Torturas y obstáculos en la investigación de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa: expertos

MEXICO/EFE — Los expertos internacionales que investigaron la desaparición de 43 estudiantes en México advirtieron evidencias de tortura contra los acusados clave para sostener la versión oficial de los hechos y denunciaron que sus labores fueron obstaculizadas por las autoridades, lo cual les impidió avanzar en el esclarecimiento de un caso que ha irritado dentro y fuera del país.

En su segundo y último reporte divulgado el domingo, el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que ha habido falta de voluntad para investigar la posible responsabilidad de altos funcionarios y de miembros del ejército, además de un intento del gobierno de sostener la tesis de que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron quemados en un basurero, a pesar de ser cuestionada desde hace meses por peritos independientes.

“Es claro que hubo un rechazo latente a versiones distintas a la incineración de los normalistas en el basurero de Cocula, y que se hicieron diversos intentos de regresar a dicho escenario, sin dar curso a la investigación sobre otras policías o agentes del Estado”, señaló el llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que pidió a las autoridades continuar la búsqueda de los estudiantes, porque hasta ahora siguen desaparecidos y no hay certeza sobre su destino.

En respuesta, la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que en todo momento le dio facilidades y “acceso pleno a la información” al grupo de expertos y aseguró que investiga la presunta tortura de 31 de los acusados que lo han denunciado.

“La tortura no es tolerada”, dijo el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos. “La investigación del caso está abierta y no concluirá hasta que el último responsable sea sancionado por los jueces”, añadió.

Aunque los expertos ya habían dicho en su primer reporte que tenían indicios de posible tortura, informaron que se enfocaron en los casos de 17 personas relevantes para la investigación, incluidos cinco presuntos sicarios que declararon haber testificado la muerte y quema de los jóvenes en el basurero.

A partir del análisis de reportes médicos hechos por distintas autoridades mexicanas a los arrestados, el informe señala que los 17 mostraron nuevas lesiones durante el periodo de detención, lo cual muestra “indicios suficientes de que los detenidos podrían haber sufrido tratos crueles, inhumanos o degradantes o tortura”, lo cual podría afectar la investigación.

Por ejemplo, el primer reporte médico tras la detención de Agustín García, uno de los supuestos sicarios que declaró sobre la quema de los estudiantes en el basurero, señaló que tenía una sola lesión. Horas después, ya bajo custodia de las autoridades, un segundo reporte médico encontró 30 lesiones.

Interrogados sobre si la versión oficial estaría basada en confesiones arrancadas por tortura, el abogado chileno Francisco Cox dijo que son los tribunales mexicanos “los que tienen que determinar cuál es la consecuencia de esta información”, aunque recordó que los estándares internacionales dicen que no pueden usarse ese tipo de declaraciones en un proceso penal.

El reporte fue presentado el domingo frente a padres de los desaparecidos, otros alumnos de la Normal, defensores de derechos humanos y activistas. “¡No se vayan, no se vayan!”, les pidieron a gritos a los cinco miembros del grupo, quienes el último día de abril terminan sus actividades en el país.

Los estudiantes desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 tras ser atacados y detenidos por policías municipales y presuntos sicarios en la ciudad de Iguala, al sur de México. Escasos cuatro meses después y tras la captura de varios sospechosos, las autoridades dijeron que habían dado con “la verdad histórica”: que los agentes entregaron a los jóvenes a miembros del cártel de los Guerreros Unidos, quienes los mataron, calcinaron en un basurero y los lanzaron en bolsas a un río cercano.

Al paso de los meses, sin embargo, los expertos de la CIDH y forenses argentinos que acompañan a los padres de los estudiantes señalaron que no hay evidencias contundentes que sustenten esa versión, y han cuestionado que esa teoría se base sobre todo en declaraciones de algunos de los detenidos, incluidos aquellos que en este último reporte habrían sido torturados.

La desaparición de los 43 estudiantes sacudió al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, quien dos años atrás llegó al poder con una agenda de transformación del país a partir de diversas reformas económicas y sociales. Y en medio de diversas protestas y críticas, aceptó que expertos de la CIDH llegaran al país para investigar lo sucedido, lo cual abrió la esperanza de los padres y otros sectores de que se conocería lo que realmente pasó con los alumnos.

Sin embargo, tras el primer reporte de los expertos en septiembre pasado, que rechazó la versión del basurero, la cooperación oficial cambió.

Los expertos denunciaron lentitud en las respuestas a sus solicitudes, demora en la realización de pruebas, la falta de indagatoria en otras líneas de investigación sugeridas, la imposibilidad de volver a entrevistar a algunos inculpados o entrevistar a nuevos, la negativa a interrogar a militares y un rechazo de las autoridades castrenses a entregar documentos o imágenes que tenían en su poder sobre los hechos de aquella noche.

“Basado en todas las maneras que el gobierno ha obstruido el trabajo del grupo, parece que la razón de traerlos nunca fue para resolver el caso, sino para hacer relaciones públicas, un control de daños de cara a la indignación pública por su manera del caso”, dijo a The Associated Press Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de la organización Human Rights Watch. “Si ese fue el cálculo, claramente calcularon mal”.

Los expertos dijeron que no debe cerrarse la posibilidad de que la razón detrás de las desapariciones esté en el posible tráfico de heroína de Iguala hacia Chicago, en Estados Unidos, algo que ya habían planteado desde el primer reporte, pero que aseguraron que no se avanzó en nada hasta ahora.

“El caso de Ayotzinapa ha supuesto para el país una encrucijada de la cual tiene que salir y pasa por el fortalecimiento del estado de derecho”, señaló el abogado colombiano Alejandro Valencia, uno de los expertos.

Amnistía Internacional calificó de “demoledor” el informe de los expertos y consideró que refleja que “la determinación absoluta del gobierno mexicano de esconder la tragedia de Ayotzinapa debajo de la alfombra parece no tener límites.