Denver renueva un contrato recién cancelado con empresas de cárceles privadas

Denver (CO) —  El Concejo Municipal de Denver renovará por un corto plazo un multimillonario contrato que mantenía hasta principios de mes con cárceles privadas para indocumentados y para personas en libertad condicional, luego de no hallar alternativas viables para reemplazar a esas compañías.

La nueva decisión, que aún deberá ser formalmente aprobada por los concejales, revierte así parcialmente la inesperada decisión del pasado 5 de agosto, cuando, por iniciativa de la Candi CdeBaca (que representa a los populosos barrios latinos en el norte de la ciudad), se cancelaron los contratos con GEO Group y con CoreCivic, por un monto total de 10 millones de dólares.

En el marco de la nueva opción, el contrato con GEO Group se extenderá por seis meses y el acuerdo con CoreCivic será por un año, aunque aún no se ha negociado el pago por las operaciones de las seis cárceles a cargo de esas empresas durante las últimas dos semanas.

En declaraciones anteriores, CdeBaca había explicado que un acuerdo a corto plazo era necesario porque, sin ese documento, las empresas ya no tenían obligación de mantener abiertas las cárceles privadas y los centros de rehabilitación para exconvictos, afectando así la situación jurídica y legal de unas 500 personas.

En declaraciones al Denver Post, la concejala Robin Kniech, que había votado a favor de la finalización de los contratos, se expresó a favor de los nuevos acuerdos “para no interrumpir las vidas de aquellas personas en los programas”.

Además, dijo, desde la cancelación de los contratos, el personal municipal mantuvo conversaciones con GEO Group y con CoreCivic para “encontrar una solución”, que ahora contaría con el respaldo de CdeBaca y de la mayoría de los miembros del concejo municipal.

Durante los próximos meses, Denver convocará una serie de reuniones comunitarias antes de contratar a una nueva compañía o de firmar nuevos contratos a largo plazo, informaron los concejales.

Y el alcalde local, Michael Hancock, visitó este martes las instalaciones locales de CoreCivic, donde se provee tratamiento para adictos, para hablar con los allí recluidos y con el personal de esa empresa sobre un posible nuevo contrato.

Hancock indicó que las consultas comunitarias servirán para identificar nuevos posibles sitios para las cárceles y centros de rehabilitación y para explorar los cambios necesarios a las leyes de zonificación urbana de Denver para que esos sitios puedan operar como instalaciones penitenciarias.

Según Hancock, se están explorando “muchas opciones” y “en este momento, todo tiene que estar sobre la mesa”.

Aunque el Departamento Penitenciario de Denver aún no anunció qué sucederá con los presos y exconvictos hasta ahora alojados en las cárceles privadas, CdBaca sugirió que Denver podría apropiarse de esas instalaciones y operarlas por cuenta propia.

Otra de las opciones que plantea es renegociar los contratos ahora cancelados, pero con nuevas condiciones y basado en “un nuevo modelo”.

Anteriormente, en un comunicado, GEO Group lamentó “la politización” de los servicios carcelarios y CoreCivic indicó que esa empresa “se siente orgullosa” de proveer “significativos programas de reinserción social”.