¿Negocios santuario? Los estados más críticos con la inmigración indocumentada no controlan a las empresas

Hoy Los Angeles

Sep. 12, 2017 5:51 AM PT

Como parte de su dura postura contra la inmigración ilegal, Texas ha sido uno de los pocos estados que requieren que las agencias estatales utilicen un sistema federal conocido como E-Verify para examinar los antecedentes de los solicitantes de empleo.

El sistema comprueba los números de Seguro Social para asegurarse de que un potencial empleado tiene autorización para trabajar en los EE.UU.

Pero a pesar del uso de la tecnología, el estado no cuenta con nadie encargado de hacer que las agencias cumplan con la ley. Tampoco requiere que los empleadores privados utilicen el sistema si no trabajan con el estado. Eso, sostienen algunos expertos en inmigración, destaca un defecto en la forma en que los estados y el gobierno federal combaten la inmigración ilegal.

Presuntamente, E-Verify descarta a los potenciales trabajadores que se encuentran de forma ilegítima en el país, pero su uso es en gran medida opcional. En los estados donde se lo requiere, su uso es inconsistente, incluso en Texas.

Algunos activistas por los derechos de los inmigrantes se quejan de que los gobiernos, aunque están deseosos de hallar a los trabajadores no autorizados, protegen a los empleadores que los contratan. Los demócratas de Texas acuñaron un término para describir esta situación -un giro en la frase “ciudades santuario”- con el cual JoAnn Flemming, directora ejecutiva del grupo conservador Grassroots America, concuerda. “Se los conoce como ‘negocios o industrias santuario’”, afirmó. “El uso del término enoja a muchos republicanos, pero el hecho es que hay un fuerte lobby para la mano de obra barata en Texas, y ellos conceden mucho dinero a los candidatos y tienen una fuerte influencia”.

La senadora Claire McCaskill (D-Mo.), del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, criticó durante mucho tiempo a los funcionarios gubernamentales por la tendencia a tomar duras medidas contra los indocumentados, mientras se ignora a quienes los contratan ilegalmente.

En marzo, cuestionó al presidente del National Immigration and Customs Enforcement Council durante una audiencia del Congreso sobre la aplicación de la ley inmigratoria:

“¿Por qué no vamos tras los empleadores que están engañando a sabiendas?”, preguntó McCaskill. “Ellos son, de hecho, un imán que ayuda a atraer a la gente de este lado de la frontera. La mayoría de estas personas no vienen de vacaciones; vienen a encontrar trabajo”.

El deseo de equilibrar el enfoque en los inmigrantes no autorizados sin perjudicar a las empresas que dependen de ellos es en parte encarnado por el uso de E-Verify.

En la actualidad, el sistema sólo es obligatorio en todo el país sólo para los empleadores que contratan con el gobierno federal. A principios de este año, el senador Charles E. Grassley (R-Iowa) presentó un proyecto de ley que obligaría a todos los empleadores estadounidenses a usar E-Verify al contratar nuevos trabajadores. Grassley ha presentado medidas similares en el pasado, pero nunca avanzaron en el Congreso.

Solamente Arizona, Alabama, Mississippi y Carolina del Sur requieren que todos los empleadores privados y públicos utilicen E-Verify dentro de sus fronteras. Pero la aplicación de esta norma es débil y los castigos por las contravenciones son poco usuales, según expertos en inmigración. La ley de Carolina del Sur contiene múltiples lagunas que eximen a las amas de casa, paisajistas, trabajadores agrícolas, niñeras y pescadores que trabajan en pequeños equipos.

“Las lagunas están exactamente en las áreas en las que preocupan”, consideró Frank Knapp, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pequeñas Empresas de Carolina del Sur, que se opone a exigir el sistema basándose en que es una carga para las empresas.

Pero incluso si E-Verify fuera ampliamente utilizado, el sistema tiene algunos defectos fundamentales, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). No puede, por ejemplo, detectar números de Seguro Social prestados o robados.

Mark Reed, experto en control de inmigración, afirmó que cada uno de los cerca de 1,300 trabajadores arrestados en las incursiones de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) en 2006 a las plantas de carne de Swift & Co. en el medio oeste habían superado exitosamente una revisión de E-Verify. Reed, quien ahora es consultor de compañías sobre asuntos de inmigración, fue anteriormente un alto funcionario del predecesor de ICE, el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS).

En 2009, una revisión independiente del programa E-Verify para DHS descubrió que aproximadamente el 54% de los trabajadores no autorizados que eran examinados a través del sistema aún resultaban aprobados para trabajar.

