El temor al tráfico de menores los obliga a separar familias migrantes, dice la Patrulla Fronteriza

Los agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron al hombre caminando con un niño, por una vía de tierra al norte del Río Grande, cerca de Mission, Texas, y junto con otros ocho migrantes centroamericanos.

Ambos usaban camisetas tipo polo con rayas azules, a juego.

Ely Fernández explicó que era un taxista y que había huido de San Pedro Sula, una ciudad notoriamente peligrosa del norte de Honduras. Fernández, de 43 años, relató que una pandilla había amenazado con matarlo por no pagar un dinero con el que lo extorsionaban.

Así, el hombre cruzó la frontera sin autorización, en marzo pasado, con la esperanza de reunirse con su esposa en Luisiana. El niño, le dijo a los agentes, era el hijo de ambos, Bryan, de cinco años.

¿Cuándo es el cumpleaños del pequeño?, le preguntó un agente. El 21 de enero, respondió Fernández, pero no recordó el año: una señal de alerta para las autoridades.

Desde octubre, más de 700 niños migrantes fueron separados de adultos que afirman ser sus padres, incluidos más de 100 menores de cuatro años. Funcionarios estadounidenses afirmaron que intentan proteger a los pequeños que pueden ser víctimas de la trata o la explotación, pero los defensores de los migrantes argumentan que se trata del último intento de la administración Trump para evitar que las familias migrantes soliciten asilo.

Una política fronteriza de “tolerancia cero” que entró en vigencia a principios de mayo, y fue anunciada este lunes 7 por el procurador general Jeff Sessions, podría redundar en la separación de las familias que cruzan la frontera sin autorización después de su arresto; los padres serían trasladados a centros de detención para adultos y los jóvenes a refugios para menores.

Un portavoz de la Patrulla Fronteriza que habló de forma anónima señaló que la agencia “se esfuerza por mantener la unidad familiar”, pero que los padres pueden ser separados de sus hijos debido a la falta de espacio en los centros de detención, sus antecedentes penales, casos de abuso y fraude, y “relaciones familiares cuestionables”.

También afirmó que los agentes “a menudo confían en las señales verbales y no verbales de un pequeño para determinar un reclamo genuino de paternidad o tutela legal”, como “la familiaridad y/o interacción del niño con el adulto, que el pequeño se refiera al adulto por su primer nombre y la ansiedad del niño hacia el mayor”.

Es difícil para los inmigrantes reivindicar los derechos de paternidad. Muchos cruzan la frontera con los certificados de nacimiento de sus hijos metidos en bolsillos, o en bolsas de plástico. Los agentes a menudo llaman a los consulados locales para verificar los documentos de las familias, pero estos pueden ser falsificados, indicaron los agentes. Incluso cuando el personal consular los verifica, los agentes aún pueden desafiar la paternidad de los migrantes sobre los menores.

En el Valle del Río Grande de Texas, por donde la mayoría de las familias han cruzado la frontera en los últimos cinco años, la Patrulla Fronteriza reportó 462 casos de fraude entre niños y familiares migrantes, e inició juicios en 60 casos este año fiscal, que comenzó en octubre de 2017. Los agentes también han separado familias al detener a los padres y acusarlos de ingreso sin permiso ante la corte penal federal, y trasladar a los niños en refugios temporales.

Katie Waldman, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (HSD), señaló en un comunicado que la agencia está “considerando todas las opciones junto con la política de tolerancia cero del procurador general para quienes cruzan la frontera sin autorización”. Según la funcionaria, tienen “la obligación legal de proteger el interés superior de los menores, ya sea que se trate de contrabando humano, narcotraficantes u otros actores perversos que, a sabiendas, quebrantan nuestras leyes de inmigración”.

Los defensores de los migrantes luchan contra esas separaciones.

La ACLU presentó una demanda cuando funcionarios de inmigración separaron a una madre e hija congoleñas que habían huido a San Diego en busca de asilo, en noviembre de 2017. La madre, identificada en los registros judiciales como la Sra. L, fue detenida y se ordenó su deportación. Su hija de siete años fue enviada a un refugio en Chicago.

Los abogados del gobierno argumentaron en el tribunal que “cualquier dificultad potencial que la separación pueda causar a un padre y su hijo es ampliamente superada por los intereses públicos y gubernamentales para garantizar la seguridad y el bienestar del niño”.

