‘Pánico moral’: la verdadera causa del encarcelamiento de mujeres en El Salvador por los casos de mortinatos

Evelyn Beatriz Hernández Cruz, una mujer salvadoreña de 19 años de edad, fue hallada culpable de “homicidio agravado” este mes, después de dar a luz a un bebé prematuro -quien probablemente nació muerto- en la letrina de su casa familiar. La joven fue sentenciada a 30 años en prisión.

El caso de Hernández Cruz no es único. Desde 2000, al menos 35 salvadoreñas fueron condenadas por matar a sus recién nacidos. Todas ellas han sido encarceladas, no por violar la draconiana ley del aborto en ese país, el cargo por el cual muchas fueron arrestadas inicialmente, sino por cargos de homicidio agravado, intento de homicidio agravado u homicidio involuntario.

Todas dieron a luz de forma inesperada, a menudo prematuramente, y sin apoyo médico alguno. Todas informaron que sus hijos habían nacido sin vida o que murieron poco después del parto debido a circunstancias fuera de su control. Las mujeres que fueron condenadas por homicidio agravado recibieron penas de entre 25 y 40 años de prisión. Las pocas condenadas por intento de homicidio agravado -cuando los bebés sobrevivieron- recibieron sentencias de entre 12 y 15 años.

Los activistas brindan diferentes explicaciones acerca de por qué mujeres como Hernández Cruz son acusadas de homicidio y encarceladas en El Salvador. Por un lado, los defensores del derecho al aborto y de organizaciones de derechos humanos tales como Amnesty International, argumentan que la ley del país, que penaliza el aborto en todas sus circunstancias, es la principal culpable de estas acciones judiciales. Deshacerse de esa norma, insinúan, es acabar con el problema. Por otra parte, los activistas antiabortistas insisten en que Hernández Cruz y las demás mujeres realmente asesinaron a sus bebés, y que las circunstancias que rodearon a los presuntos mortinatos son creaciones de lo que ellos consideran “la presión proabortista”, parte de una campaña para cambiar la ley del país.

En mi opinión, comprender estos casos requiere ir más allá del debate acerca de la reglamentación del aborto en El Salvador, y captar un fenómeno más amplio. Como socióloga, he revisado los documentos judiciales de 20 casos en los que mujeres salvadoreñas fueron condenados por homicidio agravado de sus recién nacidos, solicité la experiencia de patólogos forenses, obstetras y juristas. Mi análisis reveló la extensa evidencia de un concepto sociológico conocido como ‘pánico moral’.

El sociólogo sudafricano Stanley Cohen presentó dicha idea en 1972 para describir una histeria colectiva que puede estallar cuando las sociedades experimentan un período convulsionado, que amenaza con transformar las relaciones de poder tradicionales. El pánico moral busca reimponer el orden social tradicional al apuntar como villanos, o ‘demonios populares’, al grupo marginal que parece estar ganando poder. Estos villanos son a menudo acusados -por los medios de comunicación y otras poderosas instituciones- de hacer daño a víctimas inocentes e indefensas. Los estados típicamente responden a ello adoptando leyes punitivas para castigar al grupo.

En la década de 1990, antes de que se comenzara a encarcelar mujeres por los casos de mortinatos, El Salvador se encontraba en las primeras etapas de una agitación semejante. El país había emergido recientemente de una guerra civil de 12 años. Como condición de los acuerdos de paz concertados por las Naciones Unidas, la élite política debía compartir la Asamblea Legislativa con los mismos insurgentes izquierdistas que había luchado en la guerra. Las agrupaciones políticas de derecha se apoderaron de la retórica antiabortista como un medio eficaz para demonizar a la izquierda con poder reciente, como antifamiliar y antireligiosa.

En unión con la Iglesia católica local, estos partidos políticos de derecha eventualmente colaboraron para aprobar la prohibición del aborto en 1997, seguida por una enmienda constitucional en 1999 que obliga al estado a proteger la vida humana desde el momento de la concepción.

