La JSF de Puerto Rico presenta demandas contra tenedores bonos de Sistema de Retiro
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San Juan — La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico presentó hoy demandas contra tenedores de bonos emitidos por el Sistema de Retiro de Empleados (SRE) para recobrar aproximadamente 392 millones de dólares en pagos totales.
La entidad federal de control al Ejecutivo de Ricardo Rosselló informó a través de un comunicado de que las demandas tienen la intención de recobrar intereses y principal de tenedores de deuda que tengan al menos 2,5 millones de dólares en bonos que el SRE nunca estuvo autorizado a emitir al público.
El comunicado detalla que estos bonos, los cuales fueron emitidos en el año 2008, nunca se sometieron a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para aprobación.
Matiza que la JSF no pretende perseguir litigios de estas causas hasta que el tribunal determine si los bonos impugnados son, en efecto, inválidos.
“El pueblo de Puerto Rico no tendría por qué pagar por bonos que se emitieron ilegalmente”, dijo David Skeel, miembro del Comité Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión.
“No obstante, ningún tenedor de cantidades menores de bonos tendrá que devolver ni principal ni intereses”, matizó Skeel.
Además, la JSF radicó demandas contra varias entidades para recobrar pagos efectuados por el SRE y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) que “confligían”, señala el comunicado, con el Código de Quiebras de los Estados Unidos y las leyes de Puerto Rico.
Las querellas le permiten a la JSF asegurar que unos 190 millones de dólares en pagos a proveedores fueron efectuados apropiadamente.
Cada uno de los proveedores identificados recibió pagos de más de 2,5 millones de dólares sin un contrato válido, o los pagos no coinciden con sus respectivos contratos durante los cuatro años previos a mayo de 2017, cuando la JSF inició los procesos de ajuste de deudas bajo la Ley Promesa.
“Al ir a los tribunales con estos reclamos estamos siguiendo las leyes de quiebra de los Estados Unidos y Puerto Rico”, dijo Skeel.
“Le debemos al pueblo de Puerto Rico asegurar que los pagos efectuados por el Gobierno y sus entidades hayan sido apropiados, pero también entendemos las preocupaciones de los proveedores que están sujetos a estas acciones”, indicó Skeel.
“Hemos decidido excluir los contratos pequeños de los procedimientos, ya que perseguir reclamaciones más pequeñas sería una carga demasiado pesada, particularmente si se compara con las cantidades que podríamos recobrar”, dijo.
“También estamos en vías de establecer un proceso informal para resolver estos asuntos con los proveedores fuera de los tribunales, si fuera posible, y para ayudar a los proveedores a clarificar qué pagos recibieron”, indicó Skeel.
Las acciones legales no necesariamente implican que los individuos y entidades cometieron un crimen.
Si un proveedor demuestra un fundamento apropiado para los pagos, la JSF desestimará la demanda.
La JSF radicó el 2 de mayo de 2019 demandas relacionadas a unos 250 pagos efectuados a proveedores y contratistas por parte del gobierno de Puerto Rico.
La JSF se encuentra analizando pagos efectuados por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y podría recobrar esos pagos.
