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Varios condados de Texas colaborarán en detención de indocumentados

En contraste con las llamadas “ciudades santuario”, trece condados de Texas han pedido adherirse a un programa federal para colaborar con las autoridades de migración en identificar y detener a los inmigrantes indocumentados.

Los trece condados texanos pidieron adherirse al programa 287 (g), que establece un acuerdo de colaboración con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para que las policías locales reciban entrenamiento para detener a los indocumentados que identifiquen en sus quehaceres diarios.

La medida responde a la petición del presidente, el republicano Donald Trump, que en enero firmó una orden ejecutiva para aumentar el número de acuerdos bajo este programa.

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Los trece condados solicitantes se encuentran en la Texas rural y a lo largo de la costa, aunque también presentaron su solicitud otras cinco agencias policiales fuera del estado de la estrella solitaria, según confirmó hoy a Efe la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

“El programa 287 (g) sólo ha logrado fomentar la elaboración de perfiles raciales, desviar recursos indispensables de la seguridad pública y corroer la confianza entre las fuerzas del orden público y las comunidades que juró proteger”, declaró a Efe el abogado principal de ACLU en Texas, Edgar Saldívar.

Los condados de Galveston, Lavaca, Chambers, Brazoria, Matagorda y Montgomery son algunos de los ejemplos de la lista de trece condados texanos que solicitaron sumarse al polémico plan, al que también quieren agregarse dos condados de Florida (Clay y Pasco), uno de Virginia (Fauquier), uno de Tennessee (Knox) y otro de Carolina del Sur (Horry).

En caso de aprobarse las solicitudes presentadas, el número de oficinas policiales de Texas inscritas en este programa aumentaría más de cinco veces.

De hecho, actualmente sólo tres agencias texanas participan este acuerdo: los departamentos de sheriff del condado de Lubbock y Jackson y el Departamento de Policía de Carrollton.

En este sentido, Saldívar recordó que los condados no tienen “ninguna obligación” legal de participar en estos programas que, aseguró, “amenazan los derechos de las comunidades vulnerables”.

La orden ejecutiva firmada por Trump en enero reclamó al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, que “inmediatamente” tomase las acciones necesarias para que las autoridades estatales y locales firmasen más acuerdos del programa 287(g) con ICE.

Una vez rubricado este acuerdo con las oficinas del sheriff locales , el gobierno federal entrena durante cinco semanas a los agentes de los condados para formarlos en materia de inmigración.

A partir de ahí, la policía local, ya está habilitada para, bajo la supervisión de ICE, comprobar el estatus migratorio de cualquier persona que sea sospechosa de no tener documentos, acceder a bases de datos para ver si la persona detenida está registrada y, en definitiva, iniciar los procesos de deportación.

Según informaciones recogidas por el periódico estatal Texas Observer, al menos setenta agencias policiales locales de todo el país se inscribieron en este programa en 2009, pero muchas de ellas se retiraron debido al elevado coste que suponía para los contribuyentes locales y el perfil racial que conllevaba.

La Oficina del Alguacil del Condado Harris, el mayor de Texas y donde se asienta Houston, anunció la conclusión de este controvertido convenio a finales de febrero, poniendo fin a un programa que “separa familias y genera un perfil racial peligroso”, según indicó entonces a Efe el titular de esta dependencia, el demócrata Ed González.

El debate sobre si las autoridades locales deben colaborar o no con el gobierno federal en materia migratoria se encuentra en el centro de la legislatura de Texas, en la que hay varias propuestas de ley relacionadas con la regulación de esta cuestión.

Uno de los proyectos más mediáticos en este sentido es el SB4, que ya fue aprobado por el Senado y está a la espera de ser estudiado en la Cámara Baja, y que pretende acabar en Texas con las conocidas como “ciudades santuario”, penalizando a los gobiernos locales y las universidades del estado sureño que decidan no cumplir con las leyes migratorias federales para favorecer la situación de los indocumentados, protegiéndolos de la deportación.

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