Según la teoría de Cohen, los medios de comunicación desempeñan un papel clave en aumentar el pánico moral. En El Salvador, los principales medios maximizaron el frenesí sobre el aborto, pidieron al estado que tomara más medidas para capturar a las madres homicidas y que emplee las palabras ‘aborto’ y ‘homicidio’ como equivalentes. Un artículo publicado en un periódico reportó que “el número de recién nacidos que son arrojados a letrinas, recipientes de basura o lotes vacíos por sus propias madres es alarmante”. A menudo, dichas noticias no mencionaban un solo caso concreto para apoyar sus dichos, sino provocativas descripciones de las malvadas mujeres que llevaban a cabo estos crímenes. “Son seres humanos que sólo vivieron los nueve meses que permanecieron en el vientre”, expresó una publicación. “Al nacer, esperan las dulces manos de una madre, pero hallan en cambio las garras de estas mujeres sin alma”.

Es en este amplio contexto donde deben entenderse estas duras penas de prisión. En los 20 casos examinados, las autoridades salvadoreñas descartaron evidencia de forma rutinaria y flagrante, con el fin de llegar a veredictos de culpabilidad; más leña para el fuego del pánico.

La policía y los abogados del gobierno no reconocieron la posibilidad de un nacimiento imprevisto, y argumentaron consistentemente que mujeres como Hernández Cruz “lanzan” o “arrojan” a sus recién nacidos a las letrinas. Los especialistas forenses utilizaron pruebas poco fiables y razonamientos erróneos para concluir que los bebés fueron asesinados, incluso cuando las propias autopsias documentaron anomalías fetales que probablemente causaron un fallecimiento natural. En los pocos casos en que un infante sí pareció ser víctima de una muerte violenta, las autoridades sólo investigaron a la madre, ignorando pruebas que señalaban a otros posibles sospechosos. Los jueces salvadoreños más obvios excluyeron información que habría apoyado el testimonio de las mujeres, aceptando incoherencias inexplicables en los informes forenses o los argumentos de los fiscales, y priorizando presunciones en lugar de pruebas para determinar la culpabilidad.

En el caso de Hernández Cruz, las autoridades rechazaron el plausible relato de los hechos. La joven estaba embarazada apenas de 30 semanas cuando dio a luz, y no se había dado cuenta de que estaba encinta ya que había experimentado sangrados vaginales regulares, que ella había interpretado en todo momento como una menstruación. Cuando comenzó a sufrir dolorosos calambres abdominales se dirigió a la letrina, pensando que necesitaba una evacuación intestinal.

Expertos legales y médicos sostienen que no hay razón para dudar de la historia. Una gran cantidad de mujeres no se dan cuenta de que están embarazadas hasta que dan a luz, incluso en países ricos. Por otra parte, el sangrado vaginal en el segundo o tercer trimestre es un signo inequívoco de complicaciones del embarazo; podría indicar una anormalidad en la placenta, por ejemplo, que puede interrumpir el flujo de sangre u oxígeno al feto.

Sin embargo, las autoridades ignoraron la historia de Hernández Cruz, incluso a pesar de que se descubrió que el bebé había aspirado meconio mientras estaba en el útero -otro signo de sufrimiento fatal- y que ella había sufrido una infección de la vejiga, una condición fuertemente asociada con los nacimientos prematuros.

El juez concluyó simplemente que la joven había mentido al decir que no se había dado cuenta de su embarazo, que no había querido que nadie supiera de su condición y que, por lo tanto, planeó deshacerse del bebé. Estas suposiciones sirvieron de base única para un veredicto de culpabilidad.

Una descarada presunción de culpa es evidente en el manejo de los 20 casos estudiados. En uno, especialmente indignante, la autopsia reportó al menos tres anormalidades biológicas que podrían explicar una muerte fetal. El informe también declaró explícitamente que no se hallaron señales de trauma en el cuerpo del bebé. Sin embargo, al indicar la causa de fallecimiento, el forense simplemente escribió el término ‘violenta’.

Los legisladores salvadoreños consideran actualmente un proyecto de ley que legalizaría el aborto en unas pocas circunstancias específicas, como cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer. Esto salvaría las vidas de muchas salvadoreñas, pero proteger a adolescentes como Hernández Cruz de pasar su existencia en la cárcel requerirá de mucho más que la legislación.

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Traducción: Valeria Agis