A pesar de la expulsión de sus agentes, ICE sigue desempeñando un rol en las cárceles de L.A

Un custodio en una cárcel del condado de Los Ángeles entró en una celda un lunes por la mañana y retiró a un recluso buscado por agentes federales de inmigración.

Rodolfo Cabrera, vestido con un uniforme verde de cazador y una estrella de sheriff de color oro en la manga, entregó al hombre un formulario del Departamento de Seguridad Nacional que solicitaba que lo transfirieran a los agentes luego de su liberación porque se sospechaba que estaba en EE.UU ilegalmente.

El sheriff Alex Villanueva, quien prometió durante su campaña de 2018 poner fin al “conducto hacia la deportación”, ha eliminado a los agentes de ICE del sistema de cárceles locales más grande de la nación y limitado los criterios que permiten que los reclusos sean transferidos a la custodia federal para posibles efectos de detención o deportación.

Pero algunos grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes consideran que los movimientos de Villanueva son “una trampa”, porque los reclusos todavía están siendo entregados a ICE a través de oficiales contratados por la agencia federal.

La realidad dentro de las cárceles es un problema complejo que le otorga a ICE un rol, mientras que se aleja de él, iluminando la cuerda floja política. Villanueva está caminando para equilibrar las demandas de los grupos de derechos de los inmigrantes que lo ayudaron a ser elegido con sus propias preocupaciones sobre la seguridad del público.

“Sé que algunas personas dicen que no deberíamos transferir a ningún preso de la cárcel a ICE. Otros dicen que deberíamos tener un agente de ICE en prácticamente todas las celdas. Como Sheriff del Condado de L.A, mi prioridad es garantizar la seguridad pública de todos y defender la ley”, dijo Villanueva en una declaración. “Estamos protegiendo a todos, incluidas las personas indocumentadas, al no permitir que esos criminales violentos regresen a la comunidad donde representan una amenaza”.

Villanueva señaló que las transferencias de ICE disminuyeron un 47% desde enero hasta abril en comparación con el mismo período del año pasado.

Antes de que Villanueva asumiera el cargo, los agentes de ICE podían usar una oficina dentro del Centro de Recepción de Reclusos, que procesa a la mayoría de las personas reservadas dentro y fuera del sistema de cárcel del Condado de Los Ángeles. Los oficiales tuvieron acceso a todas horas y pudieron acercarse libremente a los presos para entrevistarlos, dijo el capitán Brendan Corbett, quien supervisa las instalaciones.

El sheriff recortó rápidamente la lista de delitos calificados que permitirían que un preso fuera entregado a ICE, eliminando 50 faltas menores y haciendo que sólo aquellos que fueron condenados por infracciones menores en los últimos tres años (menos de cinco) pudieran ser transferidos.

También canceló la participación del departamento en un programa de subsidios que requería enviar a los funcionarios federales una base de datos de los lugares de nacimiento de los reclusos, que según dijo se había utilizado para identificar a las personas que podrían estar en el país ilegalmente.

El recluso que fue retirado recientemente de una celda por un asistente de custodia del Departamento del Sheriff finalmente no fue entregado a los agentes federales ese día. Durante el procesamiento, los funcionarios de la cárcel notaron que un tribunal había ordenado que lo enviaran a un centro de rehabilitación después de su liberación.

Pero la experiencia del hombre ilustra cómo el Departamento del Sheriff interactúa con los funcionarios de inmigración.

Como a todos los reclusos, le tomaron las huellas digitales cuando ingresaron en la cárcel. Las impresiones se enviaron a una base de datos federal, lo que permitió que ICE lo identificara como potencialmente ilegal en el país.

ICE envió un formulario conocido como “detención” al Departamento del Sheriff, solicitando que el hombre fuera entregado luego de su liberación. Un asistente de custodia del Departamento del Sheriff revisó el expediente del recluso para ver si su historial criminal era lo suficientemente serio como para calificarlo para la transferencia.

Si un recluso está autorizado para ser transferido, un asistente de custodia notifica a ICE una vez que esté en libertad. Según los funcionarios del Departamento del Sheriff, el departamento no se comunica con ICE antes de la fecha de dejarles libre, ni detiene a los presos por ICE más allá del tiempo de ser liberados, este proceso puede llevar horas.

ICE luego envía a terceros agentes a un sector seguro del Centro de Recepción de Reclusos para que recoja al interno. Las transferencias a los contratistas de ICE, que no son oficiales de paz jurados, también pueden ocurrir en las áreas protegidas de las estaciones del Departamento del Alguacil y los juzgados de los condados.

Los diputados escoltan a los presos para que los esposen los contratistas de ICE. Si los oficiales de transporte no se presentan o llegan tarde, el interno puede ser liberado sin entrar en contacto con los funcionarios de inmigración.

La Comisión de Supervisión Civil del Sheriff estimó que el departamento ha gastado $1.4 millones por año en los asistentes de custodia que revisan las solicitudes de ICE a tiempo completo.

Pero los defensores de los derechos de los inmigrantes dicen que las transferencias no son legalmente necesarias y que es injusto arrestar y deportar a personas por asuntos de inmigración civil después de que ya hayan cumplido su condena penal.

La ley de “estado santuario” de California, también conocida como el Proyecto de Ley Senatorial 54, prohíbe a las agencias locales su aplicación utilizando dinero público para desempeñar un papel directo en la aplicación del estatuto de inmigración y prohíbe que la policía local transfiera a las personas a las autoridades de inmigración, excepto en ciertos casos, incluso cuando han sido condenados por delitos selectos.

