Una serie de tiroteos del LAPD expone el deteriorado sistema de salud mental de L.A., afirman las autoridades

Cuando un turista de 19 años de Singapur fue apuñalado en el abdomen en Hollywood Boulevard, el mes pasado, los testigos y la víctima señalaron rápidamente al sospechoso a la policía. Los oficiales ya conocían al hombre, Grisha Alaverdyan, de encuentros anteriores.

Alaverdyan, de 27 años, había sido arrestado y acusado dos semanas antes por robo de automóvil, atropello y fuga, y luego fue liberado en espera del juicio, según los registros judiciales. En febrero, fue sentenciado a 30 días de cárcel y un año de libertad condicional por robo de vehículos y agresión a un oficial. Y desde 2018, señaló la policía, la Unidad de Evaluación Mental del LAPD lo había evaluado al menos ocho veces.

Ahora, Alaverdyan parecía estar en crisis una vez más al sostener un cuchillo no muy lejos de donde ocurrió el apuñalamiento, según el video de la cámara corporal de la escena. Se reía y movía las caderas mientras los oficiales apuntaban con sus armas hacia él. Luego se acercó a ellos, con el cuchillo todavía en la mano, y le dispararon con una bala real y un proyectil de tipo bean-bag.

El caso de Alaverdyan, al igual que varios otros tiroteos policiales en los últimos meses, destacó una tendencia preocupante de que los oficiales de LAPD abrieran fuego contra sospechosos con enfermedades mentales, pero también una falla más generalizada del sistema de salud mental para brindarles a las personas la atención que necesitan cuando tienen crisis repetidas en la calle o entran en contacto con la policía en encuentros menos graves.

En lugar de ello, en Los Ángeles y alrededor de la región, las personas con enfermedades mentales pasan por lo que la policía, los funcionarios de salud mental y los activistas coinciden en definir como la entrada por una puerta giratoria vertiginosa a unidades psiquiátricas temporales y salas de cárceles, y nunca obtienen la atención a largo plazo que necesitan antes de ser empujados a la calle nuevamente, hasta que finalmente terminan muertos o bajo custodia policial por un cargo lo suficientemente grave como para mantenerlos encarcelados para siempre.

Se cree que casi un tercio de las más de 30 personas baleadas por agentes del LAPD este año padecían una condición mental en ese momento. La mayoría habían sido evaluadas previamente y estaban enfermas.

La tendencia indignó a quienes quieren que se retire a la policía de situaciones que involucran a personas con enfermedades mentales y que creen que los agentes abren fuego demasiado rápido contra individuos en crisis, particularmente aquellos con armas punzocortantes, como cuchillos. Esa indignación ha alimentado las discusiones sobre retirar fondos a la policía.

Los tiroteos también generaron una creciente frustración entre los oficiales y los funcionarios y activistas de la salud mental, que afirman que el sistema de salud mental quebrado merece tanta atención como los propios tiroteos.

Muy pocas personas con enfermedades mentales que caen en crisis o son arrestadas por infracciones menores logran una transición exitosa a cuidados o viviendas a más largo plazo antes de que las cosas se agraven, señalaron, una realidad impulsada por un viejo sistema legal que lleva décadas cerrando asilos e instituciones especializadas en el estado sin poner en marcha opciones de atención comunitaria y las camas que originalmente se imaginaron para reemplazarlas.

El día antes de que los agentes le dispararan a Alaverdyan, la policía abrió fuego contra una mujer llamada Evelyn Del Real mientras presuntamente apuñalaba a su hijo pequeño con un cuchillo, relató la policía. El mismo día, agentes de LAPD hirieron a un hombre llamado Tony Yoon con un arma de proyectil cuando lo detuvieron después de que, al parecer, había prendido fuego a la casa de sus padres durante un enfrentamiento.

Menos de una semana después, el 6 de octubre, agentes de la policía de Los Ángeles dispararon contra una mujer llamada Victoria Bardales después de que supuestamente saliera de una tienda de campaña, en un campamento para personas sin hogar, y tomara como rehén a otra mujer a punta de pistola y disparara contra los agentes. El 13 de octubre, los agentes balearon fatalmente a un hombre llamado Carlos Arias después de responder a una denuncia de ataque con un arma mortal en Palms y, al parecer, encontrarlo agrediendo a su madre con un cuchillo de carnicero.

Al igual que Alaverdyan, la policía señaló que Del Real, Yoon, Bardales y Arias habían sido evaluados previamente por la Unidad de Evaluación Mental del LAPD -Arias al menos tres veces-. Bardales también había sido arrestada bajo sospecha de posesión de un arma de fuego cargada y fue liberada sin fianza el día antes de que le dispararan, luego de que un guardia del cementerio informara que estaba deambulando con una pistola y un hacha, relató la policía.

