¿Los estados pueden restringir a quién votan sus electores para presidente? Esto podría llegar a la Corte

WASHINGTON —  En vías de lo que al parecer será una elección presidencial muy reñida, es probable que se le pida al Tribunal Supremo que resuelva una pregunta persistente pero fundamental sobre el sistema del frágil y poco comprendido colegio electoral, adoptado en 1787.

La cuestión es si los estados pueden exigir a sus electores designados que voten por el candidato favorecido por la mayoría de los votantes del estado el día de las elecciones, o si los electores pueden elegir a quien deseen cuando el grupo se reúne, unas semanas más tarde. Las rebeliones de los electores estatales han sido una rareza en la historia, pero un fallo judicial reciente les da a estos una mayor libertad para votar, lo cual podría inclinar el resultado en una elección cerrada.

El Artículo II de la Constitución creó el colegio electoral para elegir al presidente, en lugar de depender del voto directo del pueblo. La ley señala que los estados “designarán, de la manera que la Legislatura pueda ordenar, un número de electores” que refleje la población del estado. Estos a su vez votarán por el presidente y el vicepresidente.

Desde principios de 1800, este sistema funcionó “en gran medida como una formalidad”, señaló la Corte Suprema del estado de Washington, en mayo pasado. Los electores, por compromiso y, a menudo, por ley, emiten sus votos en función de cómo lo hacen sus estados. El candidato que obtiene más votos en el estado gana todos los votos electorales, con la excepción de Maine y Nebraska, donde estos últimos a veces se pueden dividir entre los candidatos.

Pero la semana pasada, la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito de EE.UU en Denver alteró el entendimiento convencional al dictaminar que los electores tienen el “derecho constitucional” de votar como lo deseen para presidente, incluso si la ley estatal exige que cumplan con la elección del pueblo.

La corte de apelaciones falló a favor de Micheal Baca, un elector demócrata en Colorado, quien en 2016 emitió su voto por el gobernador de Ohio, John Kasich, a pesar de que Hillary Clinton había obtenido la mayoría de los votos en Colorado. Él estuvo entre varios de los llamados ‘electores infieles’, que en 2016 votaron en contra de la voluntad de los sufragantes de su estado.

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En el fallo, con mayoría de 2-1, la jueza de apelaciones Carolyn McHugh se centró en las palabras utilizadas en 1787. “Las definiciones de elector, voto y votación tienen un tema común: todas implican el derecho de elegir o expresar una opinión individual. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el Sr. Baca en que el uso de estos términos respalda la determinación de que los electores, una vez nombrados, son libres de votar como lo elijan”, expresó en el fallo Baca vs. Colorado. “El texto de la Constitución deja en claro que los estados no tienen autoridad constitucional para interferir con los electores presidenciales, que ejercen su derecho constitucional a votar por los candidatos a presidente o vicepresidente de su elección”.

La secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, consideró que la decisión “le quita poder a los votantes de Colorado y establece un precedente peligroso”. Las autoridades estatales planean apelar.

Un abogado de Los Ángeles, Jason Harrow, quien representó a Baca y al grupo Equal Citizens, precisó que apelará el tema ante la Corte Suprema en un caso similar del estado de Washington, que resultó en un fallo contrario.

“Ahora tenemos una división, y no hay necesidad de esperar más”, expuso. “Queremos una decisión previa a las elecciones de 2020, y cuanto antes mejor”.

A diferencia del Décimo Circuito, la Corte Suprema del estado de Washington consideró que la Constitución “otorga al estado la autoridad absoluta en la forma de nombrar electores... El poder de estos para votar proviene del estado, y el elector no tiene derecho personal a ese papel”.

Con una votación de 8-1, el tribunal estatal rechazó un reclamo constitucional presentado en nombre de Levi Guerra y otros dos electores demócratas de Washington, que fueron multados con $1.000 porque no votaron por Hillary Clinton, que había ganado el estado.

Un profesor de derecho de Harvard, Larry Lessig, quien fundó el proyecto Equal Citizens y argumentó el caso del estado de Washington, explicó que el objetivo es “reformar” el colegio electoral. “Sabemos que las disputas de los colegios electorales estarán más reñidas en el futuro de lo que han estado antes y, a medida que se acerquen más y más, incluso un pequeño número de electores podría cambiar el resultado”, dijo en respuesta al fallo de Colorado. “Ya sea que se piense que es un buen sistema o no, creemos que es crítico resolverlo antes de que se decida otra elección”.

Si la Corte Suprema recibe una apelación en las próximas semanas, ya sea en el caso de Washington o Colorado, no es probable que los jueces actúen en ella durante varios meses. Aunque podrían optar por mantenerse alejados del tema, algunos expertos legales creen que el fantasma de otra disputa electoral al estilo Bush vs. Gore podría incitarlos a decidir la cuestión lo antes posible.

En diciembre de 2000, la Corte Suprema decidió intervenir en la batalla de recuento de votos en Florida, donde el resultado determinaría si el entonces gobernador de Texas, George W. Bush, o el vicepresidente, Al Gore, ganaban la Casa Blanca.

Un profesor de derecho de la Universidad Estatal de Ohio, Ned Foley, experto en temas del colegio electoral, explicó que los jueces “podrían evitar fácilmente” sopesar el papel de los electores, pero “el argumento más fuerte para asumirlo ahora es que no querrán volver a decidir con un calendario como el de Bush vs. Gore”.

El docente se refirió así al hecho de que los magistrados tuvieron sólo unos pocos días para fallar en una disputa tan complicada.

Para Derek T. Muller, profesor de derecho de Pepperdine, quien también ha escrito extensamente sobre el colegio electoral, la Corte Suprema podría ver la necesidad de revisar la amplia consideración del 10º Circuito sobre el papel de los electores. “El tono de esta opinión -la sugerencia de que hay una opción prácticamente sin restricciones- es lo que más se destaca”, dijo. “Durante décadas, los electores y los estados han tenido una tregua incómoda. Los electores generalmente no son infieles, y los estados manejan la amenaza de reemplazo. Este fallo, sin embargo, colapsa esa tregua. Les dice a los electores que pueden votar por quien quieran, y el reemplazo no es una opción. Uno se pregunta si estos estarán entonces más inclinados a desviarse en 2020, particularmente dada la atención de los votantes descontentos”.

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