Alcalde Chicago rechaza apelación de Gobierno en fondos a ciudades santuario

Chicago (IL) — El alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, dijo hoy que no se dejará “chantajear” por el Departamento de Justicia tras conocer que el fiscal federal, Jeff Sessions, apeló la decisión de un juez federal de la ciudad de bloquear las nuevas reglas para asignar fondos federales a las ciudades santuario.

“Estamos seguros de la moralidad y legalidad de nuestra demanda”, declaró en un comunicado Emanuel, quien prometió continuar luchando en corte contra las nuevas reglas.

El juez de distrito Harry Leinenweber dictaminó la semana pasada que la Municipalidad de Chicago tenía razón al argumentar que Sessions excedió su autoridad al imponer nuevos estándares para la concesión de la subvención Edward Byrne Memorial Justice, destinada a los departamentos policiales.

El juez también señaló que la ciudad podría sufrir un “daño irreparable” en sus relaciones con la comunidad inmigrante si cumpliera que los nuevos estándares del Departamento de Justicia.

El bloqueo preliminar, que se aplica en todo el país donde hay 600 ciudades y condados que ofrecen santuario a los inmigrantes indocumentados, fue considerado “impropio” en la apelación.

Los abogados del Departamento de Justicia sostienen que más de 1.000 departamentos policiales han solicitado la subvención, que iba a ser asignada a partir del 30 de este mes.

Con el bloqueo del juez, que solicitan sea levantado, se postergaría el flujo de fondos a los departamentos policiales de todo el país que no hayan disputado las nuevas condiciones.

Emanuel respondió a la apelación diciendo que no aceptará “la falsa opción entre seguridad pública y nuestros valores como ciudad que da la bienvenida a todos los inmigrantes”.

“Tampoco acepto ser chantajeado para dejar de lado los valores que nos han convertido en un faro de esperanza para inmigrantes y refugiados de todo el mundo”, agregó el alcalde, quien prometió mantener la lucha contra los actos ilegales del “Departamento de Justicia de Trump”.

Sessions había anunciado que se negarían los fondos porque las ciudades santuario “no cumplen voluntariamente” con la ley federal que obliga a los gobiernos locales a compartir con las autoridades federales información sobre el estatus migratorio de las personas bajo su custodia.

Según apuntó, esas ciudades limitan el cumplimiento de las retención de indocumentados en las cárceles, pedidas por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), no informan cuando un indocumentado está por ser liberado y prohíben que las fuerzas policiales pregunten sobre el estatus migratorio de las personas en encuentros rutinarios.

Al presentar la demanda, el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, argumentó que los nuevos estándares obligaban a las autoridades locales a comunicar a ICE con 48 horas de anticipación la liberación de personas que fueran sospechosas de ser indocumentadas, un plazo considerado inconstitucional.

Asimismo, se estaría sentando un precedente peligroso que podría conducir al bloqueo de otros fondos federales.