Trump retrasa el plan de deportaciones, en medio del temor de inmigrantes indocumentados en el país

La advertencia del presidente Trump de la semana pasada, de que comenzaría a deportar a “millones” de migrantes fue repentinamente suspendida el sábado, según un tuit que envió esa tarde.

“A pedido de los demócratas, he retrasado el proceso de remoción de inmigrantes ilegales durante dos semanas, para ver si los demócratas y los republicanos pueden unirse y encontrar una solución a los problemas de asilo y los vacíos legales en la frontera sur. Si no, ¡comenzarán las deportaciones!”, decía el tuit.

Pero la repentina suspensión de Trump proporcionó poco alivio a muchos que están preocupados por su futuro. La anticipación de redadas inmigratorias, que en principio había planeado para el pasado domingo, provocó fuertes emociones para muchas personas en la nación.

Cuando el mandatario dio a conocer la noticia de las deportaciones, a principios de la pasada semana, Robin Hvidston y Maribel Cisneros no estaban seguras de qué tan seriamente tomarlo.

Las mujeres, que no se conocen entre sí, son conscientes de que Trump es “propenso a la exageración”, como lo expresa Hvidston. Ambas creen que su declaración fue una maniobra política para obtener el apoyo de su base antes de las elecciones de 2020 (aunque algunos piensan que la táctica podría ser contraproducente).

Ninguna de ellas conocía los detalles específicos del plan de Trump, y algunos analistas remarcaron que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas simplemente no tiene el personal necesario para llevar a cabo una gran oleada de arrestos.

Pero el mensaje inicial de la administración provocó emociones fuertes y muy distintas entre ellas: temor para Cisneros, esperanza para Hvidston.

Hvidston, de 63 años, residente en Upland y activista contra la inmigración no autorizada durante mucho tiempo, lidera un grupo que aboga por un control más estricto de la frontera. “Espero que realmente tenga un plan”, expresó Hvidston sobre Trump, quien ha hecho de la represión contra la inmigración ilegal una piedra angular de su presidencia.

Cisneros, quien tiene 37 años y está embarazada, es una mujer salvadoreña e indocumentada, que ha vivido en Los Ángeles durante más de una década después de escapar de su esposo, quien había amenazado con matarla, comentó.

A principios de esta semana, en su casa, cerca de MacArthur Park, Cisneros veía una transmisión televisiva en español que adelantó la noticia de la promesa de Trump. Más tarde, sentada en el parque junto con su hija, sintió una sacudida de angustia. Se tomó el vientre y se preguntó qué pasaría con sus hijos si fuera deportada. “Le estamos pidiendo a Dios que nos proteja”, aseguró.

En California y otros estados, muchas personas además de los migrantes sin estatus legal -incluidos activistas por los derechos de los inmigrantes, oficiales locales del orden y funcionarios electos- se han mentalizado en los últimos días para las posibles redadas de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y se están preparando para lidiar con las consecuencias.

Trump tuiteó la semana pasada que los agentes de ICE comenzarían “a deportar a los millones de extranjeros ilegales que ilícitamente encuentran su camino a Estados Unidos... tan pronto como ingresen”. El mandatario sugirió que las redadas comenzarían esta semana y pidió a los demócratas del Congreso que aborden la “crisis fronteriza”.

Su tuit se concretó ante el inicio de su campaña de reelección en Florida, y algunos analistas en temas de inmigración afirman que exageró gravemente la cantidad de posibles deportados y la capacidad de los agentes de inmigración para aprehenderlos.

Mark Morgan, el director interino de ICE, dijo en días pasados que los agentes se enfocarían en más de 2.000 miembros de familias inmigrantes que ya han recibido la orden de deportación. La agencia afirmó que dará prioridad al arresto y remoción de migrantes no autorizados “que representan una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la fronteriza”.

En el año fiscal 2018, expuso la agencia, el 90% de los deportados tenían una condena penal, cargos penales pendientes o eran fugitivos de ICE o reingresos ilegales con registros de deportaciones anteriores.

Algunos informes sugerían que las redadas comenzarían en las horas previas al amanecer del pasado domingo. Según Morgan, los operativos incluirían a las familias cuyos casos fueron acelerados en 10 tribunales de inmigración de todo el país, en Los Ángeles, San Francisco, Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Miami, Nueva Orleans y Nueva York.

Morgan sugirió que miles de personas serían deportadas, al menos inicialmente -no millones, como declaró Trump-.

Independientemente de la cantidad final de remociones, la línea dura constante de Trump frente al tema probablemente servirá para sus objetivos a largo plazo, consideró Hiroshi Motomura, un experto en leyes de inmigración y profesor de UCLA. “Creo que estos tuits realmente logran dos cosas. Una es reforzar su base de seguidores. No creo que necesite deportar a millones de personas para convencerlos de que está haciendo algo”, dijo. “Lo segundo que intenta lograr es que la gente tenga miedo, y así se irá sola. Se les asusta para que mantengan la cabeza baja y estén dispuestos a trabajar en situaciones de explotación”.

El impacto de las amenazas de Trump también podría tener consecuencias tangibles a largo plazo, como una menor participación en el censo de EE.UU de 2020, remarcó el experto.

