Columna: Cómo Uber y Lyft financian con sus millones el acoso a una voz crítica

Veena Dubal pasó gran parte de su carrera profesional examinando y escribiendo sobre el auge de la economía de los trabajos temporales y la pérdida de los derechos laborales de quienes se desempeñan en ese sector.

Profesora adjunta de la facultad de derecho de UC Hastings, Dubal ha sido una abierta partidaria de la AB5, la ley de California creada para frenar esos abusos laborales, incluidos los de los servicios de transporte privado Uber y Lyft. También es crítica de la Proposición 22, la iniciativa financiada principalmente por Uber y Lyft, destinada a revocar la norma antedicha.

Como resultado de sus críticas a Uber, Lyft y el modelo de negocio de la economía eventual, Dubal se convirtió en blanco de acosos en Twitter, algunos de ellos obscenos y otros abiertamente alentados por la campaña ‘Sí a la Proposición 22’, fuertemente financiada por Uber y Lyft.

La dirección de su casa fue publicada en línea, lo cual generó que su departamento de policía local patrulle de forma regular por su domicilio. Fue acusada falsamente de haber escrito la AB5 y haber tenido una “mano” en la decisión de la Corte Suprema de California de 2018 que derivó en esa norma.

Un consultor de investigación de la oposición de Sacramento que trabaja para ‘Sí a la Proposición 22’ presentó recientemente una solicitud de ley de registros públicos en UC Hastings, en busca de nueve meses de correos electrónicos, mensajes de texto u “otros escritos” relacionados con la AB5, la Proposición 22 y la economía de trabajos eventuales, entre Dubal y aproximadamente 160 organizaciones e individuos.

La solicitud se asemeja a una técnica de intimidación empleada a menudo por los combustibles fósiles, el tabaco, los antigremialistas y otros intereses contra investigadores, científicos, activistas y demás críticos.

Un conductor interpuso una denuncia contra Dubal ante la Comisión de Prácticas Políticas Justas (FPPC, por sus siglas en inglés) del estado, alegando que violó las leyes de cabildeo. La FPPC rechazó la acusación y cerró el caso.

Dubal intenta reírse de toda esa actividad. “Espero que se diviertan leyendo mis miles de correos electrónicos y mensajes de texto”, afirmó.

Pero también está claro que ello ha tenido un impacto emocional. La publicación de su domicilio la dejó “realmente asustada”, aseguró, ya que sucedió en medio del cierre por la pandemia y ella tiene tres hijos en casa. “Mantuve las puertas y las ventanas de los niños cerradas y dormí en sus habitaciones”.

Cambió todas sus contraseñas en línea, contrató a un consultor de seguridad para borrar su información personal de internet, incluso eliminó fotos de bodas que se habían convertido en memes ofensivos en línea. Aunque el tuit inicial que revela su dirección particular ya no está online, ella es consciente de que su dirección aún circula en la red. “A veces es realmente abrumador”, comentó.

Algunos de los ataques a la docente provienen, digamos, de la derecha. Estos incluyen una serie de artículos publicados en el sitio web de derecha Communities Digital News. Ellos etiquetan a Dubal, sin evidencia, como la “verdadera autora” de la AB5 (Dubal asegura que eso es falso), la llaman la “títere principal” de la ley y dicen que tuvo una “mano” en la decisión de la Corte Suprema estatal de 2018.

Eso implica que Dubal ayudó a redactar la decisión, lo cual también es falso: el fallo de 7-0, que apareció con el nombre del presidente del Tribunal Supremo Tani Cantil-Sakauye, menciona a Dubal una vez, citando uno de sus artículos en una sola nota al pie.

Le pregunté a la autora de los artículos del sitio, Jennifer Oliver O’Connell, en qué se basan estas afirmaciones. Respondió por correo electrónico que había “documentado” las afirmaciones, pero no contestó cuando le pedí que proporcionara documentación específica.

