Inmigrantes víctimas de crímenes podrían tener la oportunidad de la residencia

CALIFORNIA/EFE — La asamblea de California aprobó ayer una propuesta que busca asegurar que cualquier inmigrante indocumentado víctima de un crimen en California tenga la oportunidad de solicitar una visa de permanencia.

La medida SB 674 presentada por el presidente encargado del Senado, el hispano Kevin de León, y la presidente de la Asamblea Toni Atkins, logró 66 votos a favor y ninguno en contra, y busca que sea obligatorio para las autoridades federales ofrecer a las víctimas de delitos graves la denominada Visa-U.

“Cada vez que un criminal queda libre porque la víctima teme a la deportación y a la policía estamos con un poco menos de seguridad”, argumentó el demócrata De León.

Para que las autoridades federales estudien la posibilidad de otorgar esta visa especial, se necesita que la víctima del delito quiera colaborar en la investigación y acuse legalmente a los posibles responsables.

Atkins resaltó que la oportunidad de esta visa se debe ofrecer a todas las personas víctimas de un delito calificado para su otorgamiento, sin importar en que área del estado reside la víctima.

“No debería importar dónde fue usted víctima de la violencia doméstica para calificar para la Visa-U”, explicó la demócrata.

Según se argumentó en la justificación de la medida, es necesario unificar los criterios de las autoridades locales para ofrecer la visa, ya que en algunos condados como Los Ángeles es de fácil acceso mientras en otros como Kern es sumamente difícil.

“Vemos políticas inconsistentes que dependen más de la inclinación de los órganos de aplicación local de la ley, que del duro esfuerzo que los sobrevivientes han hecho para cooperar con las autoridades”, señaló Michelle Carey, abogada sénior del Centro para la Ley y la Justicia de Los Ángeles.

Algunos de los delitos graves calificados para solicitar la Visa-U son el secuestro, la extorsión, el asalto agravado, la violencia doméstica, el fraude en contratación de trabajo, el incesto, el secuestro, el asalto o la explotación sexual y el tráfico de personas, entre otros.

“El miedo y la desconfianza son obstáculos para la administración de la justicia”, concluyó De León.

La medida, que pasa ahora al escritorio del gobernador Jerry Brown para su firma o su veto, forma parte de un paquete legislativo de 10 propuestas conocido como “Los inmigrantes dan forma a California”, presentado a la legislatura en abril pasado.