Después de que cuatro padres migrantes y un abuelo fueran separados de sus pequeños y acusados de ingresar al país sin permiso en El Paso, en 2017, los abogados del gobierno argumentaron que no se habían violado sus derechos parentales porque “nunca ofrecieron ninguna evidencia, en ningún momento de este proceso, que indicara que eran de hecho los padres (o abuelos) de los menores que los acompañaban” y que “el gobierno no está en condiciones de tomar fácilmente esa determinación sobre los extranjeros que ingresan al país”.

Funcionarios de la Patrulla Fronteriza afirmaron que pueden exigir que los migrantes se sometan a pruebas de ADN como parte de un programa piloto instaurado en el Valle del Río Grande, que luego podría expandirse. “Creemos que muchos de estos niños no son necesariamente parte de una familia y que son víctimas de la trata y la explotación”, consideró Antonio “Tony” Trindade, subjefe de sistemas de cumplimiento de la Patrulla Fronteriza, ante una multitud reunida en la exposición anual de seguridad fronteriza realizada en San Antonio, en febrero.

Los defensores de los inmigrantes señalan que no es raro que los menores lleguen con adultos que no son sus progenitores. Los padres pueden cruzar la frontera solos para encontrar trabajo, y dejar a los niños al cuidado de parientes que luego los acompañarán al norte.

“Algo que hemos visto mucho es que las personas vienen con niños que no son suyos”, afirmó recientemente la hermana Norma Pimentel en el refugio Sacred Heart, ubicado en la ciudad fronteriza de McAllen, Texas.

A veces los adultos son parientes; una tía, un abuelo o un padrastro, comentó. “Ellos separan mucho a quienes dicen ser padres pero no lo son”, aseveró respecto de la Patrulla Fronteriza.

En el refugio había 64 migrantes ese día, muchos de ellos familias, en su mayoría centroamericanas.

María Ramírez narró que la Patrulla Fronteriza la interrogó acerca de sus hijos, de 17, 15 y cinco años de edad. Los agentes no creían que ella fuera su madre, incluso después de haber presentado los certificados de nacimiento hondureños, relató la mujer. “Dijeron que eran falsos”, contó. “Me dieron a entender que sería deportada, y me dijeron que tenía que firmar los documentos”.

Ramirez, de 37 años, supo de otros padres en el centro de procesamiento a quienes les dijeron lo mismo. A diferencia de ella, firmaron la documentación y fueron deportados.

Ramírez se negó a rubricar los papeles de deportación, insistiendo en que los certificados de nacimiento de sus hijos eran reales. Ella y su pequeño de cinco años estuvieron separados de sus hijas mayores durante cinco días, pero finalmente pudieron reunirse.

Algunos defensores de los inmigrantes apoyan el uso de pruebas de ADN.

En casos como el de la madre congoleña separada de su hija, las pruebas de ADN podrían ayudar a agrupar a las familias y obtener su liberación, consideró Lee Gelernt, el abogado de la mujer, quien trabaja en el Proyecto de Derechos Inmigratorios de la ACLU, con sede en Nueva York. El letrado cuestionó por qué, si la Patrulla Fronteriza sospecha que los contrabandistas se hacen pasar por padres, no hace exámenes de ADN.

“¿Es esa la razón por la que están separando a los menores? Somos escépticos al respecto”, advirtió Gelernt, quien es subdirector del antemencionado proyecto de ACLU. “Necesitan encontrar alguna forma de resolverlo. Tienen otras maneras de hacerlo si no es con el ADN, pero creo que cualquier padre estaría dispuesto a aceptar esa prueba genética. Ellos traen los documentos pero no les creen... Los guardias les dicen: ‘Ya saben cómo volver a ver a su hijo: váyanse a casa’”.

Otros defensores señalaron que los exámenes de ADN podrían agregar más inconvenientes a los problemas legales de los inmigrantes.

“Hay otras maneras de identificar cuándo se está traficando con un niño, que no tienen por qué ser tan intrusivas como una prueba genética”, expuso Astrid Domínguez, directora del Centro de Derechos Fronterizos de ACLU en El Paso. “¿Por cuánto tiempo se conservarán las muestras? ¿Para qué se las usará? ¿Y con quién se compartirá la información? No es necesario”.

Cuando los agentes interrogaron con más profundidad a Ely Fernández, el taxista hondureño, el hombre les mostró un certificado de nacimiento del chico con el que viajaba por el camino de tierra.

“¡Ese soy yo!”, gritó Bryan, señalando la fotografía.

“Esta es mi prueba de que es mío”, dijo Fernández.

Los agentes dejaron de lado el asunto por el momento y cargaron a los inmigrantes en una furgoneta.

“Esto es solo un control preliminar. Les harán más preguntas en el centro de procesamiento”, adelantó el agente de la Patrulla Fronteriza, Robert Rodríguez.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí