Preocupa al FBI datos cifrados para seguir pesquisas

WASHINGTON / AP — Agentes federales advirtieron el miércoles que cifrado de datos dificulta la búsqueda de pedófilos y sospechosos de terrorismo, al alegar ante los senadores que el derecho a la privacidad del consumidor no es absoluto y debe sopesarse contra los intereses de la seguridad pública.

La declaración ante la Comisión Judicial del Senado estadounidense fue el frente más reciente de una disputa entre el gobierno del presidente Barack Obama y algunas de las empresas tecnológicas más influyentes del mundo, al colocar la discusión de plano ante el Congreso.

Funcionarios del FBI y el Departamento de Justicia dicen que la tecnología de cifrado en los teléfonos celulares dificulta el monitoreo y la intercepción de mensajes de presuntos criminales tales como los simpatizantes del Estado Islámico que se comunican por internet y los depredadores de niños que ocultan imágenes pornográficas. Las autoridades piden mayor acceso a los datos encriptados.

Sin embargo, enfrentan la tenaz oposición de las compañías de Silicon Valley, según las cuales el cifrado protege la seguridad de las comunicaciones y protege a los clientes de ciberpiratas y espías empresariales. Las compañías han expuesto sus argumentos en cartas al gobierno y discursos.

El director del FBI, James Comey, trató de reducir las tensiones el miércoles al opinar que las compañías tecnológicas coinciden en lo fundamental con las fuerzas de la ley. “No vengo aquí a librar una guerra”, aseguró.

“El cifrado es una gran cosa. Nos mantiene seguros. Protege la innovación”, dijo Comey. “Protege a mis hijos. Protege mi atención de salud. Es algo importante”.

El Departamento de Justicia dice que no busca ampliar su autoridad, aunque sus funcionarios temen que las leyes vigentes no están a la altura de las nuevas tecnologías. Dicen que encriptar de punta a punta, que permite al usuario pero no a la compañía acceder a la información, significa que la policía no puede monitorear la comunicación electrónica aunque cuente con la orden judicial correspondiente.