Estas mujeres afirman haber sido esterilizadas por la fuerza en los años 1990; ahora quieren justicia
El ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, y tres de sus ministros de salud están siendo procesados por un programa en el que supuestamente se esterilizó a mujeres sin su consentimiento.
LIMA, Peru — La primera vez que las enfermeras visitaron a Gloria Basilio, ella les dijo que no le interesaba una cirugía de esterilización. Ya tenía tres hijos, pero quería más.
Las enfermeras seguían regresando a su casa, en el remoto campo peruano. Le decían que el propio presidente había ordenado el procedimiento para las mujeres con familias numerosas, quienes, según ellos, “se reproducían como conejos”.
Con su esposo lejos de allí, Basilio finalmente asintió.
Al día siguiente cambió de opinión en el quirófano, pero las enfermeras le ataron los brazos y las piernas a una cama y le vendaron los ojos.
En “One Child Nation”, la cineasta Nanfu Wang se enfrenta a su propia historia familiar para transmitir la devastación psicológica de la política china de un único hijo.
Basilio es una de las miles de mujeres —en su mayoría pobres, rurales e indígenas— que fueron esterilizadas contra su voluntad en el marco de un programa de planificación familiar que funcionó desde 1996 hasta 2000, durante el mandato del entonces presidente Alberto Fujimori.
El gobierno informó que más de 272.000 mujeres y 22.000 hombres fueron esterilizados. Hasta septiembre, casi 7.500 personas —el 96% de ellas mujeres—, se habían unido a un registro gubernamental alegando que no habían dado jamás su consentimiento.
“Mi esposo nunca dejó de culparme”, expresó Basilio, ahora de 46 años. “También él quería tener más hijos. Cada vez que me quejaba del dolor, me decía ¿Por qué te hiciste eso? ¿Por qué te operaste?”.
Se estima que 1 de cada 16 mujeres en los EE.UU. dijo que fueron forzadas o coaccionadas a tener relaciones sexuales por primera vez. Eso equivale a 3,3 millones de mujeres de 18 y 44 años.
Ahora, después de casi dos décadas de intentos intermitentes de justicia, Fujimori y tres de sus exministros de salud enfrentan un juicio por violaciones de los derechos humanos.
La denuncia penal, que se presentó el año pasado en nombre de más de 1.300 presuntas víctimas, incluidas cinco mujeres que, según los fiscales, murieron como resultado de las complicaciones del procedimiento, llegó a un punto crítico. Un tribunal especializado en corrupción de alto nivel tiene previsto escuchar pruebas desde principios de diciembre, y decidir si el caso puede continuar.
Basilio también quiere una disculpa pública, “incluso de Fujimori”, señaló.
El programa de planificación familiar de su gobierno fue alguna vez aclamado como una forma de reducir la pobreza generalizada, al garantizar que las familias de bajos ingresos y menos educación recibieran el mismo acceso al control de la natalidad que aquellas de mayores ingresos.
“¡Las mujeres peruanas deben ser dueñas de su destino!”, declaró Fujimori en un discurso ante el Congreso, en 1995.
Pero los fiscales alegan que la campaña enfatizó la esterilización sobre otras medidas anticonceptivas y que los trabajadores de la salud fueron presionados para cumplir con los cupos previstos.
Como muchas mujeres, las tejedoras se sienten frustradas, enojadas y preocupadas...
También afirman que el presidente participó en reuniones con ministros de salud centradas en la esterilización, y que recibía actualizaciones por escrito sobre la supuesta campaña para operar a las mujeres.
Los médicos “obedecieron una escala de órdenes controladas por el nivel más alto del país”, expuso Milton Campos, abogado de DEMUS, un grupo de derechos humanos de las mujeres peruanas.
Casi desde el principio, el programa familiar fue perseguido por denuncias de que las mujeres estaban siendo coaccionadas.
Las esterilizaciones forzadas se consideran un crimen de lesa humanidad según el derecho internacional, y varias investigaciones del gobierno y los activistas eventualmente generaron una investigación penal, que se abrió y descartó varias veces a lo largo de los años.
El resultado más significativo fue un acuerdo de 2003 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que Perú acordó pagar una indemnización a la familia de una mujer que murió después de ser esterilizada por la fuerza.
Fujimori, quien renunció a la presidencia en 2000 después de escándalos de corrupción que involucraron a su antiguo jefe de espías, cumple una condena de 25 años de prisión por ordenar masacres durante la lucha de su gobierno contra los rebeldes maoístas.
Pero sus aliados políticos, conocidos como fujimoristas, mantuvieron un poder considerable y una imagen populista.
El caso de la esterilización “complica el discurso fujimorista de que están a favor de la gente, a favor de los pobres”, expuso Jo-Marie Burt, politóloga y experta en Perú en la Universidad George Mason.
Más tarde, en 2016, el Ministerio de Justicia comenzó a registrar presuntas víctimas con la esperanza de brindarles asistencia psicológica, médica y legal, y para determinar el alcance de la campaña de esterilización.
Melissa Goytizolo, una periodista peruana que recopiló relatos de más de 100 presuntas víctimas, informó que algunas fueron esterilizadas mientras estaban inconscientes después de una cesárea.
A otras les dijeron que estaban siendo tratadas contra la malaria; luego las anestesiaron y esterilizaron. Algunas mujeres cedieron a las amenazas de que, si se resistían a la cirugía, sus maridos serían encarcelados.
En otros casos, las mujeres indígenas firmaron formularios de consentimiento que no comprendían, porque no sabían leer español.
