Después de que una paciente de un hogar de ancianos murió de COVID-19, su hija contraatacó
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Todo sucedió tan rápido.
El 12 de mayo, Griselda Nava de Arleta fue al Centro de Rehabilitación Parkwest en Reseda para almorzar con su madre, que había vivido en la instalación desde que sufrió un derrame cerebral en 2012. Un miembro del personal le dijo a Nava que su madre, Florentina López, no se sentía bien. Una enfermera señaló que podría ser una infección del tracto urinario, pero la situación no era grave.
El 15 de mayo, una enfermera supervisora le informó a Nava que su madre estaba bien.
El 18 de mayo, Nava recibió una llamada de la hija de una de las compañeras de cuarto de su madre diciendo que creía que la mamá de Nava había sido llevada al hospital. En su camino a Parkwest para averiguarlo con seguridad, Nava recibió una llamada de un médico de la sala de emergencias informándole que su madre estaba muy enferma. Dos horas después, el mismo médico le avisó que su madre tenía COVID-19 y había sufrido un ataque cardíaco.
El 19 de mayo, Florentina López, de 66 años, murió en el hospital.
“Ni siquiera pudimos darle un funeral formal”, comentó Nava, a quien se le prohibió estar con su madre en sus últimos días y cuyo dolor es tan profundo como su ira por las circunstancias de la muerte de su madre.
Las acusaciones, contenidas en una demanda por homicidio culposo presentada contra Parkwest la semana pasada, se producen cuando el COVID-19 todavía se está extendiendo por los centros de ancianos en todo el estado. De acuerdo con los registros del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, 23 empleados de Parkwest y 16 pacientes en las instalaciones han dado positivo por COVID-19.
A partir del lunes, el número de muertos eran seis.
“A lo largo de abril y mayo... los dirigentes de Parkwest se enteraron que varios miembros de su personal padecían o eran sospechosos de tener COVID-19, pero no informaron a los residentes o sus familias y continuaron permitiendo que el personal trabajara”, expone la demanda presentada por el abogado Scott Glovsky, quien también alegó que Parkwest no proporcionó equipos de protección para el personal sino “hasta mayo”.
La propietaria de Parkwest, Crystal Solórzano, fue nombrada como acusada en la demanda. Ella no respondió a mis múltiples solicitudes de comentarios. El sitio web Medicare.gov, donde se pueden encontrar datos de hogares de ancianos, le da a Parkwest una calificación de una estrella (de cinco posibles), que la describe como “muy por debajo del promedio”. Las calificaciones se basan en criterios tales como inspecciones de salud, personal y calidad de la atención, y la evaluación de Parkwest detalla numerosas deficiencias.
Florentina López no fue más que una víctima más en la cifra creciente y escandalosa de pacientes ancianos muertos por el virus. Alrededor de 28.000 residentes y empleados de hogares de adultos mayores han fallecido en todo el país. En California, casi 2.000 residentes de centros de enfermería especializada han muerto, junto con más de 60 empleados, lo que representa aproximadamente el 43% de las defunciones totales del estado.
Glovsky, quien demandó a un hogar de ancianos de Glendale el mes pasado por la muerte de un paciente de 77 años por Covid, dijo que, tradicionalmente, tres cosas han ayudado a mantener la industria de hogares de adultos mayores bajo control, y los tres están amenazados en este momento.
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La primera son las visitas familiares, que permiten a los familiares controlar la atención. Desde que llegó el COVID-19, las visitas familiares se han reducido o prohibido. El segundo es el monitoreo riguroso y la aplicación, pero los críticos han alegado durante mucho tiempo que no hay suficiente supervisión. Y el tercero son las demandas, pero la industria está ejerciendo un peso considerable en California y en todo el país, presionando para obtener protección de las responsabilidades de los daños.
Desde el comienzo de la pandemia, me ha parecido que ha habido una indiferencia colectiva sobre la muerte de nuestros ancianos vulnerables, a menudo sin tener seres queridos cerca, como si sus vidas fueran desechables. Estos son a menudo pacientes muy viejos y enfermos, y el coronavirus acecha a esos grupos demográficos. Pero eso no disculpa la tragedia de tantos decesos de personas de la tercera edad, ya que los funcionarios públicos han regateado, de manera inconcebible, sobre los detalles de si las pruebas en dichas instalaciones son obligatorias y cómo hacerlo.
Aunque innumerables hogares de ancianos están bien administrados y cuentan con empleados dedicados, incluso heroicos, el estado ha hecho muy poco para sancionar a los operadores con registros incompletos, manifestó Michael Connors de California Advocates for Nursing Home Reform.
“El Departamento de Salud Pública de California desplegó la alfombra de bienvenida hace mucho tiempo a los ‘malos personajes’ y ahora los residentes de hogares de ancianos están pagando el precio con sus vidas”, dijo Connors.
Cuando vi en la demanda que la dueña de Parkwest era Crystal Solórzano, hice una verificación rápida y su nombre apareció en las últimas noticias del Área de la Bahía. Resulta que ella también es propietaria del Centro de Atención Orinda, donde 40 residentes y 31 empleados han dado positivo por COVID-19 y se han reportado varias muertes.
