Forzados a firmar su salida voluntaria de EE.UU., ahora regresan a defender su caso

SAN DIEGO/EFE — Seis personas que habían sido deportadas a México tras verse obligadas a firmar su salida voluntaria regresaron ayer a Estados Unidos a través de San Diego (California) para pelear su caso frente a un juez de inmigración.

Se trata de los primeros beneficiados por el acuerdo logrado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) tras la demanda colectiva López-Venegas contra Johnson que se interpuso hace dos años después de que se conociese que agencias de inmigración habían desinformado a inmigrantes detenidos para que firmasen su salida del país sin la posibilidad de consultar a un abogado.

“A estas personas se les negó el derecho de poder pelear su caso cuando fueron detenidas y hoy en día reciben esa oportunidad”, dijo Anna Castro, portavoz de ACLU en San Diego.

Representantes de este organismo recordaron que este acuerdo no otorga el derecho automático e permanecer en el país, ya que cada individuo deberá presentar su caso ante las autoridades federales, quienes determinarán si la persona califica para quedarse.

“No regresan con la ‘green card’ (permiso de residencia), no regresan con un permiso, no regresan con una visa, solo regresan con esa oportunidad de seguir su caso migratorio”, reiteró Castro.

Los integrantes de este grupo que se presentó ayer en la garita de San Ysidro, que separa San Diego de Tijuana (México), tenían motivos para poder permanecer en el país al momento de su deportación, como haber vivido más de diez años en Estados Unidos, ser padres de ciudadanos o calificar para la Acción Diferida (DACA), entre otros.

“Realmente no creía que iba a poder regresar, nunca me lo imaginé”, dijo Aroon Domínguez, quien fue deportado en 2011 cuando el autobús en que viajaba pasó por un punto de revisión de la Patrulla Fronteriza.

El inmigrante, de origen mexicano, señaló que encontró la información sobre la campaña de ACLU en internet, y aunque en un principio se mostró escéptico, ahora agradece el haber confiado en este organismo, por el cual hoy podrá reunirse nuevamente con su familia.

Por su parte, Lucila Serrano se vio obligada a firmar su salida voluntaria hace seis años y finalmente hoy pudo abrazar a su esposo e hija en suelo norteamericano.

“Fueron años muy difíciles, pero estoy otra vez aquí, donde tengo mi familia y donde viví tanto tiempo”, comentó.

Estefany Castillo fue deportada en 2012 a la edad de 15 años, cuando se le pidió firmar unos documentos sin posibilidad de leerlos primero. La joven, quien califica para DACA se mostró entusiasmada y ansiosa por regresar a la escuela.

“Soy muy feliz porque voy a poder terminar mis estudios, algo que lamentablemente quedó a medias al momento de mi deportación”, dijo.

ACLU continúa recibiendo llamadas y mensajes de personas que podrían calificar, de las cuales, “docenas” podrían obtener la aprobación para regresar en próximas semanas.

Entre los requisitos para formar parte de este acuerdo figuran que la persona tuvo que haber sido expulsada tras verse forzada a firmar su salida voluntaria entre el 1 de junio de 2009 y el 28 de agosto de 2014.

Además tienen que haber sido procesados por Inmigración en el sur de California o por la Patrulla Fronteriza en San Diego y haber tenido una razón para pelear su caso ante un juez al momento de su deportación.

Una vez que ACLU analiza cada caso y determina si la persona reúne los requisitos, se presenta una solicitud ante el Departamento de Justicia, dependencia que tiene 45 días para dar una respuesta.

Si la resolución es positiva, se da un lapso de 45 días para que la persona deportada se presente en la garita de San Ysidro para ser procesada y regresar nuevamente al país.