ICE se prepara para una reforma, mientras el nominado por Biden espera la confirmación del Senado

WASHINGTON —  El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos podría obtener su primer líder confirmado por el Senado en casi cinco años este otoño, algo que sentaría las bases para el cambio en una agencia que fue criticada durante mucho tiempo por su trato a los inmigrantes detenidos.

ICE enfrenta una creciente presión para promulgar reformas mientras el Senado se prepara para votar sobre el candidato del presidente Biden, el sheriff de Texas Ed González, quien ha trabajado durante mucho tiempo con ICE pero también adoptó un enfoque moderado para la aplicación de la ley de inmigración. Si bien la administración Biden ya anunció nuevas pautas para la agencia, implementarlas recaerá en el nuevo director.

La cuestión de qué puede y debe cambiar ICE es complicada. Los llamamientos a la reforma de la agencia de casi dos décadas provienen de todo el espectro político y van desde detenciones más específicas hasta la abolición de la agencia en sí. Los Angeles Times habló con más de una docena de defensores, expertos, exdetenidos, agentes del orden y exfuncionarios de ICE, para saber qué tipo de cambios les gustaría ver.

Tratamiento durante la detención

Durante años, el llamamiento más fuerte fue para mejorar las condiciones de los inmigrantes detenidos, la mayoría de los cuales no enfrentan ningún cargo penal sino que están esperando saber si se les permitirá permanecer en EE.UU. El ICE tiene dos ramas principales: una que investiga delitos transnacionales, incluida la trata de personas y el lavado de dinero, y otra responsable de hacer cumplir la ley de inmigración en todo el interior del país. Son esas últimas, las operaciones de ejecución y remoción, las que tan a menudo han suscitado controversias.

El otoño pasado, decenas de mujeres informaron que fueron sometidas a procedimientos médicos innecesarios realizados sin su consentimiento por un ginecólogo contratado por ICE. Eso llevó al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a anunciar el cierre de dos centros de detención de ICE, incluido el de Georgia, donde la cuestión médica salió a la luz. Otras acusaciones anteriores señalaron el trato abusivo a los detenidos, parte de los cuales fue documentado en una investigación de 2020 por The Times, así como el uso de desinfectante industrial tóxico en un centro de detención privado contratado por ICE en California. Más recientemente, detenidos y defensores acusaron a la agencia de no evitar la propagación del coronavirus en los abarrotados centros de detención de inmigrantes.

En un comunicado, los funcionarios de ICE remarcaron que la agencia está cooperando con una investigación de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre las instalaciones de Georgia.

Algunos defensores, exdetenidos y legisladores consideran que el cierre de ciertos centros de detención no aborda un patrón más amplio de maltrato, a menudo en instalaciones privadas. La representante Zoe Lofgren (D-San José), quien preside el Subcomité de Inmigración y Ciudadanía de la Cámara de Representantes, está entre aquellos que, por mucho tiempo, han pedido una mejor supervisión de todos los centros de detención de EE.UU. “Para quienes deben ser detenidos, se tienen que mejorar las condiciones. Sería inteligente reemplazar el costoso sistema de instalaciones con fines de lucro por otras sin fines de lucro, más asequibles”, destacó.

Los funcionarios de ICE defendieron las prácticas de la agencia, alegando que utiliza varios tipos de instalaciones para satisfacer sus necesidades al tiempo que intenta ahorrar dinero a los contribuyentes.

Yenni Petit, una solicitante de asilo haitiana y mujer transgénero que fue arrestada por ICE durante tres meses este año, habló con The Times después de ser detenida en el Pine Prairie ICE Processing Center, una instalación privada en Louisiana, operada por Geo Group. Mientras estaba bajo custodia, según los documentos presentados en su nombre por su abogado, se le negó el tratamiento hormonal y se le mantuvo en régimen de aislamiento durante más de 60 días por “su propia protección”, según le dijeron.

“¿No es este un lugar para inmigrantes que no tienen antecedentes de violencia?”, preguntó Petit, de 26 años, cuyo abogado consiguió su liberación en mayo. Petit usó un monitor de tobillo durante dos meses mientras esperaba el resultado de su caso.

La portavoz de ICE, Dani Bennett, señaló en un comunicado que Petit solicitó repetidamente permanecer en “custodia protectora” o confinamiento solitario, y no afirmó tener problemas o preocupaciones de salud mental en sus controles de salud mental semanales.

