Suspender licencias de conducir por no cumplir con las fechas de las cortes de tráfico genera más daño que beneficios

Las reformas para ayudar a los trabajadores de bajos ingresos de California afectados por la crisis del coronavirus no necesitan tener precios elevados. El gobernador Gavin Newsom podría ayudar a eliminar una barrera formidable al empleo para cientos de miles de californianos con dificultades. No costaría casi nada y el estado sería uno de los primeros en el país en hacerlo.

A principios de enero, cuando Newsom presente su propuesta de presupuesto para 2021 —su principal oportunidad para dar forma a la política estatal— puede sentar las bases para que todos los tribunales de California dejen de suspender las licencias de conducir de las personas cuando pierden sus citas en los tribunales de tránsito.

Aproximadamente 40.000 personas en la entidad sufren por mes la inhabilitación de este documento por fechas de tribunal perdidas, en un año típico sin pandemia. Es una pena extrema, y recae en gran medida sobre los pobres y las personas de color. A largo plazo, la práctica aplicada a infracciones menores hace mucho más daño que bien al estado.

Donna Harati, directora de servicios legales de Homeboy Industries, colabora con California Back on the Road Coalition, un consorcio de grupos que abogan por limitar las suspensiones de licencias solo a conductores peligrosos. Ella ha visto de primera mano cómo una infracción menor puede provocar la pérdida de una cita en el tribunal que causa daño a las personas.

Alguien recibe una multa, pero no posee tiempo libre para llegar al tribunal, explica Harati. Otros no pueden pagar la multa y tienen miedo de ser encarcelados si se presentan. O temen ser arrestados por su estatus migratorio. Algunas personas con viviendas inestables ni siquiera reciben un aviso para presentarse.

“Cuando estás luchando por salir adelante”, señaló Harati, “hay tantas barreras sistémicas que hacen que sea difícil llegar al tribunal”.

Un estudio mostró que el 40% de los que tenían sus licencias de conducir suspendidas perdieron sus trabajos en seis meses. Eso no es sorprendente, si se tiene en cuenta que un patrón puede exigirle conducir y que el 80% de los californianos lo hace para ir al trabajo.

Para aquellos que no tienen los medios para lidiar con una citación en primer lugar, la suspensión solo les afecta más. Si las personas se sienten obligadas a seguir trasladándose a pesar de la suspensión —para llevar a sus hijos a la escuela o ir al trabajo— cada vez que están al volante podrían ser detenidos y descubiertos. Manejar sin licencia es un delito menor. “Te pueden arrestar, inculpado y remolcar tu auto”, expuso Harati.

Esto es particularmente cierto en los barrios más pobres, y donde las disparidades raciales son extremas. Según un análisis del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) y los datos del censo realizado por Back on the Road Coalition, las colonias más pobres tienen una presencia policial más pesada, lo que significa mayores paradas de tráfico, más multas, más posibilidades de perder citas en el tribunal y, una vez que se pierde una licencia, mayores probabilidades de que alguien que siga conduciendo sea detenido. El informe de la coalición “Detenidos, multados y arrestados” muestra tasas de suspensión hasta cinco veces más altas en las comunidades negras y latinas, en comparación con los vecindarios blancos.

Afortunadamente, sabemos que la reforma vale la pena. Bajo la presión de las organizaciones locales de derechos civiles, el Tribunal Superior de San Francisco dejó de suspender las licencias por “no comparecencia” en 2017, y también comenzó a reevaluar las de larga data. En 2019, el tribunal suprimió 88.000 retenciones de este documento. La acción del Tribunal se basó en una reforma anterior relacionada: en 2015, San Francisco había terminado con la práctica de anular el documento por multas de tránsito que no fueron pagadas.

Quienes ven desde el exterior a menudo asumían que, sin la amenaza de esta acción, las faltas de comparecencia aumentarían y los tribunales perderían los ingresos necesarios generados por las multas de tránsito. De hecho, los funcionarios del tribunal de San Francisco informan que no hay diferencias en las tasas de comparecencia desde el cambio de 2017. Y una investigación realizada por el Proyecto de Justicia Financiera de esa ciudad —mi oficina— muestra que los ingresos judiciales por citación de tráfico en realidad aumentaron después de ambas reformas.

La razón es simple: las personas están en mejores condiciones de liquidar las multas si aún pueden mantener un trabajo. San Francisco también descubrió que, en general, el castigo no es la única, ni la mejor, forma de lograr que la ciudadanía cumpla con sus obligaciones. El Tribunal Superior no solo dejó de suspender licencias por deudas de multas de tráfico y fechas de comparecencia perdidas, sino que también facilitó el pago en primer lugar, ofreciendo descuentos basados en los ingresos y enviando declaraciones de liquidaciones mensuales.

En 2017, el plan presupuestario del entonces gobernador, Jerry Brown, instaba a poner fin en todo el estado a la suspensión de las licencias de conducir debido a las multas de tráfico que no eran pagadas. Se promulgó legislación y, desde entonces, otras ocho entidades han seguido el ejemplo de California.

Ahora es el turno de Newsom. Debería enviar la señal en su presupuesto 2021-22 de que la Legislatura tiene que completar el trabajo de reformar las suspensiones de las licencias de conducir al prohibir la práctica de las fechas de tribunal perdidas también.

La inhabilitación del documento es un castigo apropiado por trasladarse de manera peligrosa, pero no por no pagar las multas o no comparecer ante el tribunal por infracciones menores. Con la economía tambaleándose en respuesta a la pandemia, y con millones de californianos sin trabajo, el precio de la inacción en las suspensiones de licencias de conducir es simplemente demasiado alto.

Anne Stuhldreher dirige el Proyecto de Justicia Financiera en la oficina del tesorero de la ciudad y el condado de San Francisco, y es miembro del Programa de Seguridad Financiera del Instituto Aspen.

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