Religión no debe mediar debate para despenalizar aborto en El Salvador, ONG

SAN SALVADOR/EFE — Las creencias religiosas no deben mediar en el debate de una propuesta presentada hoy por el oficialismo para despenalizar el aborto terapéutico, en caso de violaciones o inviabilidad fetal, señalaron a Efe representantes de organizaciones sociales.

“Partiendo de que estamos en un Estado laico (...), esperamos que esto se pueda debatir de una manera informada” y “sin meter por medio creencias religiosas” porque “somos un país muy plural”, dijo Alberto Romero, representante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

Romero pidió a las iglesias salvadoreñas que “escuchen las razones” técnicas y jurídicas emanadas de todos los sectores de la sociedad antes de oponerse a la propuesta presentada por la presidenta del Congreso, Lorena Peña, y un grupo de diputados del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) sobre ese asunto polémico.

Romero también aseguró que una despenalización no “va a generar una comercialización” del aborto, como señalan sectores conservadores, y que la forma en que “no se convierta en un negocio es que el sistema público de salud” ofrezca la opción gratuitamente.

Por su parte, Morena Herrera, portavoz de la Alianza por la Salud y la Vida de las Mujeres, pidió a los representantes de la Iglesia católica y protestante en El Salvador que les “permitan informarles de qué estamos hablando”.

Añadió que, en el caso de los católicos, el Papa Francisco “ya se ha pronunciado” y “no ha sido condenatorio”, sino que ha llamado a “comprender el drama que esto significa”.

De igual forma, aseguró que los feligreses evangélicos “son mujeres, que en su mayoría viven en situación de pobreza y enfrentan este tipo de problemas”.

“Llamamos a los liderazgos religiosos que asuman una posición comprensiva e informada”, concluyó.

El artículo 133 del Código Penal salvadoreño establece penas de entre dos y ocho años de cárcel a quien provoque, consienta o practique un aborto en cualquier condición.

La reforma propone añadir el numeral 133-A que haga la salvedad de que “no es punible” el aborto realizado “con el propósito de salvar la vida de una mujer”, cuando el embarazo sea producto de una violación o estupro o sea “inviable la vida extrauterina”.

El FMLN ha apoyado históricamente a las organizaciones sociales que buscan la despenalización del aborto terapéutico y en casos de violación, sin embargo es la primera vez que toma medidas en el Congreso, a pesar de haber tenido diputados en los últimos 22 años.

Actualmente, un total de 14 mujeres están condenadas en ese país centroamericano por delitos ligados al aborto.