Los funcionarios y defensores de la salud mental advirtieron que no se debe asociar la violencia con personas que padecen enfermedades mentales, muchas de las cuales nunca se vuelven agresivas, y agregaron que el historial de la policía de Los Ángeles de disparar contra individuos en crisis debe ser examinado y abordado, incluso con más médicos capacitados en la escena para asesorar a los oficiales.

También agregaron que no es justo culpar únicamente a los agentes por los trágicos resultados entre la policía y las personas con enfermedades mentales cuando el sistema en el que operan está diseñado esencialmente para crear tales encuentros.

“La conclusión es que los sistemas de salud mental en este país, este estado y este condado, son completamente inadecuados”, señaló el Dr. Jonathan Sherin, director de salud mental del condado de Los Ángeles. “Tenemos lo que yo llamo el manicomio al aire libre de la calle y el manicomio cerrado de la cárcel”.

Sherin añadió, que durante años, los funcionarios gubernamentales invirtieron fondos sustanciales en las agencias policiales y muy poco en los programas de salud mental, lo cual los obligó a depender de la policía para lidiar con la creciente enfermedad mental en la comunidad, a pesar de que la policía está mal equipada y mal capacitada para hacerlo. “Ahora estamos en una posición en la que necesitamos aliviar [a los agentes], francamente, de una carga que no se merecen. No están preparados para eso, no están equipados y es un desajuste cultural”, comentó Sherin. “En un mundo perfecto, no solo tendríamos un policía vecinal, sino personal de salud mental en los vecindarios”.

“No culpo [a la policía] por estar frustrada”, remarcó Mark Gale, un antiguo defensor y asesor de políticas de la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales, que preside el comité de justicia penal del NAMI Greater Los Ángeles. “Ven a las mismas personas una y otra vez”.

En una discusión reciente sobre la serie de balaceras ante la Comisión de Policía civil, que revisa todos los tiroteos policiales y dictamina si estaban justificados, el jefe del LAPD, Michel Moore, elogió a sus oficiales por confrontar a individuos armados que en algunos casos amenazaban a rehenes, pero también dijo que los casos mostraban un patrón de fallas por parte de los sistemas de salud mental y justicia penal para ayudar y estabilizar a las personas en crisis la primera vez que los agentes los llevan a hospitales y cárceles. “Las otras partes de nuestro sistema están fallando, y fallando miserablemente”, remarcó Moore.

El departamento, en su propia declaración sobre la tendencia, destacó que las personas que padecen enfermedades mentales no solo están sacando armas en encuentros con la policía, sino que también impulsan otras formas de violencia en la ciudad. “La cantidad de individuos que ingresan y egresan de tratamientos por enfermedades mentales y que a menudo son dados de alta de instituciones sin un sistema de apoyo adecuado al momento de su alta han exacerbado los altos niveles de violencia que estamos experimentando en la ciudad”, enfatizó el departamento.

Y eso no se debe a una falta de esfuerzo por parte del LAPD para intervenir y transferir a esos residentes con la atención, añadió.

Cuando los agentes de policía se encuentran con alguien que parece ser un peligro para ellos mismos o para otros, o está “gravemente discapacitado”, pueden completar un formulario para que el personal médico lo evalúe y, potencialmente, lo retenga incluso contra su voluntad para su evaluación y atención durante un máximo de 72 horas. Es lo que se conoce como 5150, y sucede todo el tiempo.

En los primeros siete meses de este año, los oficiales de patrulla del LAPD completaron 3.724 solicitudes de este tipo, mientras que los del Equipo de Respuesta de Evaluación Mental en Todo el Sistema, o SMART, parte de la Unidad de Evaluación Mental, completaron otras 3.585, precisó el capitán Brian Bixler, que supervisa la unidad.

Esos números no son inusuales y serían aún más altos si el departamento no hubiera comenzado a desviar las llamadas de personas con pensamientos suicidas a los médicos este año.

Si bien 2020 fue una anomalía en el sentido de que redujo todo tipo de llamadas de servicio y respuestas policiales, comentó Bixler, en los últimos años se registraron números igualmente altos de 5.150 solicitudes. En 2019, SMART y los oficiales de patrulla presentaron un total de 11.595 solicitudes de este tipo, y en 2018 unas 11.753.

Si los médicos creen que una persona ingresada en un 5150 debe permanecer bajo cuidado después de la espera inicial de 72 horas, pueden solicitar que se retenga por más tiempo o sea colocada bajo una tutela que pondría las decisiones sobre su cuidado en manos de un ser querido o un supervisor asignado, pero eso requiere una audiencia en la que al paciente se le asigna un defensor para que argumente en su nombre.

El Dr. Curley Bonds, psiquiatra y director médico del departamento de salud mental del condado, supervisó anteriormente los derechos de los pacientes en tales entornos, y señaló que el sistema generalmente está diseñado para proteger la libertad de las personas, lo cual considera apropiado. Sin embargo, el sistema “tiene límites y también algunas brechas”, comentó Bonds.

