Un juez concluye que hubo muchos errores en el manejo del caso de Gabriel Fernández

Un juez del condado de Los Ángeles dictaminó este jueves que la junta de apelaciones del condado cometió una serie de errores cuando decidió restablecer a uno de los supervisores de trabajo social quien no rescató al pequeño Gabriel Fernández, de ocho años de edad, de su casa antes de ser torturado y asesinado.

El juez del Tribunal Superior James Chalfant devolvió el caso a la comisión de administración pública del condado para organizar una nueva audiencia y decidir el destino de Gregory Merritt. Mientras tanto, Merritt será despedido y no se le pagará más su salario.

En abril pasado, los fiscales del condado de L.A. acusaron a Merritt, Clement y otros dos trabajadores sociales por abuso infantil grave y falsificación de documentos públicos en relación con el caso de Gabriel. Los trabajadores aún no han presentado una declaración.

La decisión previa de la comisión, de revertir el despido de Merritt del Departamento de Servicios Infantiles y Familiares y propiciar su reintegro luego de una suspensión de 30 días, “no estaba apoyada por la evidencia”, señaló Chalfant.

Los cinco miembros de la comisión de la función pública -quienes son designados por la junta de supervisores y provienen de las áreas del derecho, activismo, la recaudación de fondos y los recursos humanos- reconocieron no haber leído el expediente completo antes de emitir su decisión, y en su lugar siguieron la práctica habitual de confiar en los hallazgos de un oficial de nivel medio de la audiencia designado para el caso.

Pero Chalfant señaló que la comisión cometió un error al no concluir que Merritt debería haber supervisado el caso más de cerca porque sabía que los trabajadores sociales que estaban bajo su supervisión tenían un historial de bajo rendimiento. También agregó que la comisión cometió errores “en toda una serie de cuestiones” con respecto a la forma en que Merritt se había comportado.

El juez también señaló que Merritt y la trabajadora social a quien supervisaba, Patricia Clement, sabían que la madre de Gabriel supuestamente golpeaba al niño con la hebilla de un cinto, que él tenía contusiones en la espalda, que había escrito una nota de suicidio y que le habían disparado con una pistola de aire comprimido. Sin embargo, Merritt aprobó “sin comentarios ni investigación” la propuesta de Clement de alterar la ‘puntuación de riesgo’ de la familia para cerrar el caso.

La decisión de la comisión de revertir el despido de Merritt había sido unánime, y el comisionado Z. Greg Kahwajian afirmó entonces: “La idea de que toda la responsabilidad recae en el Sr. Merritt es realmente acotada, en mi opinión”.

Los fiscales alegan que los empleados del Departamento de Servicios Infantiles y Familiares del condado minimizaron “la importancia de las lesiones físicas, mentales y emocionales sufridas por Gabriel… [y] permitieron que un niño vulnerable se quede en casa y siga siendo objeto de abusos”.

La madre de Gabriel y el novio de ésta aguardan sus juicios por cargos de asesinato con la circunstancia especial de tortura. Ambos se han declarado inocentes. El par está acusado de golpear a Gabriel hasta ocasionarle la muerte, luego de rociarlo con spray de pimienta, obligarlo a comer su propio vómito y encerrarlo en un armario con un muñeco de felpa en su boca para ahogar sus gritos, según detallan los documentos judiciales. Los detectives que requisaron el apartamento de la familia hallaron un palo de madera cubierto con sangre de Gabriel.

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