyectos valorados en 1.000 millones de dólares.