Las personas suelen estabilizarse hasta cierto punto durante su tratamiento inicial, y cuando ya no califican como pacientes “agudos”, los hospitales dejan de recibir reembolsos al mismo nivel y tienen un incentivo para darles el alta, relató el psiquiatra. En cambio, algunos hospitales públicos son proactivos a la hora de solicitar tutela, pero los hospitales privados no lo son tanto, indicó.

Muchos pacientes en esa situación se beneficiarían de pasar de una cama de tratamiento agudo a una de subagudo, o de lo que se conoce como tratamiento ambulatorio asistido, dijo Bonds. Pero la región tiene un número muy insuficiente de tales ubicaciones y proveedores de atención, por lo cual muchas personas regresan a la calle antes de estar totalmente estables, y vuelven al radar de la policía poco después.

Sherin, el director de salud mental del condado, remarcó que el sistema debe revisarse de arriba a abajo, y que el condado necesita cuadriplicar la cantidad de médicos que tiene para responder a las personas en crisis en la calle, además de ofrecer salarios competitivos para atraer candidatos dispuestos a hacer ese trabajo a todas horas. El condado también tiene que aumentar enormemente el número de camas que tiene para personas en crisis mental, especialmente aquellas que no están en nivel agudo pero que se encuentran en recuperación después de un episodio grave.

El director de salud mental del condado de Los Ángeles añadió que los funcionarios deben esforzarse más para redirigir fondos estatales al tratamiento de enfermedades mentales y cambiar las políticas estatales y federales que surgieron como iniciativas bien intencionadas para poner fin al resguardo inhumano de pacientes con enfermedades mentales, pero que ahora impiden el progreso.

Una regla particularmente problemática, destacó, prohíbe los fondos federales para el tratamiento en instalaciones de salud mental con más de 16 camas, lo cual obliga a los gobiernos locales como el condado de Los Ángeles a construir múltiples instalaciones más pequeñas con diferentes contratistas -a un costo mayor y más gastos generales- si desean aumentar sustancialmente la capacidad de camas. “Es imposible imaginar lo ineficiente, confuso y desafiante a nivel administrativo que es hacer ese tipo de cosas”, manifestó.

Sherin también quiere cambiar el criterio para determinar cuándo una persona puede ser tratada involuntariamente, porque el actual -cuando el individuo representa un peligro para sí mismo o para otros o está “gravemente discapacitado”- es demasiado complejo y confuso, y es “interpretado por diferentes proveedores, distintos jueces, diferentes tribunales” de distintas maneras.

En la actualidad, añadió, alguien que vive constantemente en la calle, no puede mantener un trabajo, cae habitualmente en crisis graves e ignora afecciones médicas potencialmente mortales, como un cáncer no tratado o incluso un pie gangrenoso, es posible que aún no califique.

Sherin consideró que los cambios deben estar orientados a asegurar que quienes están bajo cuidado regresen a la sociedad, en lugar de dejarlos sufrir al margen. “No se trata de una inversión única, sino de una continua”, enfatizó.

Gale, el defensor de NAMI que luchó durante años para que su propio hijo recibiera cuidados a largo plazo, piensa que la forma en que el sistema maneja a las personas con enfermedades mentales es una vergüenza. Trasladarlos dentro y fuera de las unidades psiquiátricas temporales sin asegurarles atención a más largo plazo hasta que enfermen tanto que pierdan el control, mueran o sean arrestados es similar a que un oncólogo le diga a un paciente con signos tempranos de cáncer que vuelva una vez que haya desarrollado un cáncer avanzado, remarcó. “Eso es lo que les hacemos a las personas con enfermedades mentales”, señaló. “La ley permite que la gente se deteriore”.

Aproximadamente un mes después de que la policía le disparara en Hollywood Boulevard, Alaverdyan entró arrastrando los pies a la sala de un tribunal de salud mental en Hollywood vistiendo un traje acolchado color azul. Tenía las manos encadenadas y una expresión ausente nublaba su rostro. Su madre y su hermano estaban allí; la mujer susurraba su nombre mientras contenía las lágrimas, pero él no los reconoció. Era difícil saber si se dio cuenta de que estaban allí, a pesar de que se encontraban sentados a unos pocos metros de distancia.

Al revisar el caso, un juez rápidamente encontró a Alaverdyan incompetente para ser juzgado por los cargos en su contra, incluido el asalto con un arma mortal, y le ordenó recibir tratamiento de salud mental en espera de una audiencia de seguimiento.

Terminada la revisión, Alaverdyan se marchó, ni una sola vez miró hacia atrás, y su familia -que se negó a hacer comentarios para este artículo- abandonó la sala, sin saber qué pasaría a continuación.

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