CIDH pide respuestas a EEUU por la muerte de mexicano por paliza de agentes

San Diego (CA) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Gobierno estadounidense respuestas por la muerte del mexicano Anastasio Hernández, quien pereció hace siete años tras recibir una paliza por agentes fronterizos en un caso que el Departamento de Justicia cerró en 2015.

María Puga, viuda de Anastasio y madre de sus cinco hijos, dijo hoy en conferencia de prensa tener fe en que esta instancia traerá justicia no solo para su esposo sino para otras víctimas de abuso por parte de agentes fronterizos.

“Yo siempre dije que esto no se quedaría así. La justicia tiene que llegar, es la razón por la que estamos aquí”, dijo. “No podemos permitir que este caso se quede impune, hay más casos que se tiene que aclarar y lo que yo no quiero es que esto vuelva a suceder”.

Familiares del mexicano y activistas defensores de los derechos humanos acudieron a la CIDH luego de que hace dos años el Departamento de Justicia optase por no presentar cargos criminales en contra de los agentes federales involucrados al no encontrar evidencia suficiente de que los uniformados “actuaron con malicia”.

Así, dio por válida la versión de los agentes de que el uso de la fuerza fue “necesario” para contener al mexicano, padre de cinco hijos y que llegó a EE.UU. con 15 años.

Una jueza federal aprobó además en marzo pasado el acuerdo propuesto por el Gobierno para poner fin a la demanda judicial por “homicidio involuntario” en contra de los doce agentes fronterizos y que incluía una indemnización por un millón de dólares.

“Es la primera vez que el Gobierno de Estados Unidos tiene que responder ante una petición hecha ante la CIDH por un incidente de esta naturaleza”, señaló en la conferencia de prensa conjunta Christian Ramírez, director de la Coalición de Comunidades Fronterizas.

“Estamos hablando de un asesinato extrajudicial, en donde se cometió tortura y en donde se obstaculizó el acceso a la justicia”, consideró.

La petición se abrió a trámite el 12 de mayo, según confirmó a Efe la responsable de prensa de la CIDH, María Isabel Rivero.

La apertura a trámite significa que se notificó al Estado y se le dio plazo para responder sobre la admisibilidad. EEUU puede ahora alegar por qué considera que la petición es o no admisible y la CIDH estudiará tanto estas alegaciones como las de los peticionarios.

Tras este estudio, se aprueba el informe al respecto y, en caso de ser admitido, la CIDH pasaría al estudio de fondo para determinar si hubo o no violación de los derechos humanos.

En el caso en que sí la hubiera, el informe incluiría recomendaciones en las áreas de justicia, reparación y medidas de no repetición, en un trámite que puede demorar años, en función de la complejidad del caso y de las respuestas de las partes.

En mayo de 2010, Anastasio Hernández Rojas, de 52 años, fue detenido junto a su hermano cuando intentaba reingresar a Estados Unidos sin documentos.

Fue trasladado a la antigua zona de deportaciones, donde se registró un altercado, durante el cual el mexicano fue rodeado por varios agentes, quienes lo golpearon y detonaron descargas eléctricas en su cuerpo en múltiples ocasiones cuando éste se encontraba tendido en el suelo.

El hecho fue grabado en dos vídeos que se hicieron públicos y en los cuales se observa cómo los oficiales rodean al mexicano y le propinan una paliza pese que éste no mostró resistencia y en más de una ocasión pidió ayuda a gritos.

Pese a que la CIDH no tiene facultad para imponer castigo a los oficiales, sí podría emitir recomendaciones para garantizar que estos casos no vuelvan a registrarse.

A su vez, una resolución favorable podría derivar en que el Gobierno estadounidense pida una disculpa pública por lo acontecido y que los deudos del inmigrante mexicano tengan respuestas que hasta ahora desconocen, indicó a Efe Roxana Altholz, abogada que representará a la familia ante el organismo internacional.

La también directora asociada de la clínica de derechos humanos en la Universidad de California en Berkeley dijo que esperan que el Gobierno estadounidense responda a la petición de la CIDH ya que, de lo contrario, fallaría a sus obligaciones como estado miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Sería quebrar con una historia de décadas, sería la primera vez de hace muchos años que los Estados Unidos decide no responder en un litigio en su contra”, apuntó la abogada.

En su opinión, en caso de no hacerlo este hecho tendría “implicaciones graves” en el liderazgo de EE.UU. en la región y dificultaría su posición para criticar a otros países en materia de derechos humanos.

Los activistas destacaron que esta decisión de la CIDH llega en momentos en los que el Gobierno federal ampliará su personal fronterizo a 25.000 agentes, por lo que esperan que se siente un precedente que garantice que los uniformados reciban la capacitación necesaria para que no se incurra en violación de derechos.