Bennett agregó que se determinó que la solicitud de Petit de una terapia de reemplazo hormonal “no era médicamente necesaria” durante su estadía en Pine Prairie.

Según Geo Group, el DHS ofrece amplias políticas relacionadas con la atención y el tratamiento de las personas transgénero, y que la empresa está “obligada por contrato a cumplir con esas políticas y estándares”.

“La decisión de dónde alojar a un detenido transgénero se toma caso por caso, teniendo en cuenta varios factores que incluyen, entre otros, la identidad de género de la persona, la seguridad y el bienestar del detenido, las necesidades de atención médica y preferencia individual basada en lazos comunitarios/familiares o un abogado en el área”, destacó Bennett en el comunicado.

Más detenciones con objetivos claros

Los defensores de los inmigrantes y algunos legisladores están pidiendo un enfoque más específico para las detenciones. Al principio de su presidencia, Trump exigió a las autoridades federales que adoptaran la “tolerancia cero” con cualquier persona que viviera ilegalmente en el país, eliminando el énfasis de la era Obama, centrada en detener y deportar a inmigrantes con antecedentes criminales, o aquellos que habían llegado recientemente.

Mayorkas anunció a principios de este año un plan para reorientar la misión de ICE y priorizar a aquellos que representan una amenaza para la seguridad nacional o pública, o a los recién llegados. De acuerdo con la guía de la agencia interina, en los casos en que las personas no se ajustan a esta descripción, los oficiales de deportación deben obtener el permiso de los supervisores para realizar arrestos. Las pautas de cumplimiento de la agencia actualizadas se publicarán a finales de este mes, según un vocero del DHS.

El anuncio fue bien recibido por la mayoría de los defensores, aunque todavía están esperando que la guía de Mayorkas se traduzca en acciones concretas.

Otros sostienen que los cambios de Mayorkas no llegan lo suficientemente lejos. Jorge Loweree, director de políticas del grupo de defensa de inmigrantes sin fines de lucro American Immigration Council, los consideró demasiado vagos, y afirmó que dejan el futuro de millones de inmigrantes como “un signo de interrogación abierto a los ojos de ICE”. Loweree quiere que el gobierno federal defina de manera proactiva un subconjunto de inmigrantes a los que protegerá de la deportación, incluidas las que llamó “poblaciones vulnerables” y “personas con vínculos de larga data con sus comunidades en EE.UU”.

Hay poco menos de 26.000 personas actualmente bajo custodia de ICE, una cantidad menor que a principios de agosto de 2019, cuando había 55.000 detenidos, según datos del sitio web de la agencia. La caída se debe en gran parte a la pandemia de COVID-19, ya que ICE detuvo a menos individuos y Estados Unidos prácticamente cerró su frontera sur.

A progresistas como Lofgren y libertarios como Alex Nowrasteh, director de estudios de inmigración en el libertario Cato Institute, les gustaría que ICE usara métodos alternativos, como monitores de tobillo, para rastrear a los inmigrantes fuera de la detención. El monitoreo a través de tobilleras es uno de los muchos programas de “alternativas a la detención” de ICE.

El DHS también anunció, el 17 de agosto pasado, un programa que brindaría servicios sociales, incluida asistencia de salud mental y exámenes de tráfico sexual, a inmigrantes no detenidos que enfrentan la deportación. El programa complementaría a otros que se consideran “alternativas a la detención”, que aunque “no sustituyen a la detención, permiten que ICE ejerza una mayor supervisión sobre una parte de los que no están detenidos”, señalaron funcionarios de la agencia en un comunicado.

Colaboración con autoridades locales

Las continuas colaboraciones de la agencia con las fuerzas del orden locales siguen siendo otro punto de controversia. A muchos defensores y exfuncionarios del orden público les gustaría reducir o poner fin a programas como el 287 (g), que capacita a los agentes del orden estatales y locales para realizar algunas funciones de oficiales federales de inmigración. También quisieran concluir el uso de las llamadas “custodias”, que permiten a ICE solicitar que una persona sea detenida por la policía local hasta 48 horas después de su fecha oficial de liberación.

Los funcionarios de ICE remarcaron en un comunicado que el objetivo del programa 287 (g) es la seguridad pública, que esperan lograr permitiendo que la policía local “identifique a los no ciudadanos criminales que han arrestado por delitos locales” y que pueden ser indocumentados, y “los entregue a ICE para cumplir con la ley de inmigración después de que se complete su caso penal”, a fin de que la agencia pueda luego expulsarlos del país.

