Los colocaron equivocadamente en una lista de abusadores sexuales, ahora recibirán fuerte recompensa

El padre y la madrastra de una muchacha fugitiva de 15 años que falsamente los acusó de abuso infantil, están a punto de recibir $4.1 millones del estado y el condado de Los Ángeles tras llegar a un acuerdo en una demanda que afirma que sus derechos civiles fueron violados cuando un agente del sheriff puso sus nombres en una lista de abusadores infantiles.

El Consejo de supervisores del condado Los Ángeles aprobó un desembolso de $2.4 millones en su reunión del martes, y legisladores estatales habían aprobado $1.7 millones adicionales en octubre pasado.

Además del pago, los funcionarios del condado gastaron $935,000 en honorarios de los abogados para enfrentar la demanda presentada por Craig y Wendy Humphries.

“Todo esto podría haberse evitado con el precio de un sello postal, si el condado simplemente hubiera pedido al estado sacarlos de la lista”, dijo Esther Boynton, abogada de los Humphries.

En 2001, los Humphries fueron a la cárcel después de que la adolescente rebelde escapó a Utah y le dijo a la policía que los dos habían abusado de ella. Mientras la pareja de Valencia estaba encerrada, autoridades del sheriff pusieron a sus dos niños más jóvenes en cuidado adoptivo.

Ocho días más tarde, la pareja fue liberada y la familia fue reunida. Pero los nombres de la pareja fueron ingresados por un agente del sheriff en el Índice Central de Abuso Infantil de California, que los identificó como abusadores infantiles “confirmados”.

La información en la base de datos está disponible para ayudar a los agentes del orden, y para proporcionar la notificación de nuevos informes de investigación de abuso infantil que implican a los mismos sospechosos o víctimas. La información también está disponible para agencias de asistencia social para ayudar a investigar a aspirantes a un empleo en instalaciones de cuidado infantil, escuelas y hogares adoptivos.

Cuatro meses después de que la pareja fue añadida a la lista, todos los cargos fueron desestimados, y un juez los declaró “inocentes de hecho”.

Pero ellos se enteraron que no había ningún modo de quitar sus nombres de la base de datos. Wendy Humphries, una maestra, tuvo que contratar a un abogado para evitar perder sus cartas credenciales porque a los empleadores de personas que trabajan con niños se les requiere consultar el índice.

Durante años, el estado y los funcionarios del condado se culparon unos a otros, diciendo que la otra entidad era la responsable de quitar a la pareja de la lista. No fue sino hasta el 2012 que un juez de tribunal de distrito ordenó al condado notificar al Departamento de Justicia de California que los Humphries demostraron en el 2001 no ser culpables.

Desde entonces, nuevos procedimientos han sido puestos en práctica para notificar a la gente cuando sus nombres son añadidos al registro, y se instituyó un proceso de peticiones para aquellos que creen que fueron incluidos equivocadamente en la lista.

“Creo que hay muchas personas en la base de datos que ni siquiera saben que están allí”, dijo Boynton.

La base de datos, agregó ella, “comenzó con las mejores intenciones, pero la información tiene que ser exacta para que pueda funcionar”.

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