Universidad P.Rico pide ayuda policial y docentes se defienden acusaciones

San Juan — A diez días de que entre en su segunda semana de huelga, la Universidad de Puerto Rico (UPR) ha solicitado la ayuda de la policía para reabrir las puertas de su principal campus mientras las negociaciones para acabar con el paro siguen en el aire.

Desde el 11 de mayo al presente, la UPR se ha visto imposibilitada de reabrir y reestablecer las operaciones académicas en el Recinto de Río Piedras, de acuerdo a la Orden de Mandamus e Injunction Preliminar emitida por el Tribunal de Apelaciones el 5 de mayo, recuerda el escrito de Nivia Fernández, presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico en el que se pide dicha ayuda.

Fernández recuerda que los estudiantes han continuado en paro a pesar de la orden judicial y nos hemos visto imposibilitados de reabrir el recinto sin poner en riesgo la seguridad personal y de la propiedad.

“Por otro lado, la mesa de diálogo institucional tampoco logró reabrir de manera pacífica los portones para retomar las operaciones académicas y administrativas el 22 de mayo a pesar de que se alcanzaron unos preacuerdos que fueron anunciados públicamente el 20 de mayo y que esa misma noche fueron rechazados por los plenos de los estudiantes en paro. Agotados todos los recursos, ayer domingo, 21 de mayo, se radicó este mandamus contra la policía”, explicó Fernández.

El recurso legal solicita que se obligue a la superintendente de la policía de Puerto Rico a “cumplir su deber ministerial de proteger a las personas y a la propiedad de la UPR (que, a fin de cuentas, pertenece al pueblo de Puerto Rico), mantener y conservar el orden público y compeler la obediencia de las leyes, mediante la utilización de todos los recursos disponibles para ejecutar” la orden del Tribunal de Apelaciones” el 5 de mayo de 2017 de abrir los portones del campus de Ríp Piedras.

La UPR recuerda en su solicitud que “dicho cuerpo ha indicado que no le compete participar en la ejecución de la orden” emitida por el Tribunal de Apelaciones de que se abran las puertas principales.

Dicha orden fue a los efectos de restablecer el acceso al Recinto de Río Piedras y las labores educativas en el mismo; garantizar que se permitiera el libre y seguro acceso al mismo, sus instalaciones, edificios y salones de clase, y realizar cualquier otro acto necesario para cumplir cabalmente con lo ordenado por los tribunales.

La institución establece que “ha agotado todos los mecanismos a su haber para abrir los portones del Recinto de Río Piedras” incluyendo repetidas gestiones de conciliación y diálogo con los representantes estudiantiles “que han sido infructuosas”.

“Desde que estas personas tomaron el control de los accesos del Recinto se tiene información de que han ocurrido en el mismo, en sus inmediaciones y en otra propiedad de la UPR, un sinnúmero de eventos que podrían constituir actos delictivos” a tenor con varios artículos del Código Penal.

Por ultimo, en su escrito la presidenta interina advierte de que las actuaciones de estas personas le ocasionan a la UPR, a la comunidad universitaria y al público en general pérdidas “daños inmediatos e irreparables para los cuales una compensación pecuniaria no sería un remedio adecuado”.

En este sentido, el presidente de la junta de gobierno de la UPR, carlos Pérez, lamentan que se haya tenido que llegar a este punto e indica que se han hecho todas las gestiones posibles para reabrir la puerta sin violencia.

Por otro lado, los profesores de la UPR en una carta abierta recuerdan que no están cobrando por su trabajo que no se ha realizado durante la huelga y que como consecuencia de la misma están perdiendo los dos meses del receso académico del verano.

Los docentes se refieren así a las recientes manifestaciones de la contralora de la isla, Yesmín Valivieso, quien la semana pasada desveló y calculó en unos 140 millones de dólares la cantidad desembolsada desde el inicio de la huelga, el 6 de abril, para pagar a los trabajadores de la institución académica pese a no estar en sus puestos de trabajo.

En este sentido los profesores señalan que dichas manifestaciones sirven para “lanzar leña al fuego” y apunta que las mismas denotan “ignorancia” y son una “crasa irresponsabilidad” además de ser acusaciones “muy serias”.

“No estamos cobrando sin trabajar” recalcan los docentes además de considerar que son víctimas de una “campaña de difamación” y de señalar que muchos de ellos no tiene plaza fija en la institución.

Por otro lado, los líderes estudiantiles de la UPR rechazaron los preacuerdos en los que, de acuerdo a los analistas, se asomaba la leve posibilidad de retomar las clases.

Entre estos se encontraba el compromiso de la universidad a apoyar y colaborar en las labores y necesidades de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público o la de no iniciar acciones disciplinarias a los estudiantes y empleados docentes y no docentes por acciones durante eventos relacionados a las actividades relacionadas a la huelga en el segundo semestre de 2016-2017.