Kevin Lashus, un ex abogado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante el mandato del presidente George W. Bush, señaló que la colaboración local es una parte importante de la aplicación de la ley de inmigración, especialmente cuando se trata de personas que cometieron delitos graves o tienen órdenes de expulsión pendientes.

Pero Lashus afirmó que, en los últimos años, las colaboraciones policiales fueron utilizadas como “una excusa por las comunidades locales para que el gobierno federal tome la custodia de las personas que han sido arrestadas por delitos menores”, creando un efecto desalentador entre algunos inmigrantes indocumentados, que ahora temen acudir a las fuerzas del orden locales, incluso para denunciar delitos.

Con la esperanza de minimizar ese efecto paralizador, ICE actualizó su política, el 10 de agosto pasado, y anunció que ya no buscaría expulsar a ciertas víctimas de delitos. “La nueva pauta limita significativamente las circunstancias bajo las cuales una víctima no ciudadana puede ser detenida por ICE, requiere la aprobación previa para acciones civiles de aplicación de la ley de inmigración contra las víctimas, en ausencia de circunstancias apremiantes, y agrega nuevos requisitos de seguimiento y capacitación”, precisaron funcionarios de la agencia en un comunicado.

A Lashus le gustaría que ICE también creara una excepción para las personas indocumentadas que denuncian delitos violentos en sus comunidades.

Eso todavía no es suficiente para Amada Armenta, profesora asociada de planificación urbana de UCLA, que se especializa en la aplicación de la ley de inmigración. A ella le gustaría ver el fin total de los programas de colaboración. Cuando “los inmigrantes [tienen] miedo de comprometerse” con las fuerzas del orden, señaló, “eso es malo para todos nosotros”.

Reforma total

Los llamamientos para abolir ICE, o al menos su brazo de aplicación, se hicieron más fuertes en los círculos progresistas, pero el argumento también ganó fuerza entre los libertarios.

Nowrasteh, del Cato Institute, apoya la abolición de la división de Operaciones de Ejecución y Remoción y el cambio de nombre de ICE, para centrarse únicamente en la investigación de delitos transnacionales. Eso, dice, permitiría una mayor cooperación entre las fuerzas del orden locales e ICE al garantizar que la agencia se enfoque en “verdaderos delincuentes, en lugar de personas que infringen la ley de inmigración”.

Sin embargo, el mantra “abolir ICE” está muerto antes de llegar al Congreso. Sarah Saldaña, quien fue durante la administración de Obama la última directora de ICE confirmada por el Senado, lo llama un “enfoque muy simplista para un tema muy complejo y lleno de tentáculos”. Incluso un cambio de nombre parcial de la agencia está destinado a paralizarse, como sucedió en 2018, tras la noticia de la separación de familias migrantes a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

Independientemente de las reformas que se promulguen, los críticos y partidarios de ICE coinciden en que el nuevo director debe abordar la baja moral del personal. Tanto Lashus como Saldaña coinciden en que eso se debe a la falta de liderazgo en la agencia, comandada por el director interino Tae Johnson.

“No hay nada peor que una agencia sin liderazgo”, reconoció Saldaña. “Esa es una fórmula para el desastre”. Así, espera que una rápida confirmación de González le dé a ICE “el liderazgo que se necesita para una agencia que es muy difamada pero que brinda un tremendo servicio al país”.

González adoptó un enfoque intermedio para la reforma. Como sheriff del condado de Harris, Texas, donde se encuentra Houston, González puso fin a la participación de su departamento en el controvertido programa 287 (g) de ICE, que otorgaba a sus agentes poderes federales para hacer cumplir la ley de inmigración. Sin embargo, siguió permitiendo que la agencia emitiera “custodias” extendidas sobre los detenidos por sus agentes.

En su audiencia de confirmación, el mes pasado, ante el Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional del Senado, González comentó que no pondría fin al programa 287 (g) a escala nacional, lo cual generó críticas de grupos como la ACLU. Como sheriff, también apoyó la reforma de la fianza y la mejora del acceso a los defensores públicos, señaló Alex Bunin, defensor público en jefe del condado de Harris. Es posible que esa combinación no convenza a los progresistas y a los intransigentes, pero podría lograr los 51 votos que necesita para convertirse en el nuevo director de ICE y enhebrar la aguja de la reforma.

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