En total, Solórzano también figura en los registros estatales como propietaria total o parcial de 11 instalaciones en todo California, ocho de ellas en los condados de Los Ángeles, Riverside, San Bernardino y Orange.
“Ha estado en nuestro radar durante mucho tiempo”, dijo Molly Davies, vicepresidenta de los servicios de prevención y abuso del anciano de Los Ángeles, quien señaló que ha discutido los patrones de atención en las instalaciones de Solórzano con funcionarios de salud estatales.
Además de los 11 hogares de ancianos que posee, Solórzano está afiliada en al menos otras nueve instalaciones en California, según los registros estatales. No es inusual en la industria de hogares de adultos mayores, dijo Connors, que una parte compre una instalación en virtud de un acuerdo provisional mientras solicita al estado ser el propietario oficial con licencia, un proceso que puede llevar meses o años.
En el caso de los nueve hogares de ancianos, Solórzano indicó en las solicitudes estatales que se había hecho cargo de las instalaciones y solicitó un cambio de propiedad al departamento de salud del estado. En cartas fechadas el 24 de abril, el estado rechazó las nueve solicitudes, pero ella apeló esa decisión y puede operarlas legalmente durante el proceso de apelación.
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“AVISO DE NEGACIÓN DE SOLICITUD”, decía una de esas cartas, con respecto a la propiedad de una instalación de Porterville.
“En o alrededor de julio de 2008, usted presentó documentos fraudulentos para obtener su licencia de administrador de un hogar de ancianos”, exponía la carta, que señalaba que la licencia de administrador de Solórzano fue revocada en 2019, pero sigue activa porque también apeló esa decisión del estado.
La carta continuó diciendo que una revisión del departamento de salud estatal “reveló 128 violaciones regulatorias federales” en instalaciones que ella “poseía, administraba u operaba, directa o indirectamente” en los tres años que terminaron en febrero.
Durante ese mismo período, según la carta, las violaciones de las regulaciones estatales incluyeron 34 citas por violaciones que tenían “una relación directa o inmediata con la salud del paciente”, 16 citas por “peligro inminente de muerte o daño grave” y una cita por “proximidad directa de la causa de muerte de un paciente”. Y el estado precisó que había tres sanciones por incumplimiento de los requisitos mínimos de personal obligatorios.
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En una entrevista con ABC-7 News en San Francisco a mediados de abril, Solórzano expresó sus condolencias por la pérdida de vidas en su instalación en Orinda. A mediados de mayo, la estación informó que Solórzano había enviado por correo electrónico una declaración en la que disputaba las acusaciones contra ella en las cartas estatales que negaban sus licencias de propiedad. Su declaración expuso en parte:
“Las acusaciones en la carta de CDPH a la que hace referencia son falsas. Habrá una audiencia en septiembre sobre el asunto y responderemos públicamente a estas acusaciones infundadas en el momento apropiado. Nuestro único enfoque ahora es mantener la salud y la seguridad de nuestros residentes”.
Kate Folmar, una portavoz de la Agencia de Salud y Servicios Humanos del estado, dijo que con respecto a Solórzano, el departamento de salud “ha tomado todas las medidas disponibles bajo la ley estatal en esta situación”.
El coronavirus llegó al norte de California no sólo de personas que lo trajeron de otros estados sino de viajeros internacionales de muchos lugares.
Ella pasó lo siguiente de un empleado del departamento:
“Según la ley de California, un nuevo administrador puede asumir las operaciones de un SNF [centro de enfermería especializada] utilizando un Acuerdo de transferencia de operaciones de gestión (MOTA) y ese nuevo encargado puede continuar operando bajo el MOTA hasta que se escuche y resuelva una apelación de un cambio de propiedad. Un operador no necesita tener una licencia NHA para poseer / operar un SNF”.
Puede continuar siendo propietario y operar un hogar de ancianos en el que el estado no cree que esté calificado para funcionar siempre y cuando esté apelando la decisión del estado.
Tal vez eso sea parte del problema.
“¿Se imagina el alboroto si el estado permitiera a los conductores de autobuses escolares seguir transportando a los estudiantes después de perder sus licencias debido a accidentes fatales?”, preguntó Connors.
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El lunes, el grupo de Connors lanzó un plan de reforma de 10 puntos para revisar la industria de hogares de ancianos del estado, acusando que la falta de personal y la “aplicación sin ataduras” permitieron al COVID-19 causar “devastación y tragedia sin precedentes”.
Griselda Nava aseguró que hizo múltiples quejas a la gerencia sobre el cuidado de su madre en Parkwest. Expuso que se quejaba de que su madre, quien trabajaba como costurera y en un matadero antes de sufrir un derrame cerebral a los 59 años, no recibió la atención de higiene adecuada, incluidos los pañales, y que un asistente masculino a veces manejaba la higiene personal, a pesar de repetidas solicitudes de tener una ayudante femenina, acusaciones también hechas en la demanda.
Nava comentó que los días que han pasado desde la muerte de su madre han traído poco alivio. Irónicamente, ella ha estado estudiando para convertirse en enfermera porque sabe por la experiencia de su madre lo importante que es para los pacientes que alguien esté allí para ayudarlos en sus horas de mayor necesidad.
“Me levanto enojada todas las mañanas”, reveló.
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