Más que a ‘bad hombres’: Trump apunta a deportar hasta 8 millones de personas

LOS ANGELES TIMES — Cuando el presidente Trump ordenó una amplia revisión de la aplicación de la ley migratoria durante su primera semana en el cargo, eliminó la mayoría de las restricciones sobre quién debería ser deportado y abrió así la puerta a redadas y detenciones a una escala masiva, no vista en casi una década.

Hasta ocho millones de personas que se encuentran ilegalmente en el país podrían ser consideradas prioridad para la deportación, según estimaciones de Los Angeles Times. La cifra se basa en entrevistas con expertos que estudiaron la orden y dos documentos internos que señalan que los agentes de inmigración poseen una visión amplia de la directiva del presidente.

Lejos de apuntar solamente a los “bad hombres”, tal como Trump ha dicho en reiteradas oportunidades, su nuevo decreto permite a los agentes inmigratorios detener a casi cualquier persona que entre en contacto con quien haya cruzado ilegalmente la frontera. Así, muchos podrían ser detenidos por el uso de estampillas de comida, o si sus hijos reciben almuerzos escolares gratis.

Los blancos de deportación son un grupo mucho más grande que aquellos que se vieron envueltos en las prohibiciones de ingreso al país, que sembraron caos en aeropuertos y atrajeron la atención pública durante la semana pasada. Menos de un millón de personas arribaron a los EE.UU. la década pasada, provenientes de los siete países incluidos en la negativa.

Deportaciones de esta escala, que no se han contabilizado públicamente antes, podrían tener consecuencias severas a nivel extenso: familias separadas, el cierre de las empresas que brindan servicios para inmigrantes, cultivos desperdiciados y falta de trabajadores en el sector agrícola. Las relaciones de los EE.UU. podrían tensarse con países que reciben una afluencia de personas deportadas, particularmente en América Latina. Incluso el sistema de seguridad social, al cual muchos de los trabajadores ilegales aportan mediante falsos números de identificación, sentiría el impacto.

Las nuevas instrucciones representan una amplia expansión del enfoque del expresidente Obama, centrado en deportar únicamente a los recién llegados, a los infractores de normas de inmigración en reiteradas oportunidades y a personas con múltiples violaciones a las leyes. Bajo su gobierno, sólo 1.4 millones de personas eran consideradas prioridades para deportación.

“Estamos volviendo al caos de la aplicación de la ley; ellos dirán de la boca para afuera que se trata de erradicar a los criminales, pero en realidad deportarán a todo aquel que puedan detener”, afirmó David Leopold, expresidente de la Asociación de Abogados de Inmigración de los EE.UU. y abogado experto en el tema hace más de dos décadas.

Las órdenes de Trump instruyen a los oficiales a deportar no sólo a los condenados por delitos, sino a aquellos que no han sido acusados pero se sospecha que han cometido “actos que constituyen un delito penal imputable”.

Esa categoría se aplica a unas seis millones de personas que, se cree, han ingresado al país sin pasar por un paso fronterizo oficial. Se estima que el resto de los 11.1 millones que se encuentran ilegales en los EE.UU., según un estudio de Pew Research Center, han entrado con una visa válida y se han quedado aquí aún después de la expiración de ésta.

Además, entre esos 11.1 millones hay cerca de ocho millones de trabajadores, según Pew. La gran mayoría de ellos trabaja violando la ley al declarar en formularios federales de empleo que tienen permiso legal para hacerlo. El decreto de Trump llama a apuntar a cualquier persona que haya mentido en los formularios.

Las prioridades de deportación de Trump incluyen también a grupos más pequeños, cuyos totales siguen siendo escurridizos: la gente indocumentada que está acusada de delitos que aún no han sido juzgados, y aquellos que reciben un beneficio indebido de la seguridad social, emplean una tarjeta de identidad falsa, conducen sin licencia o reciben ayuda alimentaria federal.

Una orden ejecutiva adicional que se encuentra en consideración actualmente podría bloquear la entrada a cualquier persona que, se sospeche, pueda usar programas de beneficios, como Medicaid y el Programa de Salud para Niños, según funcionarios del gobierno que han visto el proyecto.

Los cambios reflejan una iniciativa para disuadir la inmigración ilegal al aumentar la amenaza de deportación y recortar el acceso a servicios sociales y oportunidades de trabajo, un enfoque que el candidato presidencial republicano en 2012, Mitt Romney, calificó de “autodeportación”.

La Casa Blanca insistió en su intención de erradicar a quienes ponen en peligro a los estadounidenses. Asistentes de Trump remarcaron que 124 personas que fueron liberadas de centros de detención inmigratoria entre 2010 y 2015 fueron después acusados de asesinato, según datos provistos al Congreso por parte de la Agencia de Inmigración y Aduanas de los EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés).

“No se trata de que seis millones de personas sean prioridad de deportación; son los criminales peligrosos que se esconden entre esos millones quienes ya no podrán esconderse”, aseguró un funcionario de la Casa Blanca, al describir el debate de la política interna. “Hemos pasado de una situación donde los oficiales de la ICE no tienen autoridad para mejorar la seguridad pública y tienen sus manos atadas totalmente, a permitir que se involucren en prevenir y puedan actuar ante las amenazas conocidas para detener terribles crímenes”.

Las modificaciones, algunas de las cuales ya han comenzado, preparan el escenario para masivas deportaciones, como no se veían desde los últimos años del gobierno de George W. Bush, cuando se allanaban fábricas y plantas de procesamiento de carnes, en 2007.

