El gobernador de Puerto Rico cada vez con menos apoyos
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San Juan — El paso de los días desde que estallara el escándalo del chat ha puesto de relieve el escaso apoyo al gobernador de Puerto Rico , Ricardo Rosselló, dentro de su propio partido.
Y precisamente el paso de los mismos parece perfilar el futuro acontecer después de que el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) divulgara este viernes que existen bases jurídicas suficientes para que la Cámara de Representantes inicie un proceso de “residenciamiento” para la destitución del gobernador a raíz de desvelarse el contenido del chat privado, Ricardo Rosselló.
Un chat en el que junto a su círculo íntimo de asesores se burla, mofa, e insulta a periodistas, artistas y políticos, entre otros.
La institución dio a conocer un comunicado sobre el contenido del informe realizado por juristas del más alto calibre, que revela conductas y omisiones del gobernador en el chat, que pueden constituir delitos graves y menos graves que implican depravación.
“En medio de la debacle económica histórica que atraviesa nuestro país y la crisis humanitaria desatada por la pobre atención de los gobiernos tras los efectos del huracán María, es terrible para el pueblo enfrentar las acusaciones de corrupción por el saqueo de fondos públicos y la conducta impropia, posiblemente delictiva y depravada, en la que incurrió el gobernador”, expresó Edgardo Román, presidente de la entidad.
Pidió a la Cámara de Representantes que cumplir con su deber constitucional de iniciar el proceso de “residenciamiento”.
“Es necesario finalizar este capítulo para dirigir al país hacia la recuperación de su economía, los servicios esenciales afectados y el gobierno efectivo y confiable”, añadió.
El informe elaborado por los profesores Yanira Reyes y Carlos Iván Gorrín y el expresidente del CAAPR Eduardo Villanueva establece que por no tratarse de un proceso judicial de naturaleza penal, sino de un proceso político, no corresponde las amplias garantías de un juicio criminal ordinario.
Se explica en el documento que el “residenciamiento” está basado en el poder que brinda la Constitución a la Rama Legislativa, basado en causas específicas que están limitadas a la traición, el soborno, delitos graves o delitos menos graves que impliquen depravación.
Sin excluir otras posibilidades, el análisis del chat evidencia incidentes que requieren mayor investigación porque revelan la posible participación del mandatario en la comisión de delitos públicos, según el comunicado.
Por ejemplo, dice la nota, la participación del gobernador en las conversaciones que están dirigidas a perjudicar, oprimir, amenazar o intimidar a una persona en el libre ejercicio de un derecho o privilegio garantizado puede ser constituir una violación al delito federal de conspiración.
El primer ejecutivo también pudo haber violado el artículo 246 del Código Penal de resistencia y obstrucción a la autoridad pública por impedir el cumplimiento de obligaciones, así como el artículo 284 sobre conspiración, amenazas o atentados contra funcionarios del sistema de justicia, en relación con las funciones del exmonitor federal de la Reforma de la Policía, Arnaldo Claudio.
A ello se une la falta de apoyo con el que parece contar Rosselló, tras las de destacadas figuras como el propio presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, el de la Cámara, Carlos Méndez, la comisionada residente, Jenniffer Gonzalez, ayer se sumó el exgobernador de la isla Luis Fortuño .
Pero a nivel nacional, destacan las del alcalde de Orocovis, Jesús E. Colón, de Bayamon, Ramón Luis Rivera, o la representante del partido en el Gobierno, Partido Nuevo Prograsista (PNP), Yashira Lebrón.
A las manifestaciones diarias en San Juan, se unen las celebradas estos días en Ponce, en Mayaguez o en Cabo Rojo y a las peticiones de dimisión hay que unir ahora la de los obispos católicos de Puerto Rico.
El grupo de religiosos indicó que Rosselló y los participantes en el chat, “han abusado del derecho básico del respeto y la protección de la dignidad humana”.
“Así, el señor gobernador ha herido despiadadamente un principio básico de todo gobierno para poder funcionar efectivamente bajo la ley, en particular, bajo la libertad”, expresó el grupo de obispos, liderado por el presidente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña y obispo de Ponce, Rubén González.
Mientras, sigue en las redes un movimiento llamado “Ricky te boté” para impulsar la retirada del retrato de Rosselló de las agencias del gobierno. Algunos ya han sido retirados de varios organismos.
Y del gobernador, ya ha avisado el secretario de gobernación, Ricardo Llerandi que ya se sabrá algo “en su momento”.