Sumado a ello, en los tres estados donde E-Verify se exige a todos los empleadores, sólo la mitad de los nuevos trabajadores fueron examinados por los empleadores, según datos compilados por el Cato Institute, un centro de estudios libertario que se opone a extender el uso del programa a nivel nacional.

Los críticos de E-Verify argumentan que el fracaso de los estados para ampliar su utilización es una señal de lo que sucedería si el sistema fuese obligatorio en todo el país. “Si estos estados no pueden hacer cumplir el uso de E-Verify dentro de sus propias fronteras, ¿cómo puede el gobierno federal hacerlo a nivel nacional?”, preguntó Alex Nowrasteh, analista de políticas de inmigración en el Centro para la Libertad y Prosperidad Global del Instituto Cato.

Si E-Verify fuese obligatorio a nivel nacional, los efectos más profundos se sentirían en dos estados que tienen enfoques drásticamente diferentes de la inmigración. Texas y California poseen, por mucho, algunos de los mayores números de personas indocumentadas: 1.65 millones y 2.35 millones, respectivamente.

En Texas, el 8.5% de la población activa está formada por personas sin autorización para estar en el país, según un informe del Pew Research Center, de 2016. En California, el 9% (Nevada ocupa el primer lugar en la nación, con 10,4%, según Pew).

Hace seis años, California prohibió a los municipios el uso obligatorio de E-Verify, incluso anuló una serie de normas locales en ciudades como Temécula, Murrieta y Elsinore. Con la excepción de los contratos del gobierno federal, el programa es voluntario en este estado. Pero incluso en Texas, el uso de E-Verify es limitado y no fue exigido sino hasta 2014, mediante una orden ejecutiva del entonces gobernador, Rick Perry.

El decreto de Perry se aplicaba sólo a las agencias estatales bajo la jurisdicción del gobernador, y a las empresas que contrataban con ellas. Pero debido a que la orden no asignó una agencia específica para supervisar su aplicación, el cumplimiento funciona en gran medida bajo el sistema de honor.

En 2015, el sucesor de Perry, Greg Abbott, firmó un proyecto de ley que requiere que todas las agencias estatales examinen a los solicitantes de empleo con E-Verify. Sin embargo, la regulación evitaba el requisito a las empresas contratantes con el estado, aunque posteriormente un tribunal determinó que esas compañías también debían usar E-Verify.

Este año se presentó un proyecto de ley para hacer efectiva esa decisión judicial; éste solicita penalizar a los contratistas estatales que no no hayan utilizado el sistema de comprobación. Una vez más, sin embargo, los legisladores se negaron a señalar a las empresas, y el proyecto de ley murió en la Legislatura.

Cathy DeWitt, vicepresidente de asuntos gubernamentales de la influyente Association of Business, argumentó que exigir los controles de E-Verify devastaría la economía de Texas y llevaría a los trabajadores a la economía en negro. “Creo que la realidad es que hay casi dos millones de trabajadores indocumentados en Texas, por lo cual leyes como esas los obligan a mudarse, pero son personas que contribuyen a la sociedad”, señaló. “Además de los empleos hay muchas otras cosas; ellos compran casas, alimentos. Tienen poder de compra en Texas… Se han convertido en ciudadanos valiosos. Simplemente expulsarlos de los estados sería un gran golpe económico”.

Fleming, de Grassroots America, consideró la dura retórica contra la inmigración indocumentada “el gran cuento de hadas de Texas”, porque los legisladores no están dispuestos a apuntar a los grandes negocios que contratan a trabajadores no autorizados.

En Arizona, otro estado que recientemente impulsó medidas duras para combatir esta inmigración, ninguna agencia tiene la tarea de verificar activamente si los empleadores cumplen con E-Verify, de acuerdo con la oficina del fiscal general.

Desde la creación de E-Verify, la oficina del procurador general investigó dos casos de incumplimiento del programa. La agencia sólo puede investigar si hay una denuncia formal, informó Mía García, vocera del procurador de Arizona, Mark Brnovich.

La Ley de Trabajadores de Arizona requiere que todas las empresas utilicen E-Verify y amenaza con quitar las licencias de aquellas que contratan a sabiendas a personas sin autorización. Pese a ello, sólo el 57% de los empleadores de Arizona utilizaron el sistema para sus nuevas contrataciones, según datos de 2014 analizados por el Instituto Cato.

“Fue la gran esperanza que nunca ocurrió”, expresó el exsenador estatal Rich Crandall, un republicano de Mesa, acerca de la ley de Arizona. “Se prometió como el santo remedio para los problemas de inmigración. E-Verify iba a resolver todos nuestros retos con el tema”.

Traducción: Valeria Agis

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