El futuro de los menores centroamericanos detenidos en manos de Obama
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LOS ÁNGELES — El presidente Barak Obama tiene una ‘papa caliente’, así lo valoran activistas pro-inmigrantes con el veredicto de la jueza federal Dolly Gee, quien afirma que los menores centroamericanos no deberían ser retenidos por más de 72 horas.
De acuerdo a la jueza los menores pueden ser retenidos más tiempo a menos que representen un riesgo de fuga o sean un peligro; por lo tanto, el gobierno federal tiene hasta el 23 de octubre para cumplir con la orden de liberarlos.
“Es lo justo, que los libere, especialmente a ellos que vienen buscando a sus padres y huyen de la violencia en sus países en donde estaban en peligro sus vidas”, manifiesta Gloria Saucedo, directora de Hermandad Mexicana Transnacional.
En el año fiscal 2014, ingresaron a Estados Unidos más de 68 mil menores originarios de Honduras, El Salvador y Guatemala, región en donde la violencia por las pandillas se ha recrudecido.
Se estima que la administración Obama está deteniendo a 1,400 padres y niños en tres centros de detención, dos de ellos ubicados en Texas y otro en Pensilvania, causándoles daños sicológicos en albergues con condiciones infrahumanas.
A juicio de Salvador Sanabria, director de la organización El Rescate, la detención prolongada lo que busca es obligarlos a que firmen la salida voluntaria, pero no garantiza los mínimos derechos para los menores de edad.
“La decisión de la jueza desenmascara la doble cara de la administración Obama”, afirma el activista. “Los menores tienen derecho a la representación legal y presentar sus casos en una petición de asilo”.
El plazo otorgado por la jueza Gee puede ser utilizado por el gobierno para dejar en libertad a los detenidos, o para apelar la decisión.
“No es una salida automática”, admite el abogado de inmigración Álex Gálvez, detallando que de ahora en adelante no podrán detener a los menores sin razón, como se ha hecho en la última ola migratoria.
“Ahora el presidente tiene la presión de dejarlos salir, de lo contrario estaría violando una ley federal; también puede apelar. La gran pregunta es: ¿Qué va a hacer Obama?”, reflexiona el jurista.
Mientras el caso es revisado, las madres e hijos permanecerán detenidos, inclusive puede llegar hasta el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos.
En su momento, los abogados del gobierno federal argumentaron que el veredicto inicial de Gee desataría otra ola de inmigrantes centroamericanos, aunque en esta oportunidad tienen que sortear la militarización de la frontera sur de México.
Los consulados de Honduras, Guatemala y El Salvador en Los Ángeles siguen de cerca este tipo de casos, a través de los departamentos de protección.
“Parte del problema es establecer la nacionalidad de los menores, porque antes de liberarlos tienen que ser identificados”, aseveró el cónsul hondureño Pablo Ordóñez, detallando que conectan a los familiares con los oficinas consulares en las fronteras.
La mayor parte de los casos de menores centroamericanos no acompañados han sido registrados en el estado de Texas.
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