Amparos reavivan duda de dónde se hará nuevo aeropuerto de Ciudad de México

México —  Un alud de amparos judiciales buscan frenar la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México en la base militar de Santa Lucía y así reactivar la opción de Texcoco tras la polémica cancelación de este proyecto por parte del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

En los últimos días la duda de dónde se construirá se ha reavivado con las recientes suspensiones tanto de la construcción de Santa Lucía como de la inundación de la obras ya empezadas en Texcoco, donde el nuevo Gobierno pretende construir un parque ecológico para recuperar el lago que antaño guarneció el ecosistema.

El colectivo #Nomásderroches se ha erigido como principal opositor a la construcción de Santa Lucía y a favor de Texcoco.

Lo integran importantes organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el Consejo General de la Abogacía Mexicana o la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Hasta el momento han promovido 147 juicios de amparo orientados tanto a la cancelación de Santa Lucía como a la protección de las obras iniciadas en Texcoco, un proyecto de más de 13.000 millones de dólares impulsado por el exmandatario Enrique Peña Nieto (2012-2018).

La obra del llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) se canceló en octubre de 2018 luego de una consulta ciudadana no exenta de polémica por la falta de control en las urnas a la hora de registrar los votos y la poca participación.

Este martes, uno de los abogados integrantes de #Nomásderroches Gerardo Carrasco, contó a Efe que ya se han obtenido 7 suspensiones a las actividades en lo relativo a ambos aeropuertos.

En cuanto a Texcoco, estas buscan “que no se desmantele, desmonte, ni inunde todo el avance que hay”.

Según el colectivo, actualmente las obras están al 30 % y restan tan solo 88.000 millones de pesos (unos 4.585 millones de dólares) de dinero público, dado que la mayoría de fondos salen de inversiones privadas.

Al respecto de Santa Lucía, donde actualmente existe una base aérea militar, alegan que no se cuentan con los estudios correspondientes para construirlo, motivo por el cual un juzgado ha paralizado el proyecto.

“Santa Lucía no se puede construir hasta que se muestre a las autoridades que cuentan con los permisos, dictámenes y autorizaciones en materia ambiental, materia arqueológica, de seguridad, aeronáutica”, expuso Carrasco.

Y ese mismo argumento sirve al colectivo para defender la opción de Texcoco.

“Vamos a ser objetivos, Texcoco contaba con 143 estudios distintos antes de ponerse la primera piedra”, esgrimió.

Encabezando el otro bando se encuentra nada menos que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, obstinado desde la campaña electoral en cancelar Texcoco y apostar por Santa Lucía.

La semana pasada, luego de conocerse la cancelación de Santa Lucía por parte del Poder Judicial, el presidente no dudó en manifestar que se trata de una estrategia de sus “adversarios”, quienes, dijo, tienen sus propios intereses políticos y económicos.

“No van a poder (detener el proyecto), porque legalmente no se está infringiendo ninguna ley”, defendió.

Para López Obrador, esta arremetida contra el proyecto lo máximo que logrará será demorarlo, “aun cuando una autoridad del Poder Judicial actuara de mala fe”.

Las voces críticas no tardaron en aparecer. Entre ellas la del Colegio de Abogados, quien consideró “inapropiado que el Ejecutivo Federal intervenga en asuntos jurisdiccionales, mediante acciones mediáticas o de otra índole, que inhiban o cuestionen el ejercicio de defensa de derecho de las personas, que presionen o dirijan al poder judicial”.

Por su parte, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, expresó su creencia en los amparos y en que “a México no le conviene la construcción de un aeropuerto en Santa Lucía”.

“Confío que en algún tiempo, la razón se imponga”, dijo concluyendo así su mensaje en Twitter.

Pero aunque López Obrador defienda frontalmente la construcción de Santa Lucía, Carrasco, director de litigio estratégico de MCCI, aseguró que esto no se trata de una contienda política.

“No estamos ni de un lado ni del otro, queremos simplemente que se tomen decisiones dentro de la legalidad”, dijo.

Por el momento, esta orden judicial de preservar las obras en Texcoco tal y como están da ventaja al colectivo.

Pero si la Comisión Nacional del Agua (Conagua) inundase las obras -donde se encuentran alrededor de 35 millones de metros cúbicos de piedra para construir las pistas de aterrizaje- la balanza se decantaría a favor del bando pro Santa Lucía.

En caso de que el Gobierno desacatara así la orden del Poder Judicial, el abogado señaló que los funcionarios responsables se enfrentarían a una pena “de 3 a 9 años de cárcel”.

Lo que sigue ahora, cuenta Carrasco, es “defender en segundas instancias estas suspensiones para conseguir que se confirmen por parte del superior jerárquico en los juzgados de distrito”.

Por su parte, el profesor investigador de Negocios Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, Manuel Valencia, dijo a Efe que el tiempo juega en contra de López Obrador.

En caso de que el arranque de Santa Lucía se demore un año, el presidente no tendría el tiempo suficiente para construir uno de los proyectos insignes de su sexenio.

“Y López Obrador no se lanzaría al costo político de dejar una obra inconclusa”, consideró. En tal caso, el experto cree que se invertiría en mejorar el aeropuerto actual de la ciudad.

Su terquedad, concluyó, le impediría ceder la victoria al proyecto de su predecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018).