No hace falta decir que este tipo de tratamiento es detestable. Aunque no todo el acoso a Dubal se puede atribuir al comité de ‘Sí a la Propuesta 22’, si uno está dispuesto a darle a la iniciativa Uber/Lyft el beneficio de la duda en las elecciones de noviembre, debe considerar el papel de esas empresas en los ataques a Dubal.

El comité de votación de ‘Sí a la Propuesta 22’ recaudó más de $110 millones en contribuciones, de los cuales más de $70 millones provienen de las dos compañías de viajes (eso incluye $10 millones aportados por Postmates, una compañía de trabajo eventual que Uber adquirió en julio).

Para este artículo solicitamos comentarios a Uber, Lyft y DoorDash, una empresa de trabajo eventual que aportó $10 millones a la campaña de la Proposición 22. Los tres me derivaron a la campaña ‘Sí a la Propuesta 22’, lo cual no es útil. La pregunta no es qué piensa la campaña de la iniciativa sobre el acoso, sino qué piensan Uber, Lyft y DoorDash, en cuyo nombre opera la campaña y cuyo dinero es su alma. Sobre eso, guardan silencio.

Echemos un vistazo más de cerca a esta situación nociva.

La AB5, que entró en vigor en enero, codificó un fallo de la Corte Suprema del estado de 2018, según el cual los trabajadores de muchas empresas eventuales que habían sido clasificados como “contratistas independientes”, como los conductores de Uber y Lyft, eran efectivamente empleados y, por lo tanto, tenían derecho a beneficios del tipo de gastos laborales, indemnización y seguro de desempleo, y el derecho a sindicalizarse.

La AB5 incluyó exenciones para numerosas categorías de trabajo, pero no para los conductores de viajes compartidos (la norma proporcionó una exoneración temporal para los distribuidores y transportistas de periódicos, que fue promovida por The Times y otros periódicos. En la sesión que acaba de terminar, la legislatura estatal aprobó extender la exención hasta 2021; la ley está a la espera de la firma del gobernador Gavin Newsom).

Uber y Lyft, que no han reconocido que están sujetas a la AB5, respondieron a su promulgación inventando la Propuesta 22. La iniciativa los eximiría de la AB5 y la sustituiría por un plan de empleo alternativo. Como informamos, ello todavía dejaría que los conductores y otros trabajadores en situación de vulnerabilidad sean estafados por las empresas para las que trabajan.

Eso nos lleva nuevamente a la campaña contra Dubal. El historial de Uber apunta a su interés en intimidar a los críticos. En 2016, por ejemplo, el juez estadounidense Jed S. Rakoff, de Nueva York, determinó que en el curso de una demanda presentada contra el cofundador y entonces director ejecutivo de Uber, Travis Kalanick, la compañía había iniciado una investigación secreta y fraudulenta del demandante y su abogado, y engañado sobre los objetivos al respecto.

En 2014, el entonces ejecutivo Emil Michael expresó interés en investigar las “vidas personales” y las “familias” de los periodistas críticos con la empresa. Posteriormente, Uber afirmó que nunca había tomado ninguna medida de las que Michael mencionó. En 2017, otra crítica de Uber, Susan Fowler Righetti, descubrió que alguien había estado contactando a sus amigos para obtener información personal sobre ella; no nombró a Uber y la compañía negó su responsabilidad.

Uber ahora tiene una nueva administración, luego de las bajas de Kalanick y Michael. Pero es posible que el ADN que ambos dejaron en la empresa permanezca allí bajo el mandato del nuevo CEO, Dara Khosrowshahi.

¿Qué ha hecho ‘Sí a la Propuesta 22’? Después de que la dirección de su casa fue publicada en línea, Dubal, por sugerencia de su asesor de seguridad digital, comenzó a bloquear cuentas de Twitter que la habían atacado, a veces con lenguaje e imágenes viles y obscenas. ‘Sí a la Propuesta 22’ luego emitió un tuit instando a cualquiera a quien ella bloqueara a publicar una captura de pantalla con tal aviso.