Cuando Obama llegó al cargo, su gobierno detuvo esas redadas y restringió las prioridades de deportación. Las expulsiones de personas establecidas y con empleo en los EE.UU. cayeron más del 70% entre 2009 y 2016.

Esa era ha llegado a su fin.

“Durante demasiado tiempo, los oficiales y agentes no tenían permitido hacer bien su trabajo”, les dijo Trump a uniformados de la Patrulla Fronteriza y oficiales de inmigración, poco después de firmar el decreto.

Aunque los agentes de inmigración quieran ir tras criminales y personas que plantean riesgos para la seguridad nacional, la orden de Trump les da margen de maniobra y marca un retorno a la “aplicación tradicional”, señaló Jessica Vaughan, directora de estudios de políticas del Center for Immigration Studies, que aboga por restricciones a la inmigración. “Casi cualquier persona que se encuentre de manera ilegal aquí podría ser considerada una prioridad”, afirmó.

Cuánta gente será deportada dependerá de las nuevas instrucciones que están siendo redactadas para los agentes y se pondrán en marcha durante los próximos meses. Pero ya las señales apuntan a que los oficiales de inmigración abrazan la orden del presidente.

A fines de enero, los expertos en políticas del nuevo gobierno entregaron un documento de 20 páginas a los altos funcionarios de Seguridad Nacional, que explica cómo aumentar la aplicación de la ley de inmigración, según dos personas familiarizadas con el memorándum. Una lista de pasos incluye casi duplicar el número de personas detenidas en los centros a 80,000 por día, así como reducir los programas que permiten la liberación de detenidos mediante el uso de un monitor de tobillo, mientras sus casos se resuelven en las cortes de inmigración.

Las instrucciones también proponen permitir que agentes de la Patrulla Fronteriza proporcionen asistencia de traducción a la policía local, una práctica que cesó en 2012 ante el temor de que colaborara con una discriminación racial.

Además, funcionarios de Seguridad Nacional han distribuido un memorándum de 11 páginas acerca de cómo ejecutar el decreto de Trump. Entre otras medidas, el documento sugiere expandir el uso de un proceso de deportación que evite los tribunales y permita expulsar a los extranjeros inmediatamente después de su captura.

El proceso, llamado ‘deportación acelerada’, se aplica hasta ahora sólo a los inmigrantes que son detenidos dentro de las 100 millas de la frontera y dentro de las dos semanas de haber cruzado ilegalmente, que no expresen un miedo creíble de persecución en sus países de origen. El programa podría ampliarse más lejos de la frontera y apuntar a aquellos que han vivido aquí ilegalmente hasta dos años.

Al dar más autoridad a los funcionarios de inmigración, Trump ha puesto su gobierno en marcha para impulsar las deportaciones más del 75% en su primer año completo en el cargo. Eso cumpliría con el nivel fijado en 2012, al final del primer mandato de Obama, cuando más de 400,000 resultaron deportadas. El año pasado, la cifra se redujo a unos 235,000, cuando la inmigración ilegal cayó y los objetivos de deportación fueron reducidos.

Además, Trump planea capacitar a la policía local para que trabaje con agentes de inmigración e identifique a aquellas personas que, crean, viven ilegalmente en sus ciudades y pueblos, en particular aquellos considerados violentos, señaló el funcionario de la Casa Blanca, comparando la detención de un presunto líder de pandillas por una violación a la ley inmigratoria con las acusaciones del FBI a un líder de la mafia por evasión impositiva. “Lo bueno de las normas de inmigración es que son una herramienta preventiva de aplicación de la ley”, aseguró.

También se planea ampliar un programa que proporciona capacitación a los policías locales sobre cómo hacer cumplir las leyes de inmigración. El enfoque es similar a la ley de Arizona llamada “papers, please” (o ‘papeles, por favor’), que fue anulada por la Corte Suprema en 2012 sobre la base de que el estado intentaba hacer cumplir leyes federales de inmigración. Los defensores de las libertades civiles advierten que tales programas corren el riesgo de atacar a las personas por su apariencia física y podrían conducir a violaciones desenfrenadas de los derechos de búsqueda e incautación.

Elizabeth Ford, una abogada de inmigración residente en Chardon, Ohio, cerca de Cleveland, aseguró que ha visto cómo funcionarios de inmigración detienen a inmigrantes ilegales que han sido acusados por delitos pero no condenados, incluso si los cargos fueron luego descartados. Antes de que Trump jurara como presidente, los agentes de inmigración habían comenzado a detener a la gente apenas salían de la corte, informó la letrada. Antes, sólo se presentaban después de las condenas.

Adicionalmente, un número menos de clientes que efectúan solicitudes de asilo son liberados cuando sus reclamos son escuchados, alertó, lo cual marca un cambio radical con el panorama de hace meses. “Y se volverá aún más agresivo”, predijo.

De hecho, aunque Trump ha retrocedido en su campaña de deportar a la totalidad de las 11.1 millones de personas que, se estima, están en el país de forma ilegal, ya está enfrentando presiones de su base para ampliar su decreto y terminar con el programa de Obama que concedió permisos de trabajo a 750,000 personas que ingresaron a los EE.UU. ilegalmente, cuando eran niños.

El viernes pasado, en la reunión informativa de la Casa Blanca, al secretario de prensa, Sean Spicer, se le preguntó cuándo terminaría el programa y se dejarían de emitir permisos de trabajo. “Hemos dejado muy en claro que tendremos más actualizaciones en temas de inmigración”, señaló Spicer, pero no dio más detalles. “El presidente ha hecho significativos progresos respecto de los problemas inmigratorios que enfrentamos, y creo que veremos más acciones en ese sentido durante las próximas semanas”.

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Traducción: Valeria Agis