Tribunales y propietarios continúan desalojando a las familias a pesar de las protecciones legales
Los Angeles — A pesar de las protecciones legales y miles de millones de dólares en ayuda a los propietarios tras la pandemia, los tribunales y los propietarios continúan desalojando a las familias.
Por ejemplo, al menos el 67 por ciento de la población podría haber estado bajo el desalojo en viviendas subsidiadas por falta de pago del alquiler, según el Proyecto de Ley Nacional de Vivienda (NHLP), en una encuesta sobre cómo les ha ido a los inquilinos después de que finalizó la moratoria federal de desalojo de los CDC el 26 de agosto de 2021.
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El NHLP encuestó a 119 abogados de asistencia legal y derechos civiles en 41 estados, DC y Puerto Rico. Los abogados de asistencia legal informaron haber visto problemas como aumento de los casos de desalojo, incluso para inquilinos subsidiados por el gobierno federal, así como más propietarios que mienten en los tribunales para desalojar a los inquilinos, más desalojos ilegales, acoso e incluso la recaudación de fondos de asistencia solo para sacar a los inquilinos y los mismos jueces ignorando de manera inconsistente las leyes federales y estatales.
Las cifras son la punta del iceberg porque solo tienen en cuenta a las familias que estuvieron representadas por abogados de asistencia legal durante el COVID. A nivel nacional, únicamente el 3% de los inquilinos tiene representación legal, mientras que el 81% de los propietarios la tiene.
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“En muchos estados, la ley de propietarios e inquilinos es anticuada y está diseñada para brindar resultados a los propietarios”, dijo Shamus Roller, director ejecutivo de NHLP.
“En lugar de adjudicar los hechos, los tribunales funcionan como cintas transportadoras, lo que lleva a los inquilinos hacia el desalojo”, dijo.
El 66 por ciento de los encuestados informaron un aumento en los casos de desalojo desde que la Corte Suprema anuló la orden de los CDC. Al igual, los inquilinos a menudo carecen de representación.
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Por ahora, según el experto, el gobierno federal ha proporcionado más de $50 mil millones en asistencia de emergencia para el alquiler a estados y ciudades, sin embargo, el 86 por ciento de los encuestados ha visto a los propietarios recolectar los fondos y aun así proceder con los desalojos, o simplemente negarse a aceptar los fondos por completo. El cuarenta por ciento de los encuestados informa un aumento en el número de propietarios que mienten para desalojar a los inquilinos.
Además, el 67 por ciento de los encuestados reportaron desalojos en viviendas subsidiadas por falta de pago del alquiler.
“No hay excusa para estos desalojos. A los propietarios que reciben apoyo del gobierno federal se les debe exigir que participen en programas de asistencia para el alquiler, y las agencias federales de vivienda tienen la autoridad para implementar moratorias de desalojo en sus programas”, dijo Roller.
El informe de 2021 tiene una serie de recomendaciones que incluyen reformar la ley de propietarios e inquilinos y ampliar el acceso de los inquilinos a la justicia. Esta encuesta da seguimiento a una publicada en julio de 2020.
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