Condado de Clark estudiará declarar amenaza pública a grupos supremacistas

Las Vegas (NV) — Chris Giuchigliani, comisionada del condado de Clark, el condado más poblado de Nevada y donde se asienta Las Vegas, prepara una resolución para declarar a los grupos supremacistas como una amenaza pública.

Esta resolución, que estará apoyada por testimonios y declaraciones de miembros de diversos sectores de la comunidad, será presentada ante la Comisión del condado el próximo 5 de septiembre.

El documento indica que en virtud de reconocer a estas agrupaciones como peligrosas, las autoridades deben actuar para asegurar que se otorgue protección y justicia a las comunidades y minorías que son blanco de estas organizaciones.

“El silencio hace que esta clase de comportamientos violentos y discriminatorios sigan adelante. Es importante que sentemos nuestra posición y que protejamos a nuestra gente. Estoy de acuerdo en el derecho que todos tenemos a protestar, pero no a que se convierta en un acto de terrorismo”, dijo a Efe la comisionada.

Esta resolución seguiría a otra aprobada el pasado 13 de agosto por el Senado de Illinois en la que se pide a las autoridades locales reconocer y tratar a los grupos ultraderechistas como terroristas.

Estas iniciativas surgen después de los disturbios provocados por neonazis y agrupaciones racistas que concluyeron el 12 de agosto con el asesinato de una manifestante antifascista en Charlottesville, una ciudad del estado de Virginia.

En opinión de la comisionada, el gobierno federal es el “único” que puede hacer una declaración “oficial” para dar “cobijo” a todos los residentes en el país, pero destacó el papel que pueden jugar los entes locales y estatales.

“Nosotros debemos hacer lo posible para que las autoridades locales actúen frente a la discriminación y las formas de terrorismo, sin dejar de proteger el derecho a la libertad de expresión”, indicó.

Giunchigliani, quien asegura que en la ciudad nevadense Reno se estudia la introducción de una medida similar, espera que el mismo 5 de septiembre la Comisión pueda votar por su resolución.

De ser así, y de contar con el apoyo de la mayoría, sería enviada de inmediato a la oficina del presidente Donald Trump, los congresistas federales, al gobernador del Estado y a cada uno de los legisladores estatales para oficializar su aplicación.