Más allá de la retórica, muchos dentro de la comunidad por los derechos de los inmigrantes le creen a Trump y se preparan para lo que pueda venir en el futuro.

Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), una entidad sin fines de lucro, señaló que su organización es parte de una red de acción rápida que está lista para desplegar defensores de los derechos de los inmigrantes en respuesta a las redadas. Probablemente, algunos de ellos serán enviados a centros de detención y necesitarán ayuda para salir bajo fianza. “Vamos a tratar de salvar y proteger a las familias de las deportaciones”, remarcó Salas. “Es una carrera contra el tiempo”.

En el condado de Orange, Resilience OC, un grupo que lucha por la justicia de inmigración, planea lanzar una línea directa de ayuda esta semana. Los organizadores también prevén realizar al menos tres talleres de “Conozca sus derechos” para inmigrantes, en los próximos días.

Algunas agencias locales de aplicación de la ley, incluido el Departamento del Sheriff del condado de L.A, están tratando de distanciarse de ICE y de las políticas federales que esa agencia aplica. “Quiero que el público sepa que nuestros oficiales están comprometidos a mantener a la gente a salvo, sin importar su estatus migratorio. Los tuits del presidente Trump sobre deportaciones masivas no significa que nuestros oficiales se convertirán en agentes federales de inmigración, que preguntarán a criminales y víctimas dónde han nacido”, afirmó el sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, en una declaración preparada.

El Departamento de Policía de Los Ángeles destacó que las acciones de ICE en siete condados del sur de California apuntarían a unos 140 inmigrantes con órdenes de deportación.

Pero el jefe de LAPD, Michel Moore, destacó que esos operativos “no tienen nada que ver con el Departamento de Policía de Los Ángeles”, que no jugará ningún papel en la cuestión, dijo, haciéndose eco de una antigua política de LAPD, de no detener o cuestionar a alguien sobre su estatus migratorio o ciudadanía. “No somos una extensión de ICE”, remarcó Moore, quien se ha reunido con cónsules generales y varios interesados de la comunidad con respecto a las acciones informadas.

Los funcionarios del estado de California también criticaron los planes de la administración, al igual que los alcaldes de varias ciudades supuestamente en la mira, como Chicago y Houston. “Las redadas propuestas por el presidente son crueles, están mal encaminadas y generan miedo y ansiedad innecesarios”, aseguró el gobernador Gavin Newsom en una declaración. “Quiero que los californianos sepan que tienen derechos legales y protecciones, independientemente de su estatus migratorio”.

Según el alcalde de San José, Sam Liccardo, su ciudad rechaza “las políticas de miedo y exclusión de esta administración, que está destrozando a nuestras familias”.

“Es importante para todos los miembros de nuestra comunidad, independientemente de su estatus migratorio, saber que tienen derechos y que nuestro Departamento de Policía de San José no participará en ninguna investigación de ICE o actividad de control”, destacó Liccardo.

El alcalde alentó a los residentes a “informarse sobre sus derechos y mantenerse alertas en caso de que los agentes de ICE ingresen a una casa o negocio sin consentimiento o una orden judicial válida”.

También pidió a los residentes que informen sobre la ubicación de cualquier actividad de ICE y que obtengan una descripción de cualquier vehículo, números de placa, fotos u otra información relacionada con dicha actividad de la agencia, y la compartan con la Red de Respuesta Rápida de la ciudad, “para que podamos recopilar la información, y según el caso, tomar medidas legales”.

El alcalde de Houston, Sylvester Turner, emitió una declaración donde comunicó que los “reportes no confirmados” de que su ciudad sería un objetivo “han generado mucha ansiedad para algunos. Esto demuestra una vez más que este país necesita una reforma migratoria integral”.

“Houston depende del ingenio, el sudor y las ricas contribuciones culturales de sus inmigrantes”, continúa el comunicado. “Uno de cada cuatro habitantes de esta ciudad ha nacido en el extranjero, y somos la urbe grande más diversa de EE.UU. Damos la bienvenida a los recién llegados de todo tipo cuando vienen a nuestra ciudad para trabajar duro y construir un hogar”.

En Los Ángeles, la semana pasada, hombres vestidos de negro deambulaban por MacArthur Park, murmurando “¿Identificación?” a los extraños mientras caminaban, una oferta para vender documentación falsa. Dentro de algunos negocios locales, la televisión en español transmitía imágenes de centros de detención concurridos.

“Si hay una redada, diré: ‘Dios, estamos en tus manos’”, afirmó Ana Martínez, una residente legal, de 60 años de edad, que vino de El Salvador hace 27 años y tiene hijos a quienes dejó en su país.

Hvidston se enteró del anuncio de Trump durante un viaje de cabildeo a Sacramento y anhela un resultado diferente. La mujer sabe que deportar a millones de personas supondrá un enorme desafío logístico. Pero la alienta la posibilidad de que el presidente cumpla con su último voto.

“Soy una votante de base”, afirmó. “Soy el tipo de elector al que él le está tratando de dar esperanza”.

La reportera de planta Molly Hennessy-Fiske, en Houston, colaboró con este artículo.

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