La ley dice que los reclusos sólo pueden ser entregados a ICE por asuntos de inmigración civil si han sido condenados por ciertos delitos violentos y faltas menores, como el acecho y la negligencia infantil. Entre las 50 infracciones menores que Villanueva eliminó de la lista, se encontraban el saqueo y la falsificación de una licencia de conducir.

Algunas agencias, incluida la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Cruz, no favorecen a los detenidos de inmigración ni permiten que ICE tome la custodia de ellos, sin importar las condenas anteriores de los internos.

Varios defensores de los derechos de los inmigrantes dijeron que Villanueva parecía haber anunciado el fin de ICE en las cárceles, mientras que en silencio permitía que se llevara a las personas para una posible deportación.

“Se trata de crear un falso sentido de seguridad para que la gente piense que el Departamento del Sheriff no tiene nada que ver con ICE, cuando en realidad continúan trabajando como siempre”, dijo Andrés Kwon, abogado de ACLU, que se enfoca en temas de inmigración.

La supervisora Hilda Solís, que atiende a un distrito latino que cubre partes del Este del condado de Los Ángeles, dijo que hay una idea errónea de que las políticas de Villanueva han puesto fin al papel de ICE en las cárceles.

“Estoy especialmente preocupada porque he escuchado a miembros de la comunidad que, erróneamente, creyeron que el retiro de los agentes de ICE de las cárceles significaba que las transferencias de la custodia hacia ellos ya no se llevaban a cabo”, dijo Solís en una declaración.

El mes pasado, la Comisión de Supervisión Civil del Sheriff emitió recomendaciones a Villanueva para separar aún más su departamento de ICE impidiendo que los carceleros locales consideren las solicitudes de transferencia y entreguen a los reclusos a los contratistas de ICE.

Ese es también el objetivo final de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles, cuyo brazo político respaldó a Villanueva y contribuyó con alrededor de $40.000 para apoyar su candidatura.

Por ahora, dijo el grupo, la remoción que ha hecho Villanueva de los agentes de ICE es una mejora poderosa a pesar de las transferencias en curso.

“Este es un mejor resultado, hasta ahora, que el que tuvimos con los alguaciles anteriores”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA. “¿Hay más por hacer? Absolutamente”.

El mensaje y el estatus anti-ICE de Villanueva como demócrata fue atractivo para muchos votantes, lo que lo elevó como una alternativa progresiva al ex alguacil Jim McDonnell, quien apoyó la presencia de ICE en los confinamientos del condado.

Sin embargo, Villanueva no abogó por el fin de toda coordinación con los agentes de inmigración federales durante su campaña.

“Vamos a dirigir [a los reclusos] hacia un espacio seguro y se los entregaremos a ICE fuera de la vista de los demás internos”, dijo Villanueva en un foro electoral en septiembre.

Dos meses después, dijo que algunos de los reclusos elegibles para ser transferidos a ICE podrían haber tenido condenas anteriores por violación de menores o agresión sexual.

“No puedo liberarlos a la comunidad sabiendo que son elegibles para la deportación”, dijo Villanueva.

Thomas Giles, director interino de la oficina de campo para las operaciones de cumplimiento y remoción de ICE en Los Ángeles, dijo que despojar a la agencia de la capacidad de detener a ciertos presos pone en peligro la seguridad pública. Aseguró que en los últimos meses, el Departamento del Sheriff liberó a los internos sujetos a detenciones de inmigración que habían sido condenados por delitos, entre ellos varios DUI, que portaban armas de fuego cargadas y homicidio involuntario vehicular sin notificar a ICE.

“Vamos a estas zonas para tratar de localizar y detener a estas personas. Así que eso no sólo pone en riesgo a mis oficiales, sino que también pone en peligro a los miembros de la comunidad. “Sería preferible que esto se haga dentro de un entorno seguro, como un condado o una cárcel local”, dijo Giles.

Según los datos de la Oficina del Inspector General del condado, durante los últimos tres años, el Departamento del Sheriff ha transferido un promedio de poco más de 1.000 personas a ICE.

A partir del 1 de febrero, cuando Villanueva retiró a los agentes de ICE, hasta fines de abril, hubo 120 transferencias, en comparación con 236 durante el mismo período del año pasado, según muestran las estadísticas del Departamento del Sheriff. Los delitos menores representaron alrededor del 16% de las cesiones durante ese período de este año, en comparación con el 22% del año pasado.

Mientras tanto, ICE ha emitido aproximadamente el mismo número de detenciones que en el pasado, de acuerdo con los datos del Departamento del Sheriff.

La Oficina del Inspector General del condado dice que la principal diferencia hecha por Villanueva es el personal que maneja las transferencias.

“El cambio, lo que hemos podido observar, es que ahora el personal del departamento está más involucrado en facilitar las transferencias. [Antes,] ICE estaba en las cárceles procurando las cesiones”, dijo el inspector general adjunto Shadi Kardan a la Junta de Supervisores durante una reunión pública en marzo.

Pablo Alvarado, co-director ejecutivo de National Day Labor Organizing Network, que aboga por los derechos de los inmigrantes, dijo que él y su personal monitorearán la cantidad de personas transferidas a ICE como la métrica más importante para evaluar las políticas de Villanueva.

“Fue elegido en gran parte porque prometió echar a ICE de la cárcel y defender a los inmigrantes. Esa fue su promesa, y fue la diferencia más pronunciada entre él y McDonnell”, dijo Alvarado. “Si él no quiere cumplir su palabra, entonces me imagino que los votantes encontrarán un reformador que lo haga”.

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