Casi cualquiera que esté familiarizado con Twitter sabe que publicitar bloqueos equivale a agitar a los trolls de Twitter: a menudo alimenta a más de ellos. En su tuit, el comité acusó a Dubal de silenciar a “aquellos que intentan involucrarla”.

El portavoz de la organización, Geoff Vetter, afirmó que la publicación fue diseñada para garantizar que “los conductores que no quieren ser empleados y prefieren seguir siendo independientes... no sean borrados ni silenciados”.

Ello es absurdo: Dubal no ha “borrado ni silenciado” a nadie. Bloquear solo significa que el usuario bloqueado no puede acceder a sus tuits o responderle directamente; a nadie se le ha impedido decir lo que desee, en Twitter o en cualquier otro lugar.

Vetter también afirmó en nombre de la campaña: “Condenamos enérgicamente cualquier forma de acoso y pedimos que cese de inmediato”. Pero reconoce que el comité no emitió una condena en general, solo a las organizaciones de noticias que plantearon preguntas sobre el acoso a Dubal. Hasta la fecha, ellas son Slate.com, CNet.com y nosotros. Solo los lectores de esos artículos conocerán la oh-tan-valiente postura de la campaña contra el acoso. Por cierto, la campaña nunca eliminó su tuit original.

Vetter dice que la compañía “con frecuencia” instruye a los conductores que apoyan la Proposición 22 a “ser respetuosos con todas las personas con las que interactúan”.

También que la solicitud de la ley de registros públicos -dirigida a UC Hastings, una entidad pública- intenta garantizar que Dubal y sus corresponsales “no estuvieran usando los recursos de los contribuyentes para coordinar o hacer campaña contra la Proposición 22”.

Ajá. Las solicitudes de la ley de registros públicos son herramientas efectivas para periodistas y defensores de los consumidores; las hemos utilizado para obtener registros que los funcionarios públicos preferirían mantener en secreto. Pero intereses arraigados emplean solicitudes voluminosas como esta para desalentar el discurso público cargando a sus críticos con un trabajo ajetreado que consume mucho tiempo.

Maria Shanle, de la oficina legal de UC, sostuvo que las solicitudes de registros públicos se multiplicaron a lo largo de los años a unas 20.000 al año en todo el sistema (Hastings gestiona sus solicitudes por separado).

En cuanto a los pedidos vinculados con el profesorado, “los activistas de todo el país han visto impactos significativos al utilizar solicitudes de registros públicos como una estrategia eficaz para socavar el trabajo de los investigadores en campos controvertidos”, observó Shanle. “En mi opinión, esto es parte de una tendencia política más amplia para desacreditar la autoridad cultural de los expertos científicos y socavar la ciencia en general”.

El consultor que emitió la solicitud del material de Dubal, Mark Bogetich, de MB Public Affairs, cuya firma recibió $240.000 en lo que va de año por parte de ‘Sí a la Propuesta 22’, organizó una avalancha similar de pedidos de registros públicos relacionados con Los Angeles Alliance for a New Economy (LAANE), un grupo progresista de políticas públicas, en 2011.

Entre sus clientes anteriores se encuentran Altria, el propietario del fabricante de tabaco Philip Morris; y políticos republicanos como el senador Marco Rubio de Florida, el gobernador Greg Abbott, de Texas, y Arnold Schwarzenegger.

Hemos informado antes sobre cómo el proceso de iniciativa de votación de California ha sido manipulado por empresas y personas adineradas, con fines que socavan el interés público.

Ya es bastante malo que Uber, Lyft y sus pares de la economía de tareas eventuales gasten sumas de nueve cifras para promover una iniciativa que los beneficia a ellos a expensas de sus trabajadores. Pero es especialmente despreciable que estén usando parte de ese dinero para atacar a una voz crítica, simplemente porque se expresa en contra, y que se escondan detrás de su comité de iniciativa para hacerlo.

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