Familias de deportados piden ayuda al público para sostenerse
Miami — Cada vez es mayor el número de familias afectadas por la política de “tolerancia cero” hacia la inmigración ilegal que deben pedir ayuda al público para costearse la vivienda, la alimentación y los servicios básicos, advierten organizaciones de defensa de los inmigrantes.
Los llamados de solidaridad para ayudar a hijos de inmigrantes arrestados o deportados se escuchan de costa a costa del país.
“Ahora estamos viendo más necesidad en las familias que quedan endeudadas (por costos legales) o sin el ser querido que mantenía el hogar”, asegura Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA)
Mientras las organizaciones se enfocan en proveer asesoría legal a los afectados, la ayuda para costear el día a día está quedando en manos del público.
Un ejemplo de este calvario es el pedido de ayuda de los cinco hijos de Jesús, quién fue detenido por oficiales del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) el pasado 23 de mayo.
La familia del inmigrante, que era el único sosten económico para su mujer, que padece epilepsia, y sus hijos, no ha podido pagar la renta y esta a punto de ser desalojada de su vivienda en el condado Orange (California).
Hace dos días la familia se vio obligada a abrir una cuenta en el sitio Gofundme para recolectar dinero con urgencia.
En esta coyuntura el único camino que activistas como Cabrera tienen es apelar a la solidaridad del público y de sus amigos.
InquilinXs UnidXs por Justicia en Minneapolis (MN) está utilizando la misma estrategia. Aunque se dedican a luchar por el acceso a viviendas, los activistas tuvieron que apoyar a Mario, un inmigrante ecuatoriano detenido esta semana, y abrir una colecta.
La petición está acompañada de la foto del pequeño Kevin, que quedó desprotegido tras el arresto de su padre.
A pocas millas de donde vive Kevin, en St Paul (MN) los cinco hijos de Laura Moreno también apelaron a la solidaridad del público. La inmigrante fue detenida el 17 de julio por evadir una orden de deportación de 1999.
En esa ciudad los arrestos practicados por agentes de ICE aumentaron un 67 % el año pasado.
Una investigación del Centro para la Innovación de la Justicia Racial estimó que en 2016 más de 20.000 niños terminaron viviendo en hogares de paso después que sus padres fueron deportados.
Ahora la política de “tolerancia cero” que está aplicando el Gobierno Donald Trump está causando una crisis sin precedentes, de acuerdo con Maru Mora-Villalpando, fundadora de Latino Advocacy, organización basada en Seattle (Washington).
“Es como un secuestro porque se llevan al proveedor (económico de la familia) pero además las familias tienen que preocuparse por pagar el rescate, o sea la defensa legal, pero eso no garantiza que la persona regrese” explica.
Mora-Villalpando advierte que además de los gastos de vivienda, alimentación, transporte y salud, las familias deben asumir los costos legales de defensa del detenido y de permanencia en la cárcel, que incluye dinero para las llamadas y otros gastos.
La gran mayoría de los deportados son hombres.
“Aunque estaban casadas y compartían responsabilidades con sus esposos, ahora miles de mujeres se están convirtiendo en madres solteras y cabezas de familia por la política de este gobierno”, apunta Mora-Villalpando.
Este es el caso de Ana Castillo, ciudadana estadounidense que a pesar de estar casada e intentar una petición para regularizar a su esposo, Marlon Castillo, terminó convirtiéndose en madre soltera de dos niñas.
El inmigrante guatemalteco de 46 años fue detenido en medio de una cita en el Servicio de Ciudadanía de Inmigración (USCIS) para regularizar su estatus el pasado 21 de mayo y a pesar de las súplicas de su familia, quince días después fue expulsado del país.
Castillo asegura que “la convirtieron en una madre soltera sin que ella lo hubiera querido así”. Los compañeros de la Universidad del Sur de California, donde Castillo trabaja, abrieron una colecta para ayudarle a pagar los gastos mientras ella intenta por las vías legales traer a su esposo de regreso.
El futuro económico para estas familias no parece ser muy halagüeño. Cabrera advierte de que “lo peor de todo es que la asistencia económica organizada es muy limitada o casi inexistente”
Mora-Villalpando agrega que la situación se complica aún más cuando la persona que queda a cargo de los niños es indocumentada.
“Con este gobierno no se atreven a pedir ayuda para niños estadounidenses por temor a ser también deportados”, dice.
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