Aprueban asistencia de familias cuyos seres han muerto en manos de las autoridades

La Junta de Supervisores vota por unanimidad a favor de un programa para apoyar a las familias afectadas por muertes por uso de la fuerza y bajo custodia. Y aunque varios activistas señalan que la acción es positiva, también indican que es mejor prevenir las muertes responsabilizando a los agentes de sus actos.

Brian K. Williams, director ejecutivo de la Comisión de Supervisión Civil sostiene que al personal les conmueven las historias y los testimonios de los miembros de la comunidad que han perdido a seres queridos.

“La creación del Programa de Asistencia Familiar ilustra cómo, cuándo nos escuchamos unos a otros, dialogamos y trabajamos colectivamente, pueden suceder cosas buenas. Este es un gran ejemplo del trabajo que puede realizar la Comisión”, agrega.

De acuerdo con la moción, el Programa de Asistencia Familiar está “dirigido a mejorar la comunicación y brindar apoyo basado en el trauma a las familias que pierden a un ser querido a través del uso fatal de la fuerza o la muerte en custodia de algún agente del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles”.

En los últimos tres años, más de 100 personas murieron durante incidentes relacionados con el uso fatal de la fuerza por parte de los agentes en el campo de trabajo o mientras estaban bajo la custodia del Departamento del Sheriff.

“La necesidad del Programa de Asistencia Familiar no puede ser exagerada”, dice J.P. Harris, Comisionado de Supervisión Civil. “La colaboración con otros departamentos del condado y organizaciones comunitarias en última instancia resultará en mejores relaciones entre el Departamento del Alguacil y las comunidades a las que sirven”.

Sin embargo hay activistas que dicen que la ayuda no solo se debe proveer después de una muerte.

“El hecho es que no podemos esperar a que haya más muertes para aliviar a las familias. En primera estancia, si los agentes fueran mejor entrenados, el uso de fuerza brutal no llevaría a matar”, dice Tony Brown, miembro de Black Lives Matter.

“Creo que el condado también debe seguir entrenando a sus agentes y viendo quienes de ellos no califican para asistir a la comunidad, y sacarlos del departamento, pues hay mucho agente que no importa cuánto entrenamiento tenga, el odio lo ciega”, sostiene.

El Programa de asistencia familiar solicita la colaboración entre varios departamentos del condado, identificando roles para salud mental, salud pública, médico forense-forense, registrador-registrador, inspector general, comisión de supervisión civil y la oficina ejecutiva principal. También solicita la participación del alguacil y del fiscal de distrito.

A juicio de José Rodríguez, miembro de The Vermont Manchester Colaborative, la clave está en el entrenamiento de agentes para lidiar con las personas que tienen enfermedades mentales.

“Siempre se escucha el caso donde la familia sostiene que su ser querido estaba enfermo y los agentes lo sabía, y aun así le dispararon. Mucha de nuestra gente que está encarcelada o se ve acorralada por las autoridades está enferma”, dice Rodriguez. “Eso también debe tomarse en cuenta y estudiarse”, señala.

No obstante para el condado este es un salto grande, especialmente para las familias que ya estan experimentando estas pérdidas.

“Estas familias que pierden a un ser querido a través del Departamento del Sheriff o mueren bajo custodia bajo la jurisdicción del Condado pasan por un dolor traumático”, dice Patti Giggans, presidenta de la Comisión de Supervisión Civil del Condado y directora ejecutiva de Peace Over Violence.

“Nuestra Comisión dedicó mucho tiempo en escuchar a las familias y trabajar con grupos de defensa de la comunidad, y pudimos identificar las brechas en los servicios de comunicación y apoyo. Esperamos con interés el desarrollo del programa de asistencia familiar multidisciplinario, un enfoque que proporcionará a las familias en duelo información oportuna y una cálida entrega de servicios”, enfatiza.

El 27 de septiembre de 2018, la Comisión de Supervisión Civil votó unánimemente para aprobar las recomendaciones de Asistencia Familiar. El comité ad hoc de Asistencia y Comunicaciones Familiares fue creado para revisar las interacciones entre el Departamento del Alguacil y los miembros de la familia después del uso fatal de la fuerza y las muertes en custodia.

La colaboración con grupos comunitarios como la Coalición de Justicia Juvenil y otros departamentos del Condado fue esencial para identificar problemas sistémicos y descubrir soluciones para cerrar la brecha. El comité estuvo compuesto por la Presidenta Patti Giggans, el Comisionado James P. Harris, la Comisionada Priscilla Ocen y la ex Presidenta Heather Miller.

El 9 de octubre de 2018, una moción por parte de los Supervisores Mark Ridley-Thomas y Sheila Kuehl instruyó a la Oficina del Director Ejecutivo que revisara las recomendaciones e informara al respecto. El informe del 19 de junio de 2019 describe un plan de implementación para el programa.