Asamblea aprueba medidas para combatir a las pandillas

SAN SALVADOR/AP — La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el viernes un paquete de medida extraordinarias que afectarán el sistema penitenciario con los que se busca aislar a los cabecillas de las pandillas que las autoridades afirman ordenan los homicidios, extorsiones y otros delitos desde las cárceles.

Con los votos de 83 de los 84 diputados y el apoyo de todos los partidos políticos incluyendo a la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), el congreso unicameral aprobó las reformas a la ley penitenciaria que fue enviada al presidente Salvador Sánchez Cerén para su aprobación y la publicación en el Diario Oficial que le permite entra en vigencia de inmediato.

Con las medidas extraordinarias, que tendrán una vigencia de un año, el gobierno busca tener el control y seguridad del sistema penitenciario de todo el país y proteger a la población de las actividades ilícitas que se siguen ordenando desde los penales, afirmó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, comisionado Mauricio Ramírez Landaverde que junto todo los miembros del gabinete de seguridad presenció el debate legislativo.

Las reformas autorizan a las autoridades a los traslados de los pandilleros de Una cárcel a otra y que algunos pasen al régimen especial de internamiento, que comenzó el martes con el aislamiento de 299 cabecillas de los grupos delincuenciales.

También podrán aplicar la restricción y de ser necesario la suspensión de las visitas de todo tipo en todo el sistema penitenciario, a excepción de las realizadas por los abogados de los reos, que podrán desarrollarse, pero en condiciones de mayor control. Se ha denunciado que algunos abogados se convierten en mensajeros de las pandillas.

También se regula la movilización de reos a diligencias judiciales y se suspenden los plazos procesales. También establece mayores facultades al gobierno para evitar el flujo de tráfico de llamadas telefónicas desde los centros penales y se anuncian medidas severas para las empresas telefónicas que no acaten la orden de bloquear las señales en los alrededores de las cárceles.