La denuncia de 2018 describe que se celebraban ferias para reunir grandes grupos de personas que serían potenciales candidatos para la esterilización. Allí se les ofrecía comida y ropa como incentivos.
Otros detalles provienen de Hernando Cevallos, ex congresista y uno de los pocos médicos que habló sobre el programa. En 1997, Cevallos era jefe de la federación médica en la región peruana de Piura, cuando un grupo de doctores afirmó que los funcionarios de salud les habían ordenado realizar 250 esterilizaciones en cuatro días.
Para cumplir con esos números, el personal de las instalaciones médicas —hasta el personal de limpieza— se movilizaba para traer pacientes, relató Cevallos.
“Había mucho miedo entre los médicos, porque eran órdenes del estado”, remarcó. “Sabíamos que estaba mal, que aumentaba el riesgo, pero lo hacíamos porque, si no, podíamos ser despedidos... Realmente era como una fábrica de esterilización”.
Los acusados y sus aliados negaron la existencia de una campaña de esterilización. César Nakazaki, el abogado de Fujimori, afirmó que el presidente no participó en la ejecución del programa y que si bien en algunos casos los médicos no obtuvieron su consentimiento, eso no significa que fuera una política del gobierno.
“Un alto porcentaje de niños en los Andes mueren cada año por el frío”, expuso. “¿Eso significa que hay una política de salud para que esos chicos mueran? No”.
En un discurso de 2015, en Harvard, la hija del ex mandatario, Keiko Fujimori, afirmó que las esterilizaciones forzadas eran “responsabilidad personal de los médicos que no respetaban los protocolos”.
Marino Costa Bauer, uno de los ex ministros de salud que enfrenta cargos, calificó la campaña de planificación familiar como un programa “excelente” que redujo la tasa de mortalidad materna. “¿Podría haber habido algunos casos en los que no hubo un consentimiento adecuado? Seguramente”, dijo. “El programa tenía una regulación muy clara. Si no se siguió, no fue culpa del ministro o del ministerio, sino de quienes no cumplieron”.
Costa Bauer ha argumentado que el caso duró demasiado y espera que el tribunal superior de Perú se expida sobre una petición que pretende ponerle fin.
Las víctimas de la campaña de esterilización a menudo fueron abandonadas por sus esposos, quienes las consideraron inservibles. “Es difícil para ellas encontrar otra pareja, porque ya están estigmatizadas como una mujer que no puede tener hijos”, expuso Alejandra Ballon, quien escribió un libro en 2014 sobre el tema. “Esto es muy difícil para las personas de la cultura andina o amazónica, donde cuantos más niños se tiene, mejor”.
Ese fue el caso de María Elena Carbajal, quien horas después de dar a luz, en 1996, cedió a la presión de los médicos en el hospital y fue esterilizada.
Cuando su esposo se enteró de lo que había sucedido, la acusó de operarse para poder tener otra pareja sexual.
“Mi marido me abandonó desde ese día”, narró Carbajal, quien ahora tiene 49 años. “Se olvidó de mí y de mis hijos”.
Así, ella debió mantener a sus cuatro hijos sola. Finalmente formó otra pareja, pero su relación terminó porque no podía darle hijos a ese nuevo hombre.
Hoy dirige una asociación de víctimas, en Lima, que se reúne mensualmente y ofrece terapia grupal.
Una integrante de la agrupación, Florentina Loayza, quien afirma que fue esterilizada a los 19 años, después de ser retenida y anestesiada, relató que antes de hacer terapia sentía una profunda tristeza cuando veía niños.
“Iba al mercado, y lo primero que veía era ropa de bebé; veía a un niño y quería tener un hijo”, narró la mujer, quien ahora tiene 40 años. “Ahora ya no tengo ese anhelo”.
Los defensores de las víctimas exponen que la mayoría recibe poca o ninguna ayuda.
Según Raquel Reynoso, quien dirige junto con otras personas una asociación para exigir indemnizaciones, hay escasez de psicólogos en los centros de salud en las áreas remotas donde viven muchas de las mujeres afectadas. “Ni siquiera reciben la atención médica adecuada, que es lo más básico que piden”, explicó.
El Ministerio de Salud y el Ministerio de Mujeres y Poblaciones Vulnerables, ambos encargados de ayudar a las víctimas, no respondieron a las solicitudes de comentarios para este artículo.
Mientras tanto, el crecimiento del registro de gente perjudicada se ha desacelerado considerablemente. El ministerio de Justicia trabaja con las asociaciones de damnificadas para organizar visitas de varios días a las comunidades, en busca de más casos.
Joshua Calderón, un funcionario judicial que coordina la asistencia legal para las víctimas, comentó que su equipo se centra en las regiones donde ha habido informes de esterilizaciones forzadas. “Es lógico que pueda haber un número de personas que aún no se hayan registrado, y con más dinero para este servicio podríamos llegar a un número mayor”, dijo.
Goytizolo, la periodista, culpó al gobierno por invertir muy poco en el esfuerzo. Hace varios años, ella y Ballon, la autora, demostraron cómo podía llevarse a cabo.
En Pucallpa, una ciudad en la selva amazónica, compraron un espacio en la radio local, e instruían a las mujeres que sentían que habían sido esterilizadas de forma engañosa que contactaran a la estación. Ello resultó en docenas de presuntas víctimas que se presentaron.
“Este programa afectó a mujeres que eran trabajadoras agrícolas, las más pobres, con la menor educación, y es por eso que el estado no las ayuda”, remarcó Goytizolo. “Creo que estas son las mujeres más olvidadas en Perú”.
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