Violencia en Michoacán; venden constancias de inseguridad para mostrar a funcionarios de EEUU

AGENCIA REFORMA/MÉXICO — Por hasta 500 pesos, autoridades municipales de Michoacán otorgaron a sus habitantes constancias de la violencia que vivían, para que las mostraran a funcionarios de Estados Unidos en la frontera y les permitieran cruzar.

Tan sólo en mayo de 2016, al menos 10 mil michoacanos desplazados por la violencia viajaron a Baja California, la mayoría con la intención de solicitar asilo a EU, según cifras que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) dará a conocer el próximo martes.

Una de las constancias mostradas a REFORMA estaba firmada el 10 de octubre pasado por Mario Padilla Adame, Jefe de Tenencia de Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Buenavista, Michoacán.

“Desde el 24 de febrero de 2013 los habitantes de esta localidad, así como los municipios vecinos de Tepalcatepec, Apatzingán, Aguililla, Colcamán, Los Reyes y algunas localidades vecinas (Tazumbos, Las Lomas, El Limoncito, etc.) de otros estados como Jalisco, se encuentran con mucha inseguridad por crimen organizado”, se leen en el documento.

“Por lo que me permito recomendar ampliamente a la C. XXXXXX y a su hijo XXXXXX para que les brinden todo el apoyo y protección necesaria que requiera, ya que ha decidido dejar su hogar en su pueblo”.

Aunque el documento reconoce el nivel de violencia que se vive en la región, no pide auxilio a las autoridades municipales, estatales o federales, sino que le habla indirectamente a un Gobierno extranjero.

Brenda Pérez, directora del área de Desplazamiento Interno de la CMDPDH, aclaró que a pesar de que dicha constancia es de octubre pasado, no descartan que la práctica haya continuado en meses más recientes.

Sin embargo, la investigadora pudo observar en la garita para cruzar a Estados Unidos, que a pesar de contar con el documento varios michoacanos eran rechazados hacia México de nueva cuenta.

REGISTROS

Según el estudio que dirigió Pérez, entre enero de 2016 y enero de este año se registraron en todo el país 29 episodios de desplazamiento interno masivo, es decir, donde 10 o más familias dejaron sus comunidades, con un total de 23 mil 169 personas afectadas.

La cifra se suma a los registros que la Comisión tiene desde 2009, para un total de 310 mil 571 personas desplazadas de manera forzada en el interior del país.

Estos desplazamientos forzados masivos se registraron en 12 entidades: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Michoacán fue el estado del que más personas huyeron, sin embargo, Guerrero fue el que registró más episodios de desplazamiento, con siete, aunque con una incidencia mínima en cuanto al número de personas.

Pérez destacó el caso de la comunidad de Huixiopa, en Sonora, la cual sufrió tres diferentes eventos en 2016, en los que el 96 por ciento de su población se fue.

También recalcó que los eventos de desplazamiento masivo coinciden con los despliegues militares y las violaciones a derechos humanos constatadas por la CNDH.

Según el estudio de la CMDPDH, 10 de los 29 episodios se generaron directamente por la violencia ligada el crimen organizado, mientras que el resto fue por violaciones a derechos humanos, conflictos políticos, actividad extractiva e intolerancia religiosa.

Brenda Pérez reprochó que ninguna autoridad del Gobierno federal se encargue de registrar oficialmente el fenómeno del desplazamiento interno forzado, aunque mencionó que en la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), alrededor de un millón de personas manifestó haber cambiado de residencia por la inseguridad.