Acusan a detenidos en P.Rico de 32 cargos por fraude, robo y lavado de dinero

San Juan — Un jurado federal acusó a los exfuncionarios del Gobierno de Puerto Rico Julia Keleher, Ángela Ávila y al contratista Alberto Velázquez, entre otros, de 32 cargos que incluyen la conspiración para cometer fraude, robo, fraude electrónico de lavado de dinero y conspiración para lavado de dinero.

La acusación se produce después de que el FBI detuviera este miércoles a la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila, así como al presidente de la empresa BDO en la isla, Fernando Scherrer, mientras que Keleher fue arrestada en Washington.

Hay otros acusados, entre los que figuran dos contratistas de Educación que también fueron arrestadas.

La jefa de la Fiscalía en San Juan, Rosa Emilia Rodríguez, informó en conferencia de prensa de que los acusados enfrentan 32 cargos por estos esquemas.

Rodríguez detalló que se acusa a Julia Keleher, Ángela Ávila y Alberto Velázquez por conspiración para cometer fraude, robo, fraude electrónico lavado de dinero y conspiración para lavado de dinero.

Keleher, en concreto, se enfrenta siete cargos criminales, según la Fiscalía, mientras que Ávila tendrá que hacer frente a seis cargos.

En cuanto a Velázquez, subcontratista del Gobierno por parte de la empresa de contabilidad BDO Puerto Rico, tendrá que responder de otros diez cargos.

Sobre Sherrer, presidente de la firma de contabilidad BDO, pesan otros cinco cargos.

La fiscal detalló que la contratista Glenda Ponce, quien era una colaboradora directa de la exsecretaria de Hacienda, está acusada de otros nueve cargos, mientras su hermana, Mayra cuenta con siete cargos.

Mayra fue investigada por un contrato con el Departamento de Educación conseguido por su empresa, Colón & Ponce, junto a Olga Colón.

Esta empresa había mantenido contratos desde enero de 2017 hasta que Keleher dejó el cargo.

Todas las acusadas habrían puesto en marcha un esquema para defraudar dinero y propiedades por medio de promesas fraudulentas.

Habrían enviado correos electrónicos y mensajes para que Colón & Ponce obtuviera contratos con el Gobierno.

Además, Velázquez y Sherrer acordaron que el primero recibiría un 10 % de comisión por los contratos obtenidos por BDO con el Gobierno, pese a que ese contrato prohibía la subcontratación y no especificaba que tenía alguna partida para cabildeo.

Velázquez recibió pagos de comisiones por valor de más de 50.000 dólares.

Asistió además a reuniones de ASES y el Departamento de Salud, en esta último departamento Ávila solicitó información de empleados de ASES que después le pasó a Velázquez.

Desde hace tiempo el FBI investiga los contratos concedidos desde varias agencias del gobierno de la isla a la empresa de contabilidad BDO, entre ellas la Administración de Seguros de Salud.

En relación a este tema ha declarado esta semana dos días consecutivos el exasesor legal del gobernador Alfonso Orona.

Las detenciones provocaron la reacción inmediata del gobernador, Ricardo Rosselló, que desde hace varias semanas ve como muchos de sus funcionarios son objeto de investigaciones federales y como las dimisiones desde que accediera al poder en 2016 superan la treintena.

“Reitero que nuestra administración no tolerará la corrupción y que todo aquel que falle a la confianza deberá pagar con todo el peso de ley. Asimismo, reitero el llamado de colaboración con las agencias de ley y orden que trabajan en estos casos”, manifestó Rosselló en un comunicado.

Dijo que debido a la gravedad abandonaría sus vacaciones para volver a la isla.

La secretaria de Educación dimitió el 1 de abril de este año, tras lo cual se supo que sus cuentas en una institución bancaria estaban siendo investigadas, posteriormente, el 24 de junio dimitió el secretario de Hacienda Raúl Maldonado, tras haber asegurado que era objeto de una extorsión y amenazas, así como una conspiración para que no siguiera en su puesto.

Dicha dimisión causó una encendida reacción por parte de su hijo, del mismo nombre, quien acusaba abiertamente al gobernador de la isla de presuntos actos de corrupción.

Desde la oposición, el representante del principal partido, el Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, dijo que la “ corrupción es reprochable en cualquier función gubernamental y tiene que ser combatida con fuerza. Mucho más aún cuando una compañía o individuo se beneficia o se lucra de los fondos para el Plan de salud de casi la mitad de la población”.

“Esto es un crimen imperdonable y los responsables tienen que pagar por sus actos”, indicó.

Por su parte, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, afirmó que las detenciones “van a crear una sombra en torno a la petición de fondos para Puerto Rico”.

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Anthony Maceira, dijo que a pesar de las detenciones la corrupción no es un problema “sistémico” en el Gobierno.

Maceira indicó que lo cometido por los funcionarios es “una vergüenza” y que los culpables deben pagar las consecuencias.

“Cualquier persona que haya fallado, debe pagar las consecuencias y que las pague caras”, concluyó.