Migrantes con limitaciones mentales podrán regresar a EE.UU. a pelear su caso

LOS ÁNGELES/EFE — Más de 900 inmigrantes con limitaciones mentales podrán apelar su caso y buscar residencia permanente en Estados Unidos gracias a un acuerdo firmado con la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) para retirar una demanda contra las autoridades de inmigración.

Los inmigrantes que defendieron sus propios casos en corte y recibieron una orden de deportación o han sido deportados, podrán ser escuchados nuevamente ante un juez con la asistencia de un abogado especializado, destacó Carmen Iguina, abogada de ACLU del Sur de California.

“Estas personas de la demanda de grupo podrán regresar a sus comunidades y a sus familias y hacer un seguimiento de sus casos aquí (en Estados Unidos)”, aseguró hoy Iguina.

A su vez, el director de ACLU del Sur de California, Héctor Villagra, señaló que “esta es una victoria del debido proceso”, y destacó que esta es la primera vez que se logra un acuerdo de grupo que favorece a inmigrantes indocumentados.

En una decisión anunciada el viernes por la juez federal Dolly Gee, los inmigrantes “con serias inhabilidades mentales” que fueron deportados de California, Arizona y Washington entre noviembre 21 de 2011 y enero 27 de este año, podrán regresar al país y solicitar la reapertura de sus casos.

Entre los 900 identificados por el gobierno y beneficiados con el acuerdo, “hay muchos latinos” aseguró la abogada de ACLU aunque dijo que no es posible establecer un número exacto.

ACLU destacó en su queja legal presentada en el 2010, que José Antonio Franco González, uno de los casos centrales de la demanda tiene “la habilidad cognoscitiva de un niño de dos años de edad”.

La profesora de leyes, Cindy Buys, de la Universidad del Sur de Illinois, argumentó en un informe que a pesar de “un diagnóstico psiquiátrico de retardo mental moderado en el 2005 y su inhabilidad para entender los procesos de inmigración, José estuvo detenido durante otros cinco años antes de salir en libertad”.

Buys criticó que el gobierno estadounidense aceptó que Franco González y otros en condiciones similares “se defendieran a sí mismos en los procedimientos de inmigración”, sin contar con la asesoría de un abogado especializado.

Hasta el momento, ni las autoridades de inmigración ni el Departamento de Justicia se han pronunciado públicamente sobre el acuerdo aunque el gobierno ayudará con los costos para volver a traer al país a los favorecidos con el acuerdo.